Empresas con medidas cautelares en casos de corrupción estarían inhabilitadas para participar en licitaciones públicas
Proyecto fue presentado a raíz de casos Diamante y Cochinilla
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Con la intención de transparentar las licitaciones de obras públicas, el presidente Carlos Alvarado urgió a los legisladores para aprobar un proyecto de ley que prohibiría a las empresas o personas involucradas en casos de corrupción, participar en nuevos contratos con el Estado.
La medida aplicaría cuando los investigados tengan medidas cautelares en su contra.
Actualmente, la ley de contratación administrativa establece que una constructora o cualquier otra empresa que haya sido declarada culpable en sentencia firme, será sancionada con un período máximo de inhabilitación contractual de diez años.
La propuesta en cuestión, pretende ser más severa con los casos de la corrupción y fue convocada a las sesiones extraordinarias del Congreso por el presidente. En dicho período, le corresponde al mandatario establecer la agenda de debate de los legisladores.
En diciembre, las carreteras del país tendrán seis meses sin mantenimiento, ya que anteriormente Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes, suspendió todos los contratos para garantizar la transparencia con los recursos públicos.
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Esto, generó molestia en el sector productivo, que está preocupado por la competitividad del país.
“Necesitamos de infraestructura, de obra pública de calidad y de carreteras en buen estado. Esto es una necesidad para alcanzar una reactivación económica”, dijo Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio.
La iniciativa brindaría el marco legal para prohibir la participación de forma directa o indirecta en nuevas contrataciones con el MOPT o alguno de sus órganos a las empresas investigadas, según el presidente.
La solicitud de Alvarado se da en momentos en que Costa Rica está siendo sacudida por varios escándalos de corrupción.
El primero de ellos, es el caso “Diamante” que involucra a seis alcaldes por supuestamente recibir sobornos y dádivas de la empresa MECO para verse favorecida en procesos de mantenimiento y licitación de vías cantonales.
El otro caso, está relacionado con una banda narco que fue desarticulada por el OIJ en este mes de noviembre y que incluía a 14 trabajadores del AYA y un funcionario de un banco público, que supuestamente ayudaban a lavar el dinero de las operaciones ilícitas a través de contratos con el Estado.
Por otra parte, hace casi seis meses el OIJ y el Ministerio Público detuvieron a los dueños de MECO y H Solís, por supuestamente brindar sobornos a funcionarios del Conavi para ganar procesos de licitación pública por un valor superior a los ¢78 mil millones
“El expediente legislativo señala que se aplicaría en cualquier etapa del procedimiento de contratación, excepto cuando ya se tenga un contrato otorgado en firme, y regiría por el lapso en que esté vigente la medida cautelar dictada por la autoridad judicial”, indicó la presidencia.
Regular
Costa Rica tiene una calificación regular en cuanto al nivel de transparencia.
El puntaje obtenido es de 57 de 100, donde la calificación máxima de 100 corresponde a una nación libre de corrupción y el 0 a corrupción elevada.
De 180 países Costa Rica está en la casilla 42 en el mundo y de tercera en América Latina (cifras de Transparencia Internacional para enero 2021)
| Posición | País | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda/ Dinamarca | 88 |
| 2 | Finlandia/Suiza/Singapur y Suiza | 85 |
| 3 | Noruega | 84 |
| 4 | Países Bajos | 82 |
| 5 | Luxemburgo/Alemania | 80 |
| 42 | Costa Rica | 57 |
