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Lucha por atún trascendió de las góndolas a la relación entre gobiernos
Guerra entre Sardimar y Calvo molesta a Brasil y El Salvador
• País sudamericano solicitó desestimar denuncia por dumping contra el grupo español por supuestos errores en la investigación
• Cuscatlecos interpusieron una resolución de controversias para solucionar el conflicto

Karen Retana y Natasha Cambronero
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El conflicto que mantienen la firma costarricense Sardimar y la española Calvo dejó de ser una pugna entre empresas para trascender a las relaciones entre gobiernos.
Brasil y El Salvador han mostrado su disconformidad ante las autoridades nacionales, ya que han encontrado presuntos yerros en la investigación que se le sigue a la empresa europea por supuesto dumping, es decir, por aparente comercialización a un precio menor que el costo de producción.
El reclamo de Sardimar afectaría directamente a ambos gobiernos, ya que es en estos países donde la atunera española posee sus plantas de producción desde las que abastece a Costa Rica.
A raíz de ello, posibles represalias en contra de los españoles incidirían negativamente en los beneficios que tanto Brasil como El Salvador gozan con la presencia de dicho grupo en el país.
Mediante una misiva, la nación suramericana cuestionó las supuestas inconsistencias en el proceso de investigación que lleva a cabo el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), pues aduce que en ningún momento fue notificada.
“El acuerdo antidumping es claro en determinar que el gobierno del miembro exportador debe ser notificado de la existencia de la petición, debidamente instruida antes del inicio de la investigación. Sin embargo, no hubo notificación por parte de la autoridad de Costa Rica”, señaló Miriam Santos, directora del Departamento de Defensa Comercial de Brasil.
Incluso, al 2 de setiembre, este país desconocía del proceso de investigación que se estaba llevando a cabo en el mercado local. No fue hasta que la embajada brasileña en Costa Rica informó a su gobierno que se enteró del asunto.
Los conflictos en materia de defensa comercial no son nuevos en esta nación. Brasil ha protagonizado 97 investigaciones dumping entre 1995 y 2008. Uno de los casos más importantes ganados fue contra Estados Unidos por subsidios al algodón, que le permitió aplicar sanciones por $300 millones como una compensación por el daño causado.
En el caso de Costa Rica, denuncian que supuestamente no se fundamentó con pruebas de peso el presunto delito que se le atribuye a Calvo.
Ante esta situación, solicitaron desestimar la investigación, pues según ellos no cumple a cabalidad con las pautas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La posición de los brasileños es analizada por la unidad investigadora designada por el MEIC que lleva este caso.
“Efectivamente, una carta del ministerio competente de Brasil llegó al despacho del Ministro y ya el grupo investigador está estudiando si son procedentes o no los señalamientos que están haciendo”, adujo Velia Govaere, viceministra de Economía costarricense.
En esta lucha Brasil no se encuentra solo, ya que cuenta con el respaldo de El
Salvador, país que también arremetió contra Costa Rica al interponer una resolución de controversias.
Este es el primer paso para encontrar una salida al conflicto antes de llegar a una batalla legal entre gobiernos.
Al respecto, el MEIC lleva la solicitud de investigación con base en los lineamientos de la OMC y en el reglamento de integración con Centroamérica, que pretende solventar problemas entre países, confirmó Govaere.
Precisamente, el 25 de agosto se formuló una consulta de negociación directa entre representantes de Costa Rica y El Salvador, donde este último expuso interrogantes sobre el proceso de investigación por supuesto dumping que se lleva en contra de Calvo.

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