Impuesto a pensiones de lujo sería una alternativa para reducir gasto anual de ¢1,1 billones

Para recortar el gasto anual de ¢1,1 billones en pensiones de lujo se podría establecer un nuevo impuesto.

La única condición, es que el monto a cobrar no puede ser superior al 50% de lo que hoy reciben los beneficiarios, de acuerdo con una resolución de la Sala IV.

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Mientras tanto, la posibilidad de hacer un referendo para eliminar las pensiones de hasta ¢8 millones al mes, como ha señalado el presidente Rodrigo Chaves en varias ocasiones, está totalmente descartada, ya que la Constitución Política establece de manera muy clara, que esta materia está vedada de cualquier consulta popular.

“Sobre la posibilidad de reducirlas, las herramientas que nos da el ordenamiento son limitadas: podemos ver alternativas impositivas, que son las más viables, siempre y cuando se respete la proporcionalidad, elemento de doctrina jurídica zanjado por la Sala IV. Esto último vuelve problemática la herramienta, porque la carga tributaria que se puede plantear no podría ser mayor al 50% de lo que hoy reciben”, dijo David Segura, diputado de Nueva República.

Se trata de pensiones que hoy le cuestan al Estado ¢1,1 billones, lo que representa un 9% del gasto público cada año.

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Se trata de montos millonarios que benefician a exdiputados, exmagistrados, exfuncionarios del Poder Judicial y excatedráticos de las universidades estatales.

Se consideran como pensiones de lujo, porque se trata de montos que no fueron cotizados por los beneficiarios.

Otra opción, sería eliminar los regímenes de aquí a futuro, de manera tal que conforme vayan pasando los años, las pensiones de lujo se extingan.

La idea, en este caso, es que todas las pensiones se coticen por medio del IVM de la Caja y que tienen un monto máximo de ¢1,5 millones.

“El trabajo que realizó la Asamblea anterior para reducir las pensiones de lujo fue un buen avance. En este momento, es difícil poder eliminarlas completamente desde el punto de vista legal. Lo que sí se podría hacer es unificar los regímenes en uno solo para las personas que se pensionan a partir del cambio. En cuanto a sí esto podría hacerse vía referendo, la constitución y la normativa vigente son claras en que el tema de pensiones no se puede tratar mediante este mecanismo de consulta popular, tampoco veo que el Estado pueda llevar el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Jorge Dengo, legislador del Partido Liberal Progresista.

De momento no está clara la ruta que seguiría el presidente Chaves, ya que anteriormente, él señaló que presentaría un proyecto de ley para tal fin y que acudiría a los tribunales, a la vez que pretende ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y hasta hacer un referendo para eliminarlas.

Danilo Chaverri, Rolando Lacé, Mirna Mayorga, Guillermo Malavassi, Ana Isabel Ulate, Hernán Azofeifa y Francisco Morales, son algunos de los exfuncionarios que reciben altos montos, según denunció el presidente Chaves anteriormente.

Para poner en perspectiva el alto pago en pensiones con cargo al presupuesto, habría que analizar que el Estado gastará ¢2,7 billones el otro año, para cancelar el salario de 150 mil empleados estatales, mientras que el monto de las jubilaciones asciende a ¢1,1 billones.

Desde que llegó al poder, Chaves le declaró la guerra a las pensiones de lujo, al considerar que están afectando las finanzas del Estado, a la vez que no se justifican cuando hay tantas necesidades.