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La poca esperanza que conservaban los familiares de ocho personas desaparecidas en el estado mexicano de Jalisco de encontrarlos con vida se diluyeron del todo este martes.
Las pruebas forenses concluyeron que los restos humanos encontrados en 45 bolsas el pasado 31 de mayo en una barranca a las afueras de la ciudad de Guadalajara corresponden a los jóvenes.
La noticia podría haber pasado casi desapercibida en un país desgraciadamente desangrado por las al menos 110.000 desapariciones que reflejan sus registros oficiales. Sin embargo, este caso llamó la atención desde el inicio por varios motivos.
El primero, el hecho de que las desapariciones se fueran conociendo de manera escalonada en un breve espacio de tiempo. El segundo, que todos fueran colegas de trabajo en un call center en el municipio de Zapopan.
Y es su ocupación en este espacio de atención telefónica el que centra las investigaciones para tratar de esclarecer lo sucedido.
La principal hipótesis de las autoridades apunta a que desde el local se estafaba presuntamente a ciudadanos extranjeros de edad avanzada mediante llamadas telefónicas para la venta fraudulenta de apartamentos turísticos.
Los beneficios que obtenían servían como fuente de financiación de algún grupo del crimen organizado, con especiales sospechas hacia el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Algunos padres de los jóvenes, sin embargo, aseguraron no saber nada de esas supuestas actividades ilícitas y pidieron a las autoridades no criminalizar de antemano a sus hijos, quienes les dijeron que se dedicaban a vender paquetes vacacionales a turistas.
La investigación comenzó cuando el pasado 20 de mayo desapareció Carlos Benjamín García, de 31 años. Su madre relató al diario El Heraldo de México que ese día fue la última vez que habló por teléfono con él mientras se disponía a ir a la lavandería.
Al no poder comunicarse nuevamente desde entonces, trató de hablar con Itzel Abigail Valladolid, una amiga y colega de su hijo, para preguntarle si sabía de su paradero. Pero tampoco logró hablar con ella.
Fue entonces que decidió llamar a la madre de la joven, quien para su sorpresa le confirmó que tanto su hija de 27 años como Carlos David, otro de sus hijos de 23, también estaban en paradero desconocido desde el 22 de mayo.
Ese día fue el último también en que fueron vistos Jesús Alfredo Salazar y Arturo Robles, de 37 y 30 años; Mayra Karina Velázquez, de 29 años; y Jorge Miguel Moreno, de 28; cuyas desapariciones fueron reportadas ante las autoridades en días sucesivos.
Ya el 1 de junio, la Fiscalía estatal tuvo conocimiento de la desaparición de Juan Antonio Estrada, de 34 años. El hombre desapareció también el 22 de mayo cuando iba al trabajo y se consideró que podría estar relacionado con el mismo caso.
Cuando las autoridades comprobaron el vínculo común entre todos ellos, acudieron a registrar el establecimiento en el que trabajaban.
La Fiscalía de Jalisco informó que en su interior encontraron marihuana, un trozo de tela y un trapeador con "manchas rojizas". También se hallaron pizarrones con nombres de personas extranjeras, "anotaciones de membresías o 'tiempos compartidos' (alojamientos turísticos para usar durante un período de cada año) y metas económicas a lograrse".
Asimismo, declaró que el local no contaba con licencia para ningún tipo de actividad. La Fiscalía anunció también que se busca al arrendatario del inmueble, aunque hasta el momento no se informó de detenciones por este caso.
Un segundo local con características similares fue después registrado como supuesto centro de operaciones de la misma empresa, donde se identificaron máquinas para contar dinero y "anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer abordaje telefónico a personas extranjeras".
Mientras continuaban las labores de búsqueda de los jóvenes, la información oficial sobre las supuestas actividades a las que se dedicaban llegaban con cuentagotas.
El 29 de mayo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció que el caso era "mucho más complejo de lo que parecía" y descartó que se tratara de un call center sino de "un centro de operaciones de otra naturaleza".
Pero en un comunicado, el gobierno estatal fue más allá y desveló la que es considerada como principal línea de investigación: que el caso podría estar vinculado con empresas que realizan fraudes dirigidos a estadounidenses de edad avanzada a través de la venta de "tiempos compartidos" en la costa de Jalisco.
Las autoridades estatales apuntaron a la posible relación con las compañías que fueron señaladas a finales de abril en un informe publicado por Estados Unidos. En él, el Departamento del Tesoro exponía una red empresarial en Jalisco conectada con el cartel Jalisco Nueva Generación y dedicada a las estafas telefónicas como fuente de financiación del grupo criminal.
Según el informe, una célula establecida en el turístico municipio de Puerto Vallarta estaría especializada en engañar a personas mayores estadounidenses, haciéndoles creer que estaban comprando o alquilando casas para sus vacaciones en México.
Un día después de conocerse esta hipótesis, la secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Icela, fue cuestionada por el caso en la conferencia diaria del presidente y confirmó que se trataría "de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas".
Preguntada sobre si el CJNG estaría implicado en el caso, Icela evitó apuntar a una autoría concreta. "Estamos viendo a qué grupo corresponde. No le puedo decir eso hasta que no tengamos evidencia de la investigación", respondió.
Ninguna autoridad señaló hasta ahora de manera oficial al cartel liderado por el Mencho. El gobernador jalisciense se limitó a decir que este es un asunto "que es evidente involucra a la delincuencia organizada", por lo que se mantiene comunicación tanto con el gobierno federal como con autoridades estadounidenses.
Las incertidumbres sobre por qué los ocho jóvenes desaparecieron siguen siendo muchas, casi tantas como las hipótesis.
Fuentes del medio Mural, de Grupo Reforma, aseguraron que el caso podría haber sido una represalia del CJNG, al considerar que sus fraudes habrían sido expuestos en el informe de EE.UU. gracias a información salida del call centerde Zapopan.
Según funcionarios estadounidenses consulados por el diario Milenio, sin embargo, los jóvenes podrían haber desaparecido debido a que intentaron dejar de trabajar para la empresa. Con ello, el cartel querría estar mandando un mensaje de advertencia a otras personas que colaboran con ellos en esquemas de fraudes con tiempos compartidos.
Entre todas estas pesquisas e hipótesis, los familiares de los jóvenes se aferraban a la esperanza de que continuaran con vida y realizaron protestas y plantones para exigir mayor implicación de las autoridades en su búsqueda.
Cuando el 31 de mayo se localizaron 45 bolsas con restos humanos a las afueras de Guadalajara, la Fiscalía informó que algunos de los restos coincidían en características físicas con las de los jóvenes desaparecidos.
Sin embargo, era necesario esperar a los estudios del Instituto Forense para confirmar su identidad, lo que acabó ocurriendo este martes tras más de dos semanas de angustia.
Ahora, los familiares reclaman que se depuren responsabilidades y encuentren a quienes acabaron con las vidas de sus hijos en un país donde más del 90% de casos denunciados quedan en la impunidad.
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