Plan que prohíbe explotar petróleo inquieta a industriales al ampliar monopolio de Recope

Prohibir la explotación petrolera en el país es un tema que no genera una fuerte división; al fin de cuentas existe una moratoria hasta 2050.

Sin embargo, la letra menuda del plan promovido por Casa Presidencial con ese propósito genera inquietud en sectores productivos.

Para los industriales, por ejemplo, se está aprovechando un tema atractivo para promover una reforma a Recope que terminará afectando el bolsillo de los consumidores.

El tema central es la facultad que le asignaría a la empresa estatal para incursionar en la investigación y comercialización de biocombustibles y gas natural y ya no solo en los derivados del petróleo.

Lo ven como una ampliación del monopolio estatal en un servicio esencial que, al ser fijado por precio al costo, va en contra de la fijación por oferta y demanda que promueve la competencia.

“Este tipo de actividades deben poder desarrollarse en un marco de libre mercado, a fin de que la oferta para el consumidor sea más beneficiosa, considerando mayor cantidad de proveedores, calidad y precio, algo lejano a lo que podría ofrecerse si se cambia la dinámica a una actividad monopólica”, advirtieron los industriales.

Otra alerta que hacen tiene que ver con que los nuevos servicios que se le asignarían a Recope cargarían automáticamente la larga lista de privilegios que reciben los trabajadores de la entidad.

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“No encontramos ni en la justificación de motivos, ni en el articulado del proyecto ninguna referencia a precios competitivos, a competitividad país, o algo referido al costo que podría representar un combustible producido por Recope”, señalan.

Del otro lado, los defensores del proyecto centran su discurso en que con esta legislación pasaremos a integrar una selecta lista de países que han dicho no a la explotación de combustibles fósiles.

En ella destacan Francia, Groenlandia, Belice, Escocia, Bulgaria, Dinamarca, Uruguay, Austria, Nueva Zelanda, Italia, España y el estado de Paraná en Brasil, donde no es permitido por ley.

Se suman moratorias, algunas indefinidas y otras de carácter temporal, por parte de Irlanda del Norte, República de Irlanda, Alemania, Países Bajos, Colombia, República Checa, Suiza e Inglaterra. Casualmente, Costa Rica también tiene una, que extendió hasta el 2050 hace dos años.

Ser un país verde y respetuoso de los recursos naturales ante los ojos de inversores y mercados internacionales, es uno de los argumentos que defiende el gobierno.

Justamente para acelerar su votación, el Ejecutivo despejó la agenda legislativa para que los legisladores votaran la iniciativa en primer debate en la sesión de ayer, la cual tiene tres años de estar congelada en el Congreso.

Pese a la presión del Ejecutivo, diputados de las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque independiente Nueva República solicitan que el proyecto se devuelva a la Comisión de Ambiente, para ser revisado.

Precisamente les inquieta que no exista acuerdo para aprobar dentro de este proyecto un nuevo financiamiento para que Recope haga investigación en nuevas tecnologías de combustibles.

Dicho financiamiento se subvencionaría con los costos del precio de las gasolinas, por ser la única actividad que genera actualmente Recope.

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Por otra parte, el proyecto de ley también cuenta con el apoyo de más de 150 organizaciones y empresas conglomeradas en el movimiento “Costa Rica Libre de Perforación”, amadrinado por Christiana Figueres, lideresa ambiental global.

“Este proyecto de ley no representa ningún interés político de corto plazo, sino más bien, el interés de proteger el fisco de nuestro país de inversiones en tecnologías que van de salida y están llegando a su fecha de vencimiento a nivel global”, expresó la exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.