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Costa Rica no puede seguir actuando como si su sistema de salud fuera inmune a las mismas dinámicas que han enfermado a millones en Estados Unidos. La reciente publicación del informe Make America Healthy Again (MAHA) de la administración Trump, debería ser una señal de alerta para nuestras autoridades políticas y una llamada de alerta para legisladores, para el sector productivo y para toda la ciudadanía. La obesidad, el sobrepeso, la hipertensión y la diabetes ya no son fenómenos ajenos, son parte estructural de nuestra nueva normalidad y nos están robando salud, esperanza de vida y sostenibilidad financiera.
Los paralelismos son inquietantes. Más del 64% de los adultos costarricenses tienen sobrepeso. Un 14% de nuestros adolescentes ya son obesos. Nuestra dieta ha sido colonizada por el azúcar y los mismos productos ultraprocesados que están siendo cuestionados en las políticas públicas norteamericanas. Y mientras allá se toman decisiones —como nuevas regulaciones, etiquetado frontal, inversión en escuelas saludables y agricultura sostenible— aquí seguimos postergando lo evidente.
Es inaceptable que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya haya advertido que Costa Rica figure entre los países con mayor prevalencia de obesidad en América Latina y que se mantengan las tendencias actuales. De continuar por este rumbo, la población adulta enfrentará crecientes niveles de morbilidad, discapacidad, deterioro metabólico y se impactará aún mas, de manera negativa al sistema de pensiones y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según el Banco Mundial, el 7.9% de los niños costarricenses menores de cinco años tienen sobrepeso. UNICEF reportó en 2023 que uno de cada tres adolescentes ya presenta exceso de peso. Y un informe de la OCDE estima que podríamos perder hasta cinco años de expectativa de vida ajustada por calidad debido a enfermedades relacionadas con el exceso de peso y obesidad.
En términos estrictamente económicos, la obesidad y el sobrepeso ya le costaban al país en 2019 cerca de US$1.200 millones anuales, equivalentes al 1.9% del PIB nacional. Y esa cifra crece año tras año con el aumento de enfermedades crónicas, cirugías cardiovasculares, prescripciones médicas, incapacidades, ausentismo laboral y muertes tempranas.
Por otra parte, Costa Rica no puede aspirar a ser una “zona azul de longevidad” y al mismo tiempo convertirse en una zona roja metabólica. La contradicción es insostenible. El etiquetado de alimentos sigue sin ser obligatorio. La regulación de azúcares añadidos, grasas trans y sodio es laxa. Y el mercado premia aún a quienes enferman a la población en lugar de quienes invierten en prevenir.
A la industria alimentaria hay que hacerle un llamado claro: una ganancia a corto plazo basada en productos adictivos, procesados y empobrecidos nutricionalmente es una factura impagable a largo plazo. Esa factura la paga la Caja, la paga el trabajador, la pagan los niños y la pagan los pensionados. Es hora de que los grandes actores del sector alimentario inviertan en innovación para desarrollar productos saludables, funcionales y culturalmente integrados. No por moda, sino por ética y conveniencia estratégica de largo plazo.
Y al Poder Legislativo le corresponde asumir un rol histórico: aprobar con urgencia el etiquetado frontal de alimentos, legislar incentivos fiscales para productores saludables, reformar el currículo escolar con enfoque en nutrición y actividad física, y fortalecer la inversión en infraestructura pública para promover la movilidad activa.
Hay una oportunidad histórica en juego. Una Costa Rica más sana es una Costa Rica más productiva. Con menos ausentismo, menos enfermedades, mayor rendimiento laboral y menor carga en la seguridad social.
Además, existe un inmenso potencial económico en convertir a Costa Rica en una marca país de bienestar y longevidad: el turismo de salud, el wellness, el deporte recreativo, los productos funcionales y la alimentación orgánica forman parte de una economía global que mueve más de US$4.5 billones anuales, y donde Costa Rica puede liderar por su clima, su biodiversidad y su paz social.
Pero para lograrlo, necesitamos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No podemos promocionar “bienestar” con niños prediabéticos, adultos hipertensos y ciudades donde moverse a pie es casi imposible.
Esto no se trata de una moda, se trata de una decisión país. El gobierno de los Estados Unidos, ha puesto en evidencia que incluso las potencias deben rectificar el rumbo cuando la salud pública se degrada. Costa Rica tiene la ventaja de anticiparse a un colapso evidente.
Este es el momento. No podemos seguir ignorando la ciencia, ni tolerando la indiferencia. Hacer de Costa Rica un país saludable es un proyecto nacional. Requiere voluntad política, transformación productiva, educación y una ciudadanía empoderada.
Make Costa Rica Healthy Again no es un eslogan. Es una urgencia.
