A mediados de mes, la agencia de calificación de riesgo S&P Global Ratings advirtió a Costa Rica sobre el riesgo de empeoramiento de la situación fiscal y el crecimiento de la relación deuda/PIB por encima del 60% para los próximos cuatro años.
Esto significaría, en la práctica, la vuelta de la regla fiscal, lo que implica una restricción al crecimiento del gasto público para áreas como salud, seguridad y educación, pero también el congelamiento de los salarios del sector público.
En otras palabras, existe el riesgo de que los sueldos que reciben los empleados del Gobierno Central, que incluye al Poder Judicial, Asamblea Legislativa, todos los ministerios, la Contraloría y otros, no puedan aumentarse ni siquiera por costo de vida.
La relación deuda/PIB se ubicó en 60,5% al cierre de mayo, ligeramente por encima del 60,4% registrado al finalizar el 2025. Anteriormente, la regla fiscal congeló el salario de los trabajadores del Estado por cinco años.
“Si no se hacen los canjes de deuda y si no se fortalece la recaudación, eso nos llevará definitivamente a que la relación deuda/PIB esté por encima del 60% otra vez y, con ello, tendremos las restricciones propias de la regla fiscal, incluido el congelamiento de los salarios públicos”, dijo Daniel Suchar, analista económico.
El experto se refiere a la colocación de $13.500 millones en eurobonos que planea el gobierno de Laura Fernández para los próximos nueve años.
Los eurobonos son certificados de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que se venden fuera del país, en mercados internacionales como Nueva York o Londres. Sirven para conseguir dinero a plazos más largos y tasas de interés más baratas de las que se consiguen en el mercado nacional.
En otras palabras, es cambiar deuda mala por deuda con mejores condiciones y, con ello, se baja el gasto en intereses.
La autorización de eurobonos que pretende el gobierno busca colocar alrededor de $1.500 millones por año en un período de nueve años, para un total de $13.500 millones.
El problema es que partidos como el Frente Amplio y el PLN están condicionando sus votos para los eurobonos y demandan que el gobierno descarte recortes presupuestarios para seguridad y la propuesta de eliminar la exoneración de la canasta básica, además de reconocer y pagar la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que ya asciende a más de ¢4 billones.
En cuanto a la recaudación fiscal, las autoridades del Ministerio de Hacienda dieron a conocer una nueva caída en los ingresos al finalizar mayo.
El descenso se reflejó en términos nominales y como proporción del PIB.
Los ingresos totales alcanzaron ¢3 billones a mayo de 2026, lo que representó una disminución acumulada equivalente a 0,1% del PIB de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.
Al comparar la relación de los ingresos y el PIB, estos pasaron de 6,0% en 2025 a 5,7% en 2026, lo que representó una reducción de 0,2 puntos porcentuales.
La disminución neta acumulada de los ingresos totales fue de ¢58.290 millones en comparación con el mismo periodo de 2025.
Mensaje de calma
Por su parte, el economista Melvin Garita aclaró que no necesariamente se puede concluir que habrá congelamiento salarial para el sector público en los próximos cuatro años.
El experto da una razón técnica importante en el análisis que hace S&P Global Ratings.
“La deuda por encima del 60% del PIB en los próximos cuatro años es el escenario base de S&P sin embargo, hay un matiz jurídico relevante, ya que S&P mide la deuda del gobierno general, lo que quiere decir que incluye otras entidades públicas, mientras que la regla fiscal costarricense se activa con la deuda del Gobierno Central, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Ambas series suelen moverse juntas, pero no son idénticas (…) El informe de S&P no permite concluir automáticamente que el país seguirá en el tramo más restrictivo de la regla”, agregó el experto.
Eso sí, Garita destaca que Costa Rica tiene un problema con la deuda pública y que este tema representa la imposibilidad de mejorar la calificación crediticia del país.
Y es que Costa Rica recibió un voto de confianza de la calificadora internacional S&P Global Ratings en su último informe, que confirmó la calificación soberana del país en ‘BB’ a largo plazo y ‘B’ a corto plazo, con perspectiva estable.
