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Argentina ya atravesaba una grave crisis económica cuando empezó la pandemia hace un año, por lo que fue uno de los países más golpeados del mundo en 2020.
Llevabados años de recesión y tenía una de las peores tasas de inflación y una de las monedas más devaluadas del mundo cuando llegó el coronavirus en marzo de 2020.
El temor a la covid-19 y la prolongada cuarentena que ordenó el gobierno para tratar de frenarlo, provocaron una contracción económica de casi el 10%.
La cifra es un punto menor a la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que sufrió Argentina durante la crisis de 2001/2002, que hasta ahora había sido la peor en su historia, cuando más de la mitad de la población cayó por debajo de la línea de pobreza.
Hoy más de cuatro de cada diez argentinos son pobres, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Con los precios subiendo un 40% interanual y el peso depreciándose casi un 30% en 2020 y aún más el año anterior, no es difícil entender por qué cada vez son menos los que logran llegar a fin de mes.
El presidente Alberto Fernández, quien asumió tres meses antes de que empezara la pandemia, debió reestructurar una enorme deuda heredada (equivalente al 90% del PIB del país), y no pudo acceder a los mercados de crédito, como han hecho tantas otras naciones para financiar la crisis sanitaria.
En vez, ha recurrido a la emisión monetaria -es decir, a imprimir dinero-, acelerando el efecto inflacionario.
El peronista Fernández y su vicepresidenta, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), también han aplicado una serie de medidas heterodoxas -algunas muy polémicas- para tratar de paliar la crisis.
Aquí te contamos cuáles han sido las principales iniciativas del gobierno para intentar mantener el país a flote y buscar un repunte económico.
Con el empleo cayendo en todas partes del mundo a causa del coronavirus y las cuarentenas, el gobierno argentino tomó una inusual medida en marzo de 2020, cuando la pandemia era incipiente, para evitar que lo mismo ocurra en Argentina: prohibió los despidos.
A través de un decreto incluso prohibió las suspensiones de trabajadores.
Si bien la medida inicial duraba 60 días se ha extendido sucesivamente hasta el día de hoy. La última prórroga, en enero pasado, rige hasta finales de abril, por lo que la prohibición durará más de un año.
La medida del gobierno busca proteger a los trabajadores, con la intención de que no pierdan sus fuentes de ingreso.
Sin embargo, ha resultado ser un palo en la rueda para las empresas, ya que el personal representa el principal costo de los empleadores.
En medio del freno económico, con una grave caída de la actividad en muchos sectores, prohibir los despidos dejó a las compañías sin "margen de maniobra", le explicó a BBC Mundo el economista Martin Vauthier, director de la consultora Eco Go.
El experto señaló que las más golpeadas han sido las pequeñas y medianas empresas (pymes), que generan el 75% del empleo en el país.
Según una encuesta realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), más de 41.000 pymes cerraron sus puertas en 2020, el doble de las que desaparecieron durante la crisis de 2001/2002.
Esta es una de las principales causas por las que, a pesar de la prohibición de despedir, el desempleo aumentó del 8,9% en 2019 al 11% a finales de 2020.
La cifra -equivalente a un0s 2,2 millones de personas- no contempla a los casi 800.000 argentinos que directamente dejaron de buscar empleo, entre otras cosas por las restricciones para usar el transporte público durante la larga cuarentena.
No obstante, el gobierno ha destacado la efectividad de la prohibición.
Durante un encuentro con empresarios a finales de 2020, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, señaló que la pérdida de empleo en Argentina "fue baja en relación con otros países".
Moroni también resaltó que el gobierno asistió a unas 300.000 empresas y a 2 millones de trabajadores a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que subsidió el 50% de los salarios de empresas privadas durante la etapa más estricta de la cuarentena obligatoria.
Esta no es la primera crisis económica que enfrenta Alberto Fernández.
Como jefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007), el actual mandatario fue un actor clave en la recuperación que vivió el país tras la debacle de comienzos de siglo.
Y está convencido que Argentina volverá a ponerse de pie de la mano del sector que lo levantó hace dos décadas: el campo.
La depreciación del peso ha hecho que los principales bienes de exportación argentinos, como la soja, el trigo, el maíz y la carne, resulten baratos, haciéndolos más atractivos.
La suerte también parece estar favoreciendo nuevamente al país sudamericano: al igual que en 2003, los precios de los granos se han vuelto a disparar a nivel global, aumentando la entrada de divisas.
Para sacar provecho de esta bonanza, Fernández aumentó los impuestos sobre las exportaciones agrícolas.
A días de asumir, eliminó por decreto algunos topes impositivos impuestos por su antecesor, Mauricio Macri, y volvió a subir los aranceles sobre el trigo y el maíz a 12%.
En tanto, la venta al extranjero del mayor producto de exportación, la soja, quedó gravada con un impuesto del 30% de su valor. En marzo, la cifra se aumentó al 33% para los grandes productores.
Con estos gravámenes, se estima que el fisco argentino recaudará este año unos US$8.000 millones más que la campaña pasada.
Sin embargo, las subidas tensaron la relación entre el gobierno y el sector agrícola, generando temores de que se reeditaran los enfrentamientos y paros del primer gobierno de Fernández de Kirchner, cuando, tras suceder a su marido en 2007, intentó aumentar la tasa sobre la exportación de soja al 35%.
