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"Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies".
Con esa frase, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, abrió a finales de noviembre un hilo en la red social X.
Lo que siguió confirmó lo que varios activistas y expertos llevaban meses advirtiendo: el interés del mandatario en reactivar la minería metálica en el país, prohibida por ley desde 2017 por su alto costo ecológico, como el más reciente intento de transformar una economía en lento crecimiento.
Este lunes, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó el proyecto de la ley que volverá a permitir la actividad.
"Ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica (...), El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo", había asegurado Bukele en la publicación de X.
"Estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en US$131.565 millones", agregó, sin revelar la autoría de los estudios. "Esto equivale al 380% del PIB".
El tema hizo saltar las alarmas de diversos sectores, que corrieron a alertar del desastre ecológico que le esperaría al país, pero, sobre todo, deja una serie de preguntas en el aire.
¿Qué es exactamente el Anillo de Fuego? ¿Cuánta certeza hay de que existen yacimientos de oro en el país? ¿De qué volumen estamos realmente hablando? ¿Y cuáles son los riesgos de explotarlo?
También conocido como Cinturón de Fuego o Circumpacífico, el Anillo de Fuego del Pacífico es la media luna invertida o la herradura que resulta de unir Chile con Nueva Zelanda, siguiendo la costa, con una línea imaginaria.
En realidad la dibujan las diversas placas tectónicas que convergen en el lecho del océano Pacífico, y la permanente fricción entre ellas hace que sea el epicentro de una gran actividad sísmica y volcánica. De ahí lo de anillo "de fuego".
En esa frontera entre placas de 40.000 kilómetros de longitud "tienen lugar el 90% de todos los sismos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes", le explicó en su día a BBC Mundo Heraldo Taveras, actual presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Esa actividad favorece la formación de depósitos minerales, lo que ha convertido a muchos de los países del Anillo de Fuego en blanco de la exploración y la explotación minera.
De hecho, aunque la extracción de oro es un negocio con operaciones en todos los continentes excepto la Antártida, los mayores productores se asientan sobre esta zona.
A la cabeza está China, seguida de Australia y Canadá, según el ranking de 2023 del Consejo Mundial del Oro, una asociación comercial internacional que funge como autoridad global de la industria.
Y entre los diez primeros puestos se incluyen al igual Perú (con 128,8 toneladas producidas el año pasado) y México (con 126,6), naciones latinoamericanas ancladas en esta zona de convergencia de placas.
La posibilidad de producir, sin embargo, no implica extraerlo por los altos riesgos medioambientales que supone.
Panamá declaró una moratoria minera hace un año, tras paralizar una enorme operación de extracción de cobre luego de un mes de protestas. Y en Costa Rica la minería a cielo abierto es ilegal desde 2010, aunque el gobierno espera autorizarla de nuevo.
En la región, donde más restringida estaba la actividad era en El Salvador. En 2017 la Asamblea Legislativa aprobó una ley que prohibía la minería metálica, por considerar que afecta el medio ambiente y la salud, la misma que este lunes fue revocada.
"Somos el ÚNICO país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo!", escribió al respecto Bukele el 27 de noviembre en la red social X.
"Ante la situación económica global, los intereses soberanos y la necesidad de realizar todas las actividades productivas disponibles para potenciar el desarrollo del país, resulta imperante que el Estado haga un uso racional de las riquezas con las que cuenta su territorio y los ponga en función de mejorar la calidad de vida de la población en general, respetando el medioambiente".
Eso dice el preámbulo de la nueva Ley General de Minería Metálica de El Salvador aprobada este lunes.
En sus artículos, establece que será el Estado "el único autorizado para explotar, atraer y procesar" dichas riquezas, pero que podrá hacerlo a través de "instituciones específicamente creadas" para ello o de "sociedades en las que tenga participación accionaria".
No se requerirá que la Asamblea otorgue una concesión de explotación. Solo las entidades privadas que participen en ello necesitarán autorizaciones o permisos, se aclara.
La nueva normativa prohíbe el uso del mercurio, utilizado en la minería a pequeña escala para extraer oro de las rocas, arena, u otros materiales, considerado por Nacionales Unidas (ONU) uno de los químicos más nocivos para la salud humana.
"Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana", dijo Bukele a principios de diciembre en un evento en el que inauguró una autopista.
