Edgardo Araya del Frente Amplio asevera que decreto de Laura Fernández para definir año carcelario es ilegal

El diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, cuestionó el decreto firmado por la presidenta Laura Fernández para redefinir el cálculo del año carcelario, al considerar que la medida carece de sustento legal y vulnera el principio de legalidad en materia penal.

Araya aseguró que el Poder Ejecutivo no tiene competencia para modificar, mediante decreto, aspectos relacionados con la ejecución de las penas establecidas en la legislación costarricense.

“Debe recordarse que mediante un decreto ejecutivo no puede modificarse, limitarse ni variarse lo dispuesto por una norma de rango legal, particularmente en materia penal y de ejecución de la pena, donde rige el principio de legalidad. En consecuencia, cualquier modificación relacionada con la aplicación de descuentos penitenciarios o la forma de cómputo de la pena prevista en el artículo 55 del Código Penal, necesariamente requiere sustento y reforma legal, y no únicamente una disposición administrativa o reglamentaria”, manifestó el legislador frenteamplista.

El pronunciamiento surge luego de que la nueva administración anunciara ayer un nuevo reglamento que establece que el año carcelario deberá computarse con 360 días naturales y no bajo el esquema aplicado históricamente, que según el Gobierno equivalía a ocho meses efectivos cuando hay buena conducta.

Durante el anuncio oficial, Fernández defendió la iniciativa bajo un discurso de mano dura contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“A los criminales, a los narcotraficantes, no los queremos en Costa Rica, por eso, a partir de este momento, el año carcelario es de 360 días naturales y no de ocho meses (…) No queremos alcahueterías, ya los jueces no podrán hacer interpretaciones con la gente que nos quita la paz”, afirmó la mandataria.