Costa Rica avanza hacia un nuevo modelo de adquisición en salud: la compra pública innovadora (CPI).
Este enfoque, ya respaldado por un marco legal vigente, busca transformar el modelo tradicional de licitaciones para aquellas soluciones de salud que requieren formas novedosas de adquisición a nivel de la seguridad social, mediante procesos más flexibles y colaborativos entre el Estado y el sector privado.
Su objetivo es acelerar el acceso a tratamientos más efectivos, donde la innovación no solo implica tecnología, sino también eficiencia y valor real para los pacientes
Bajo esta premisa, se realizó el foro “La Compra Pública Innovadora como instrumento para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud” a cargo del Ministerio de Hacienda, la Cámara Costarricense de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El evento reunió a líderes del sector público y privado con el objetivo de impulsar la CPI como una estrategia clave para enfrentar los desafíos actuales e incrementar la competitividad del sistema de salud costarricense, tal y como lo recomiendan organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“La compra pública innovadora es un campo donde todos estamos empezando a explorar formas distintas de acercar la innovación a las personas. No se trata de gastar más, sino de que podemos hacer cosas distintas y podemos usar los recursos de una manera más eficiente”, dijo Álvaro Soto, Gerente General de Roche Caribe, Centroamérica, y Venezuela.
Esta visión también es compartida por Gustavo Crespi, especialista principal en Competitividad, Tecnología e Innovación del BID, quien insiste en que la CPI es fundamental para aplicar la llamada “innovación abierta”, una práctica común en el sector privado, pero que el sector público ha tardado en adoptar.
“Es abierta porque hoy el cambio técnico es muy rápido y además es muy complejo, entonces es muy difícil que cualquier organización, inclusive del sector público, por ejemplo la Caja que es una organización muy grande, puedan incorporar todas las capacidades que se requieren al día de hoy para innovar. Entonces, dado que no es rentable hacer todo adentro, tienes que buscar socios en el ecosistema”, advirtió.
Precisamente, esa necesidad de colaboración es la que hace fundamental la alianza público-privada.
Para Soto: “ya tenemos un marco que nos permite experimentar en nuevas formas de adquirir medicamentos y como país debemos trabajar en alianza para desarrollar experiencia y crecer en el enfoque de la CPI. El primer paso para que una alianza público-privada funcione es que tiene que haber confianza. Sin eso no vamos a avanzar. Una vez que tenemos la confianza, es necesario tener los objetivos y responsabilidades claras para todos de lo que a cada uno le corresponde. Solo así podemos co-crear soluciones que realmente resuelvan los problemas del país”.
Pero ¿qué debe cambiar dentro del sector público para que esto funcione? Para Yesenia Ledezma, directora de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, el cambio debe empezar dentro de las propias instituciones.
“Siendo nosotros conscientes de que no hemos podido solucionar problemas que evidentemente la ciudadanía necesita que se resuelvan, creemos que la CPI es apropiada para hacer esos diálogos con el sector privado, pero primero hay que identificar problemas, ya sea a lo interno de las instituciones y que este sistema también de compra pública, de innovación, comience a caminar, no puede ser un esfuerzo aislado”, explicó.
Ledezma también destacó que ya se han dado pasos importantes. Desde el Ministerio de Hacienda se impulsó una política pública específica para CPI, se crearon guías, se realizaron talleres con instituciones clave como la Caja, el INS, entre otras, y se trabajó con el BID para desarrollar capacidades técnicas.
“La ley ya existe, pero la clave ahora es la implementación práctica. No podemos quedarnos solo en el papel”, advirtió la directora.
En esa línea, Crespi subraya que Costa Rica puede aprender de otros países que implementaron antes este modelo.
“La lección aprendida más importante es que tener un marco normativo que habilite a hacer compra pública e innovación es importante, pero no es suficiente. Modificar la ley es solo el primer paso; si no se acompaña de acciones concretas, no ocurrirá ningún cambio real. La experiencia de otros países presentes en este foro demuestra que es indispensable implementar programas de capacitación en el sector público, formar a los órganos de control, crear espacios de experimentación y establecer mecanismos de financiamiento que permitan aprovechar ese marco legal. Costa Rica inició este camino en 2022 y ha avanzado rápidamente, pero aún queda un largo trayecto por recorrer”, finalizó.