Insistió en que los yacimientos potenciales de oro podrían superar un valor total de US$3.000 millones — "más del 8.800% de nuestro PIB"—, pero sin aclarar qué indagatorias respaldan tal afirmación ni quién, cuándo y dónde las llevó a cabo.
Aseguró que la minería metálica actual se lleva a cabo "con la tecnología de ahora" y con un impacto ecológico bajo, aunque reconoció que "no hay nada con cero costo ambiental".
Y señalando la autopista recién estrenada, zanjó: "Si queremos desarrollo, tendremos que partir montañas".
BBC Mundo solicitó por diversas vías una entrevista a la Presidencia, para obtener más información sobre los estudios a los que Bukele hace referencia y aclarar si hay ya alguna empresa minera interesada en explorar o explotar el recurso, pero al momento de publicar este artículo sigue sin respuesta.
"Que en El Salvador hay oro, lo hay", reconoce Pedro Cabezas, el coordinador de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin).
La presencia mineral también lo confirma el "Mapa metalogenético de América Central y El Caribe" publicado en 2020 por la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI), una organización sin ánimo de lucro formada por los Servicios Geológicos de Latinoamérica, España y Portugal que tiene como misión contribuir al desarrollo socioeconómico de sus países miembros.
"Pero conociendo los anuncios del presidente, no nos sorprendería que magnifique los números", le dice Cabezas a BBC Mundo. "Está hablando de 50 millones de oro en tan sólo el 4% del territorio identificado, pero sin presentar ninguna evidencia", explica.
Y agrega: "Sabemos que existen otros metales también, como los que mencionó Bukele —habló de litio, cobalto, níquel, platino, galio y germanio— pero no conocemos ningún estudio que determine en qué cantidad".
Antes de la prohibición de la minería metálica, en la primera década de los 2000, El Salvador extendió 28 concesiones de exploración en toda la zona norte del país y solo una de las adjudicatarias, la transnacional Pacific Rim Cayman, llegó a solicitar un permiso para extraer y procesar el mineral.
Le fue denegada, por lo que la minera presentó una demanda de arbitraje que El Salvador terminó ganando en 2016.
"Desde entonces no hemos sabido de ningún programa de exploración de esa naturaleza en nuestro territorio", dice Cabezas, el coordinador de Acafremin.
El activista también pone en tela de juicio la densidad de los potenciales yacimientos mencionada por Bukele, que dijo que es la mayor del mundo por kilómetro cuadrado.
"Otra cosa que sabemos es que los depósitos de oro que hay en El Salvador no son de gran concentración", asegura Cabezas.
Es algo que deja en evidencia –dice— la mina Cerro Blanco, operada por el gigante Bluestone Resources en Asunción Mita, el departamento de Jutiapa en Guatemala, cerca de la frontera con El Salvador.
"Es prácticamente el mismo territorio, parte de lo que las mineras llaman el Cinturón de Oro de Centroamérica, una concentración de mineral de oro que baja del sur de México, pasa por Guatemala, El Salvador y Honduras, y llega hasta Nicaragua y parte de Costa Rica", aclara.
En su estudio de viabilidad para que se le permitiera pasar de extraer mineral en túneles a hacer una explotación a cielo abierto –cosa que se aprobó–, la empresa detalló que obtiene entre tres y seis gramos de oro por tonelada de roca triturada en Cerro Blanco.
"Hay gente que se imagina que están ahí las grandes vetas de oro, como en las películas de vaqueros, pero en realidad se encuentra en partículas y para poder extraerlo hay que utilizar grandes cantidades de agua y de químicos como el cianuro", explica Cabezas.
Y es esto último lo que más le preocupa a su organización y a tantas otras.
Unos 300 activistas llegaron el 10 de diciembre a las puertas de la Asamblea Legislativa en San Salvador.
Los manifestantes entregaron una carta suscrita por una docena de ONG y el Foro Ecuménico —que aglutina a la Iglesias católica y a las protestantes–, en la que se afirmaba que reactivar la minería sería "una decisión irresponsable".
"Una cosa es poner una mina en el desierto de Atacama [en Chile] y otra es abrir una mina a cielo abierto en Chalatenango [departamento del norte de El Salvador], donde tenemos una alta densidad de población y están las pocas reservas forestales" del país, le dijo ese día Cabezas, el coordinador de Acafremin, a la agencia AFP.
