Costa Rica: La prevención es más efectiva que las cárceles

Costa Rica cerró 2024 con 880 homicidios, convirtiéndose en el segundo año más violento de su historia, según el Organismo de Investigación Judicial (CNN, 2025) y incluso según las predicciones para este 2025 rondar entre 925 y 975, según Randall Zúñiga, director de dicha institución. Frente a esta realidad, la respuesta política y ciudadana es siempre la misma: construir más cárceles, imponer penas más duras, endurecer el sistema. Sin embargo, los datos nos dicen algo completamente diferente y es hora de que los escuchemos.

El costo económico del crimen en nuestro país representa una significativa carga para la sociedad, alcanzando un promedio del 3,03% del PIB en 2022. Esta cifra se desglosa en tres componentes principales: los costos públicos destinados a seguridad, justicia y el sistema penitenciario que representan el 1,06% del PIB, los costos privados que ascienden al 1,37% del PIB, y el costo en capital humano afectado por homicidios y otros delitos no letales equivalente al 0,59% del PIB. En términos del gasto gubernamental, el Gobierno Central destinó ₡1.015.445 millones a seguridad y justicia en 2024 (2,07% del PIB), monto que se incrementará a ₡1.122.787 millones en 2025 (2,14% del PIB). Los homicidios han generado pérdidas importantes en capital humano: entre 2018-2024 se calcula que los salarios no generados suman ₡542.099 millones, con un incremento alarmante del 38% en 2023 respecto al año anterior, alcanzando ₡103.420 millones. Asimismo, las personas privadas de libertad representan otra pérdida sustancial de productividad, con 37.050 personas que entre 2018-2024 generaron una pérdida estimada de ₡1.048.953 millones en salarios no percibidos. Los efectos indirectos amplifican estos costos, ya que por cada colón no producido se pierde otro en consumo, cada empleo perdido afecta 0,2 empleos adicionales, y se dejan de percibir aportes fiscales y sociales equivalentes al 34,1% del salario no generado, evidenciando el impacto multiplicador del crimen en la economía nacional. Esto nos debería hacer reflexionar: ¿estamos gastando nuestros recursos de la manera más inteligente?

La experiencia internacional nos ofrece lecciones valiosas que no podemos seguir ignorando. Países como Estados Unidos apostaron durante décadas por el encarcelamiento masivo, multiplicando su población penitenciaria sin lograr reducciones significativas en la criminalidad. En contraste, naciones como Noruega han demostrado que existe un camino diferente y más efectivo.

Noruega es quizás el ejemplo más contundente de que otro modelo es posible. Antes de transformar su sistema penitenciario en la década de 1990, este país nórdico tenía una tasa de reincidencia del 70%, similar a la de Estados Unidos. Sin embargo, al implementar un modelo centrado en la rehabilitación en lugar del castigo, lograron reducir esa cifra al 20%, convirtiéndose en el país con la tasa de reincidencia más baja del mundo (Los Tiempos, 2024). Esta transformación radical no se logró construyendo más prisiones, sino invirtiendo en educación, terapia, capacitación laboral y programas psicosociales dentro de sus centros penitenciarios.

¿Qué podemos aprender de esta experiencia para Costa Rica? Primero, que el enfoque punitivo tradicional tiene limitaciones serias. Segundo, que invertir en la persona, no solo en su custodia, genera resultados superiores tanto en términos humanos como económicos. Tercero, que la prevención del delito es significativamente más efectiva que intentar corregirlo después de que ya ocurrió.

Los datos del Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz revelan que alrededor del 70% de los homicidios dolosos registrados en 2024 tuvieron como móvil ajustes de cuentas o venganza. Este patrón no es aleatorio ni inevitable; es el resultado de factores sociales identificables y, por tanto, prevenibles. La violencia no surge de la nada, sino de condiciones específicas: desigualdad, falta de oportunidades, ausencia de modelos positivos, debilitamiento del tejido familiar y comunitario.

Es aquí donde cobra relevancia el concepto de prevención integral. No se trata simplemente de vigilar más o castigar más duramente, sino de intervenir en las causas que llevan a las personas a delinquir. La investigación científica ha demostrado repetidamente que los programas de intervención en rehabilitación, cuando están bien diseñados e implementados, pueden reducir la reincidencia entre un 20% y un 40% (Blogs BID Seguridad Ciudadana, 2019).

Pero la prevención va más allá de lo que ocurre dentro de las cárceles. Incluye trabajar con niños y adolescentes en riesgo, fortalecer las familias, mejorar las oportunidades educativas y laborales, y crear comunidades más cohesionadas. Cada uno de estos elementos requiere un enfoque específico basado en evidencia científica.

