Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
La llegada de la agrupación Integra Iuris al órgano directivo constituye un mandato claro del gremio: recuperar la excelencia, la legitimidad técnica y el sentido público de una corporación que, por su naturaleza jurídica y función social, no puede limitarse a administrar membresías ni a facilitar incorporaciones, sino que debe garantizar estándares profesionales reales en beneficio directo de la ciudadanía.
La designación de Miguel Arias Maduro como presidente del Colegio resulta coherente con ese mandato. Su trayectoria académica, docente y profesional se perfila como una herramienta clave para que el Colegio recupere su papel como actor técnico, formador y orientador del ejercicio profesional, y deje de ser un observador pasivo del progresivo deterioro de la práctica jurídica. Este cambio de rumbo dialoga directamente con las reflexiones planteadas por Christian Hess en su artículo Cuando ser abogado era prestigioso, donde se advierte cómo la mediocridad normalizada, la ausencia de debate técnico y la renuncia a la autocrítica han erosionado la confianza pública en la profesión jurídica. Hess no apela a la nostalgia, sino a la responsabilidad institucional, una responsabilidad que hoy recae de manera ineludible sobre la nueva Junta Directiva.
El Decálogo del Abogado de Eduardo Couture expresa con precisión ese ideal que hoy se reclama: “Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado”. Este ideal no se sostiene sobre mínimos, sino sobre excelencia intelectual, rigor ético y pensamiento crítico. Como reiteraba Gerardo Parajeles, pionero del Derecho Civil costarricense, a sus estudiantes: “El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando”.
La excelencia académica como garantía para la ciudadanía. El eje central del debate debe ser la excelencia académica. Las universidades privadas responden a dinámicas propias y, en muchos casos, a lógicas de mercado orientadas a la graduación masiva de estudiantes. Esta realidad no es reprochable en sí misma, pero vuelve indispensable el rol corrector y garante del Colegio de Abogados. La pregunta es inevitable e incómoda: ¿está el Colegio garantizando que quienes se incorporan poseen, al menos, las bases esenciales para el ejercicio responsable de la profesión?
En este contexto resulta especialmente preocupante que durante el año 2025 se haya permitido la incorporación masiva de más de cuatro mil nuevos profesionales mediante la reducción de la nota mínima del examen de incorporación a setenta puntos, incluso con efectos retroactivos, decisión tomada por unos pocos, permitiendo el ingreso de personas que habían reprobado dicho examen en múltiples ocasiones.
El Colegio no existe para asegurar empleabilidad ni para facilitar incorporaciones. Su función primordial es proteger a la sociedad costarricense, garantizando que toda persona que contrate un abogado reciba una defensa técnica adecuada, sustentada en conocimientos generales sólidos y no en aprendizajes mínimos o meramente instrumentales. La celebración, el júbilo y el vitoreo porque “la tercera, la cuarta o la quinta fue al final la vencida” no pueden convertirse en política institucional. El Derecho no admite ese conformismo, porque sus errores se pagan con demandas defectuosas, procesos mal dirigidos y derechos fundamentales comprometidos.
La competencia como déficit estructural del ejercicio profesional. No es casualidad que los propios juzgados identifiquen de forma reiterada la incorrecta determinación de la competencia como uno de los principales defectos en las demandas. Errores procesales básicos, pretensiones mal formuladas y una cultura jurídica que judicializa absolutamente todo han contribuido de manera directa a la mora judicial.
La congestión del sistema judicial no es únicamente un problema estructural del Poder Judicial. Es también reflejo de deficiencias formativas profundas, donde el abogado desconoce herramientas como la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (RAC, Ley N.º 7727), no domina conceptos elementales y concibe el proceso judicial como la única vía posible. Como exestudiante de Miguel Arias Maduro, resulta imposible no recordar la insistencia con la que enfatizaba la importancia de la Ley RAC y de estos mecanismos como parte esencial de una práctica jurídica responsable, eficiente y socialmente comprometida.
A ello se suma una formación universitaria crecientemente virtualizada, con una disminución palpable en la exigencia académica, orientada a aprobar cursos y no a formar criterio jurídico. Si esta realidad se combina con un examen de incorporación debilitado, el resultado es una afectación directa al interés público que el Colegio está llamado a tutelar.
Gobernanza, fondos y una oportunidad histórica. Actualmente, el Colegio cuenta con 32.597 agremiados activos, cada uno aportando ₡10.500 mensuales, lo que implica una responsabilidad financiera, administrativa y ética de enorme magnitud. La discusión sobre el destino de estos fondos, el mantenimiento adecuado de las instalaciones, la modernización de los servicios y la transparencia en la toma de decisiones es parte esencial de la legitimidad institucional.
Integra Iuris ha planteado como objetivos la transparencia, la participación gremial, la recuperación del liderazgo técnico y la restitución de estándares profesionales exigentes. La unión del gremio no se construye bajando exigencias, sino elevándolas. El gremio habló con claridad. Ahora corresponde gobernar con rigor, visión y, sobre todo, con excelencia.
Rosalía Chinchilla Vargas. Abogada corporativa y laboralista (UELD), máster en Delitos Cibernéticos (UNIR), con ocho años de experiencia profesional
Contacto: rosaliachinchilla@gmail.com