"El efecto [nocivo] se multiplicaría en todo el territorio salvadoreño".
Con él coincidió Antonio Pacheco, dirigente de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), cuyo trabajo de años fue clave para que se aprobara la ley contra la minería metálica.
Explotar mineral metálico de forma industrial en la cuenca del río Lempa, que atraviesa dos terceras partes del país y abastece de agua la capital y otras ciudades, además de surtir el campo, "implica un tremendo riesgo", subrayó.
Lo dijo no solo por la cantidad de agua que requiere la industria minera tradicional y lo que eso supondría para el país con la menor disponibilidad hídrica de la región centroamericana.
También por los químicos altamente contaminantes, como el cianuro, que emplea la minería industrial tradicional.
Bukele publicó en X un mapa en el que se señalan, con puntos rojos, 15 "distritos" con "recursos metálicos potenciales" a lo largo del país, incluida la cuenca del Lempa.
José Torres, quien saca pepitas de oro de socavones que abre artesanalmente, le dijo a AFP que teme perder su fuente de ingresos con la eventual llegada de grandes mineras.
"Los ríos se contaminan, los animales mueren y no podemos tener nada nosotros aquí", dijo el hombre de 72 años.
Otros residentes de la zona se mostraron más esperanzados, como Rubén Delgado, un albañil de 55 años que está convencido que el cantón en el que vive "podría prosperar" si se reactivara la minería. "Generaría empleo", añadió.
El anuncio de Bukele sobre los potenciales yacimientos en El Salvador y la nueva ley que permite su explotación coinciden con un momento en el que el precio del oro bate récords. Pasó de los US$1.800 la onza troy (31,1 gramos) en 2023 a los US$2.660 de la actualidad.
Llega impulsado por los bancos centrales que, en un contexto de inflación mundial, buscan en el oro un valor seguro, y los expertos prevén que la tendencia se mantendrá en el mediano plazo.
Por ello, la minería metálica sería el último de los intentos del presidente Bukele por transformar una economía poco dinámica y altamente endeudada.
Esa es la prioridad de su segundo mandato, como él mismo dejó claro en el discurso de la toma de posesión el 1 de junio.
Un recién firmado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de US$1.400 millones podría ayudar a aliviar el panorama. Más si abre las puertas –como dijo el FMI— a un apoyo adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades regionales para un paquete de financiación que supere los US$3.500 millones.
Aunque el reto sigue siendo enorme.
El Salvador fue, por quinto año consecutivo, la economía que menos ha crecido de la región.
Asimismo, importa más que exporta, lo que llevó al país a tener en 2023 un déficit de la balanza comercial de más de US$8.000 millones.
Eso, en parte, se compensa con las transferencias que reciben los salvadoreños de sus familiares en el exterior. En los primeros siete meses de 2024 las remesas alcanzaron un monto de US$4.756, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Mientras, el 52% de la población (3,3 millones de personas) se mantiene en una situación de estrés alimentario; es decir, se ve en aprietos para conseguir comer todos los días.
Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su última investigación sobre los puntos críticos del hambre a nivel mundial, incluyó a El Salvador como país a monitorear.
Ante ese panorama y con el objetivo de aumentar los ingresos del país, el gobierno de Bukele le apostó primero al turismo, en particular el relacionado con el surf, con relativo éxito.
Y en julio Bukele inauguró un parque industrial tecnológico, que albergará un centro de datos que aspira a convertirse en el más grande de la región.
"Las cifras espectaculares que presentó el presidente Bukele hacen pensar que nuestro país está sobre una mina de oro", exclama Carlos Acevedo, quien fuera presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Con los 50 millones de onzas de oro que mencionó el mandatario se podría pagar cuatro veces la deuda externa de US$31.000 millones, equivalentes al 85% del PIB, le explica el economista a BBC Mundo.
"Hay a quien le suena muy alentador, casi una lotería, pero yo soy muy escéptico sobre la implementación", dice, aunque reconoce que tampoco se cierra ante la opción.
"Las cantidades de las que habla Bukele, de ser ciertas, nos convertirían en un Dubái o un Qatar, casi de la noche a la mañana", dice Acevedo.
"Pero ¿de qué sirve ser el nuevo Dubái, si lo que tienes es un país agotado?".
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