En el ámbito de la educación, sabemos que los jóvenes que abandonan el sistema educativo enfrentan riesgos exponencialmente mayores de involucrarse en actividades delictivas. Los programas de retención escolar, combinados con componentes psicosociales, no solo mantienen a los jóvenes en las aulas, sino que les brindan herramientas para construir un futuro diferente. El costo de mantener a un joven en un programa educativo es significativamente menor que el costo de mantenerlo en el sistema penitenciario, sin mencionar los beneficios sociales intangibles.

El fortalecimiento familiar representa otro pilar fundamental. Los estudios criminológicos identifican consistentemente la falta de estructura familiar como un factor de riesgo importante. Un análisis del sistema penitenciario español encontró que la reincidencia aumenta significativamente (24.87%) en casos donde las personas no transitaron por procesos estructurados de reintegración, mientras que disminuye (12.62%) cuando sí lo hicieron (Legal Today, 2022). Esto subraya la importancia de mantener y fortalecer los vínculos familiares, tanto como prevención primaria como parte del proceso de rehabilitación.

Los programas de educación parental han demostrado ser particularmente efectivos. Cuando los padres reciben capacitación en técnicas de crianza positiva, establecimiento de límites apropiados y comunicación familiar, los resultados se reflejan en sus hijos durante décadas. Las investigaciones longitudinales muestran reducciones significativas en conductas antisociales y mejor rendimiento académico en hijos de padres que participaron en estos programas.

Un aspecto frecuentemente subestimado es el trabajo con las familias de las personas privadas de libertad. La evidencia internacional indica que mantener vínculos familiares sólidos durante la reclusión reduce sustancialmente las tasas de reincidencia. Los programas que incluyen terapia familiar y fortalecimiento de redes de apoyo han demostrado retornos de inversión superiores a 5:1 en términos de reducción de costos del sistema judicial.

La coordinación interinstitucional representa un desafío particular en Costa Rica. Actualmente, diferentes instituciones como el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Justicia y Paz trabajan de manera fragmentada. Cuando estas instituciones coordinan sus esfuerzos bajo un enfoque común, la efectividad de las intervenciones se multiplica exponencialmente, reduciendo tanto costos como tiempos de implementación.

El caso de Medellín, Colombia, ofrece un ejemplo inspirador de lo que es posible lograr. La ciudad que fuera epicentro mundial de la violencia en los años 90 logró reducir sus homicidios en 95% mediante una estrategia integral que incluyó inversión masiva en educación, creación de espacios públicos de calidad, programas juveniles ambiciosos y fortalecimiento deliberado del tejido social. Crucialmente, esta transformación no se basó en construir más cárceles, sino en crear oportunidades legítimas de desarrollo para todos sus habitantes.

Desde una perspectiva económica, la prevención no solo es más humana, sino que también es más rentable. Las pérdidas de recursos que genera privar a las personas de su libertad en Costa Rica superan las medias de toda Centroamérica. Entre 2010 y 2014, este costo representaba 0.28% del PIB del país (El Financiero, 2021). Adicionalmente, otro tercio de punto porcentual del PIB se destina a la administración de las prisiones. Estos recursos podrían redirigirse hacia programas preventivos que, según la evidencia internacional, generan retornos de entre 4 y 7 dólares por cada dólar invertido en reducción de costos futuros del sistema de justicia.

Costa Rica logró un hito importante al reducir la sobrepoblación carcelaria del 43% al 5.8% entre 2018 y 2022 (El Economista, 2022), demostrando que tenemos la capacidad de implementar cambios significativos en nuestro sistema. Sin embargo, esta reducción en sobrepoblación no se tradujo en una disminución proporcional de los homicidios, lo que confirma que expandir la capacidad carcelaria es una solución incompleta.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha anunciado su apoyo para que Costa Rica implemente un programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia, incluyendo la actualización del modelo de prevención de los Centros Cívicos por la Paz. Esta representa una oportunidad histórica para reorientar nuestra estrategia nacional hacia un enfoque más efectivo y humano.

Mi propuesta para Costa Rica se basa en tres pilares fundamentales. Primero, una redistribución gradual del presupuesto que dirija 30% de los recursos actualmente destinados al sistema penitenciario hacia programas de prevención primaria en un período de cinco años. Esta redistribución debe priorizarse hacia intervenciones que hayan demostrado efectividad científica.