Algunas decisiones posteriores del presidente Fernández, como una suspensión temporal de las exportaciones de maíz con la intención abaratar el costo local de la carne y la leche (el maíz se usa como alimento de las vacas), o la amenaza de expropiar la quebrada cerealera Vicentin, una de las principales empresas agroexportadoras del país, pusieron a ambos sectores al borde de un choque.
No obstante, la decisión del gobierno de dar marcha atrás con ambas iniciativas evitó que el conflicto escalara, y el campo suspendió sus medidas de fuerza.
Otro motivo de malestar de los productores agrarios con el gobierno es la llamada Ley de Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como el impuesto extraordinario a la riqueza.
Se trata de un gravamen propuesto por el Ejecutivo, y aprobado por ley en enero pasado, que tasa los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos (unos US$2 millones).
El pago es por una única vez, aunque los detractores aseguran que bien podría mantenerse, como ha ocurrido con otras tasas, supuestamente transitorias, que surgieron durante la emergencia de 2001/2002 y siguen vigentes hasta el día de hoy.
El gobierno anunció que espera recaudar alrededor de US$3.000 millones con este aporte excepcional, que aplica tasas que van del 2% al 3,5% para fortunas en el país, y hasta 5,25% para bienes en el exterior.
El dinero será destinado a garantizar el abastecimiento de suministros médicos, a ayudar a pequeñas y medianas empresas, y a financiar becas estudiantiles, desarrollos sociales y proyectos de gas natural, algo que ha sido apoyado por un amplio sector de la población.
Pero hay varios motivos por los cuales este "aporte solidario" ha causado enojo entre los grandes productores agrarios y los empresarios.
El primero es que Argentina ya tiene un impuesto a la riqueza, el llamado Impuesto a los Bienes Personales, que aplica tasas que van del 0,5% al 1,25% para patrimonios en el país y del 0,7% al 2,25% para bienes en el exterior.
Por este motivo, los críticos afirman que el nuevo impuesto supone una "doble imposición".
También lo consideran "confiscatorio", ya que ambos gravámenes sumados pueden llegar al 7,5%, más que cualquier renta financiera, obligando a algunas personas a tener que vender parte de su patrimonio.
Pero el punto más controvertido de esta ley, que ha sido cuestionado incluso por algunos que apoyan la idea de tasar más a los más ricos, es que también impacta en los bienes productivos.
"Grava el capital de trabajo, los bienes de cambio (sementera, stock de granos, hacienda), la maquinaria y todos los demás activos que, en su conjunto, son la base de producción y desarrollo de la Argentina", criticó la Fundación Barbechando, compuesta por productores agroindustriales.
La Fundación y diversos grupos empresariales advirtieron que la ley "aumentará el desempleo y desalentará la inversión", ya que alcanza todos los activos de una persona, incluyendo sus participaciones en sociedades productivas.
El 22 de marzo pasado una jueza federal aceptó un amparo presentado por un ejecutivo que consideró que el impuesto afecta su derecho a la propiedad. La magistrada ordenó al fisco abstenerse de cobrar el aporte en ese caso.
Ahora la justicia deberá definir si el nuevo gravamen es constitucional o no.
Más allá del manejo de sla economía, una de las claves que necesitará Argentina para salir de la crisis es lograr un acuerdo con su principal acreedor, el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En 2018 el organismo le otorgó al entonces presidente Mauricio Macri el mayor préstamo de su historia: US$57.000 millones.
Argentina llegó a recibir US$44.000 millones antes de que el gobierno pasara a manos de Fernández, quien desistió de recibir el resto del préstamo.
Desde entonces, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha estado abocado a reestructurar la abultada deuda del país, que en total asciende a unos US$320.000 millones.
Primero, logró renegociar con el grupo más duro: los bonistas extranjeros, muchos de los cuales se habían negado a un canje durante el gobierno de los Kirchner.
Paradójicamente, el FMI resultó ser un apoyo clave del país para lograr reestructurar esos US$65.000 millones en deuda extranjera.
A pesar de la inesperadamente buena sintonía entre el gobierno y "el Fondo", las partes aún no han logrado acordar una fórmula para devolver esos US$44.000 millones.
La nación sudamericana pretende extender el plazo de pago más allá de los 10 años que permite el Acuerdo de Facilidades Extendidas del organismo, sobre la base de que el FMI acordó con Macri un préstamo "impagable".
Pero el Fondo se ha negado a una duración mayor, afirmando que su reglamento no lo permite.
Muchos analistas creen probable que un acuerdo, que seguramente incluirá la exigencia de reformas estructurales, recién se firmaría después de los comicios legislativos de medio término, en octubre.
Mientras tanto, Argentina cuenta con un doble alivio para llegar a fin de año.
Por un lado, los ingresos extras mencionados arriba, que llegarán gracias al campo y al impuesto a la riqueza.
Pero además, el país espera recibir una ayuda económica de la más inesperada de las fuentes: el propio FMI.
El organismo anunció que repartirá US$650.000 millones entre sus países miembros a través de los llamados derechos especiales de giro (en inglés: Special Drawing Rights o SDR). Se trata de la mayor inyección de liquidez en la historia del FMI
Se prevé que Argentina reciba US$4.354 millones, un monto incluso superior a las reservas netas -es decir, de libre disponibilidad- que tiene su Banco Central.
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