Sin embargo, detrás de la noticia positiva hay un mensaje claro, según Garita.
Y es que, lejos de significar una mejora en la nota, la decisión de S&P refleja que Costa Rica logró sostener su calificación gracias al fortalecimiento de su economía externa, el aumento de las reservas internacionales y la continuidad de las políticas macroeconómicas, a la vez que dejó claro que el verdadero desafío ahora es reducir la deuda y concretar las reformas pendientes.
¿Qué es la regla fiscal?
La regla fiscal es un mecanismo de autodisciplina financiera que establece un límite
legal al crecimiento del gasto público y al endeudamiento del Estado.
Su principal objetivo es equilibrar las finanzas del país, contener el déficit y
garantizar que la deuda pública se mantenga en niveles sostenibles a largo plazo.
Estas son algunas de sus condiciones:
- Si la relación deuda/PIB supera el límite del 60%, se activan medidas de austeridad extremas: se
congelan los aumentos salariales por costo de vida, no se reajustan las pensiones (salvo excepciones
básicas) y el Gobierno tiene prohibido adquirir nuevos préstamos a menos que sean exclusivamente para
reestructurar deudas existentes o para gastos de capital específicos
- Si el PIB real de Costa Rica sufre una contracción o registra un crecimiento inferior al 1% anual, la
aplicación de la regla se suspende de inmediato/li>
- Ante catástrofes naturales o crisis sanitarias severas declaradas oficialmente por el Poder Ejecutivo
(donde los gastos de atención superen el 0.3% del PIB), la regla se pausa para dar espacio al
financiamiento de la emergencia.
- La regla fiscal obliga a todo el Sector Público No Financiero a contener el gasto. Esto abarca al
Gobierno de la República, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el TSE, la Defensoría, la
Contraloría y a la gran mayoría de sus instituciones descentralizadas. La CCSS, el ICE y los gobiernos
locales están exentos.
Ingresos fiscales retroceden
Los ingresos totales alcanzaron ¢3.05 billones a mayo de 2026, lo que representó una
disminución acumulada neta de ¢58.290 millones (0,1% del PIB de 2026) en comparación con el mismo periodo
del 2025.
Este resultado reflejó una caída de 1,9%, en contraste con el crecimiento de 2,2%
registrado en el mismo periodo del año anterior (Cifras del Ministerio de Hacienda. Datos del 2025 y 2026 se
leen en billones).
| Variable | 2025 | 2026 | Reducción en millones |
| Ingresos totales | 3 115 037 | 3 056 747 | -58 290 |
| Ingresos corrientes | 3 107 495 | 3 045 493 | -62 002 |
El pago actual de la deuda
En el presupuesto 2026 de Costa Rica, se incluyeron ¢5,4 billones de colones para el pago
de la deuda pública (amortización e intereses), lo que significa que para este periodo la deuda pública le
costará al país ¢15 mil millones por día (cifras del presupuesto nacional, según el Ministerio de Hacienda)
| Año | ¢5,4 billones |
| Mes | ¢450 mil millones |
| Día | ¢15 mil millones |
| Hora | ¢652 millones |
| Minuto | ¢10,4 millones |
| Segundo | ¢173 mil |
Eurobonos son vitales para ahorrar recursos
La autorización de eurobonos que pretende el gobierno busca colocar alrededor de $1.500
millones por año en un período de nueve años en el mercado internacional, para un total de $13.500 millones.
Los eurobonos, permitirían cambiar deuda cara, por deuda barata, ahorrándole recursos
valiosos al Estado.
Estas son sus características:
- Los eurobonos son certificados de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que
se venden fuera del país en mercados internacionales como Nueva York o Londres.
- Permiten cambiar deuda cara, por deuda bajo mejores condiciones. Sirven para conseguir dinero a plazos
más largos y tasas de interés más baratas de las que se consiguen en el mercado nacional.
- El dinero que ahorra el Estado, podría servir para financiar gastos en educación, seguridad o salud, o
bien, para financiar aumentos salariales.
- Corresponde a la Asamblea Legislativa autorizar la emisión de deuda con 38 votos en el plenario.
