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Un 45% de los sueldos de empleados públicos corresponde a pagos adicionales

Gobierno destinará un billón a pagar pluses salariales

Funcionarios de Asamblea y Defensoría son los que reciben montos mayores

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Un billón de colones será el monto que deberá cubrir el gobierno dentro del presupuesto para 2015 en el pago de anualidades, dedicación exclusiva, disponibilidad laboral, salario escolar y gastos de representación, entre otros incentivos para cerca de 135 mil funcionarios públicos.
Esta cifra representa casi la mitad del monto destinado al pago de salarios, una de las cargas más fuertes que debe enfrentar el Estado. Tres de cada ¢10 del plan de gastos que aún se discute en la Asamblea Legislativa corresponde al pago de los empleados públicos.
Sin embargo, hay ministerios y dependencias en los que el pago de salarios se come casi la totalidad de los recursos que se le asignan.
Esto sucede, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, donde más del 80% del presupuesto asignado se utilizará para pagar salarios.
Los burócratas de la Asamblea, la Defensoría y el Poder Judicial son también los que derivan un mayor porcentaje de su ingreso de los pluses salariales.
Muchos de los trabajadores de estas instituciones cuentan con varios años de trabajar ahí, cuentan con disponibilidad plena según sus funciones y gozan de algunos incentivos como servicios especiales y gastos de representación. En el caso de quienes laboran en la Asamblea, se incluye un importante porcentaje en el pago de dietas, como es el caso de los diputados.
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Dato curioso es el de los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes tienen apenas un 13% de incentivos, pero son los que en promedio reciben mayores ingresos de todo el sector público. Para cada funcionario, el gobierno destina un promedio mensual de ¢3,4 millones, incluyendo todas las cargas sociales.
Muchos desempeñan sus funciones fuera del país por lo que su salario base debe contemplar el estándar de vida del lugar donde residen.
Algo similar podría ocurrir en Comex, la segunda institución con funcionarios mejor remunerados. Es también un caso particular pues muchos de ellos reciben el pago del salario en dólares, por cumplir funciones en el exterior.
En el otro extremo se encuentra el Ministerio de Seguridad Pública. Por cada uno de sus trabajadores, el Estado destina poco más de ¢800 mil al mes. Parte de la diferencia con otros ministerios se debe a que un alto porcentaje del personal lo integran agentes policiales.
Los miembros de la fuerza pública trabajan pocos años en esa dependencia y la gran mayoría no tienen carrera profesional, lo que explica la baja relación salarial con respecto a profesionales de otros ministerios.
El monto total que paga el Estado en salarios alcanza los ¢2,3 billones. Para rebajar este monto sería necesario un cambio en la política de salarios, para lo cual el gobierno estudia algunas propuestas.
Sin embargo, eventuales cambios como el salario único o el pago de incentivos de acuerdo con desempeño son temas que podrían llevar años de discusión y negociaciones con los sindicatos, debido a que muchos de los pluses son considerados como conquistas sociales, que por constitución no pueden eliminarse.
Otras propuestas, como el congelamiento de alrededor de 20 mil plazas nuevas para los próximos cuatro años, tendrían un efecto muy limitado.

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Rodrigo Díaz
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