Ministerio no puede ser juez y parte, dice sector privado

Frente Amplio exige que Hacienda ejecute embargos fiscales

Oposición y Gobierno tienen acuerdo en un 90%
 
 
Se vería frenada la ley contra el fraude fiscal, por la presentación de las mociones del Frente Amplio, que exige que el Ministerio de Hacienda pueda dictar y ejecutar los embargos, en el caso de una supuesta evasión.
Sin embargo, sería improcedente que Hacienda sea juez y parte, en lo que tiene ver con los bienes de contribuyentes, aseguran varios diputados de otros partidos.
Lo que le preocupa al FA es un propuesto cambio al procedimiento actual, mediante el cual el contribuyente puede apelar un fallo de Hacienda, ante una corte que es independiente del Ministerio.
Además, el FA no quiere que se pierda el tiempo en largos juicios que podrían quedar en nada para las arcas del Estado, resalta Gerardo Vargas, jefe del partido.
Por otro lado, la mayoría de los diputados, incluidos los del Gobierno, están a favor del proyecto, cuyo objetivo es reducir la evasión.
Sin embargo, ellos creen obligatorio que el contribuyente cuente con un procedimiento objetivo, al rechazar una decisión de Hacienda en su contra.
Tampoco sería una cuestión de perder tiempo, de lo contrario el Tribunal Contencioso, al cual llegarían muchas de las apelaciones, tiende a actuar de forma más rápida que el Tribunal Administrativo de Hacienda, de acuerdo con varios abogados especializados en el tema. 
Se negocia ante este panorama un acuerdo entre Liberación, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario y Gobierno.
Existe en este momento un acuerdo en un 90% de los temas, comentó Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, que se negó a revelar los alcances de las negociaciones para no afectar el proceso.
Descartó eso sí que Hacienda pueda ejecutar los embargos y que los jueces tuvieran hasta cinco días para decidir, como se planteó en un inicio.
La propuesta se encuentra en la Comisión de Hacendarios y con ella, se pretende darle mejores herramientas al Gobierno para enfrentarse a los evasores y reducir el impacto del déficit fiscal que asciende a un 5,7% del PIB, mientras que la evasión fiscal se calcula hasta en un 8% del PIB, de acuerdo con el PIB.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net