Segundo, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional mediante la creación de un mecanismo que integre efectivamente al MEP, PANI, CCSS, Ministerio de Justicia y gobiernos locales en estrategias unificadas de prevención. Esto requiere superar las históricas rivalidades institucionales y trabajar hacia objetivos comunes claramente definidos.

Tercero, la implementación de sistemas rigurosos de monitoreo y evaluación que permitan medir el impacto real de las intervenciones. Solo así podremos ajustar los programas según los resultados obtenidos y asegurar que los recursos se inviertan de manera eficiente.

Es fundamental cambiar nuestra mentalidad sobre qué constituye seguridad efectiva. La verdadera seguridad ciudadana no se construye con muros más altos ni condenas más largas. Se edifica mediante oportunidades educativas genuinas, familias fortalecidas, límites claros pero justos, comunidades cohesionadas y segundas oportunidades reales para quienes han cometido errores.

La evidencia científica internacional es irrefutable: la prevención no solo es más humana que el encarcelamiento masivo, sino que también es más efectiva para reducir el delito y más económica para el Estado. Costa Rica tiene la oportunidad de ser pionera en América Latina implementando un modelo de justicia basado en rehabilitación y prevención, siguiendo ejemplos exitosos como el de Noruega.

Tenemos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para hacer este cambio. Lo que necesitamos es la voluntad política para tomar decisiones basadas en evidencia científica en lugar de reacciones emocionales al delito. Necesitamos liderazgo que mire más allá de los ciclos electorales y piense en el país que queremos legar a las próximas generaciones.

El momento de actuar es ahora. Cada día que postponemos esta transformación, más vidas se pierden, más familias se destruyen y más recursos se malgastan en un sistema que ha probado su ineficacia. El futuro de Costa Rica no debe escribirse tras las rejas, sino en aulas bien equipadas, hogares fortalecidos y comunidades que invierten en la dignidad y el potencial de cada persona.

Es hora de elegir entre la facilidad de las soluciones simplistas y la responsabilidad de construir un país verdaderamente seguro. Es hora de elegir entre el castigo que perpetúa ciclos de violencia y la prevención que los rompe. Es hora de elegir entre gastar más en cárceles o invertir inteligentemente en transformar vidas.

Como sociedad, debemos superar la tentación del venganza disfrazada de justicia y abrazar la complejidad de abordar las raíces del problema. La verdadera valentía política no está en prometer mano dura, sino en tener la honestidad de reconocer que nuestro enfoque actual ha fallado y que necesitamos un cambio de paradigma basado en evidencia, no en emociones.

El futuro nos juzgará por la decisión que tomemos hoy. Podemos seguir siendo un país que reacciona con ira ante cada delito, o podemos convertirnos en una nación que previene sistemáticamente las condiciones que generan violencia. La elección es nuestra, y el momento es ahora.

Dr. Pablo José Cruz es Director del Instituto Robert Owen y Perito Externo del Poder Judicial.

Referencias

Blogs BID Seguridad Ciudadana. (2019, abril 11). Cómo reducir la reincidencia delictiva mejorando las cárceles. https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/un-camino-para-reducir-la-reincidencia-delictiva/

CNN Español. (2025, enero 3). Costa Rica registra su segundo año con mayor número de homicidios, según cifras oficiales preliminares. https://cnnespanol.cnn.com/2025/01/03/latinoamerica/costa-rica-homicidios-cifras-oficiales-orix

El Economista. (2022, abril 12). Costa Rica redujo la sobrepoblación carcelaria del 43% al 5.8% en 4 años. https://www.eleconomista.net/actualidad/Costa-Rica-redujo-la-sobrepoblacion-carcelaria-del-43--al-5.8--en-4-anos-20220412-0024.html

El Financiero. (2021, junio 29). Criminalidad cuesta a Costa Rica el doble que a países desarrollados. https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/criminalidad-cuesta-a-costa-rica-el-doble-que-a-paises-desarrollados/SGCLHJLVHZBRPBDBJFN6LTR6WY/story/

Legal Today. (2022, octubre 27). La tasa de reincidencia delictiva como indicador de eficacia del sistema penitenciario. https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penitenciario/la-tasa-de-reincidencia-delictiva-como-indicador-de-eficacia-del-sistema-penitenciario-2022-10-27/

Los Tiempos. (2024, enero 22). Prisiones "High Standing" rehabilitación sobre castigo. https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20240122/prisiones-high-standing-rehabilitacion-castigo

Observatorio de la Violencia, Ministerio de Justicia y Paz. (2024). Tablas y gráficos. https://observatorio.mj.go.cr/recursos/tablas-y-graficos