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El alivio de las sanciones de Estados Unidos a la Venezuela de Nicolás Maduro abre una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.
Washington anunció hace unos días el levantamiento de algunas de las restricciones que pesaban sobre las exportaciones de petróleo y otros activos venezolanos en respuesta al acuerdo que el gobierno de Maduro y una delegación de la oposición venezolana firmaron en Barbados y que contempla la celebración de elecciones presidenciales en país en 2024.
Estados Unidos acusa a Maduro de liderar un régimen autoritario y lleva años exigiéndole “el restablecimiento de la democracia”. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, describió el acuerdo como “un paso necesario” en esa dirección.
Las primeras consecuencias visibles del nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países fueron la liberación de seis opositores encarcelados en Venezuela y la llegada a Caracas de los primeros vuelos con venezolanos indocumentados deportados desde Estados Unidos.
Las sanciones se levantan en principio solo por seis meses y quedan muchas incógnitas por despejar en el camino hacia una normalización política plena en Venezuela, como la suerte de María Corina Machado, elegida candidata de unidad de la oposición en las recientes elecciones primarias pero sobre la que aún pesa una inhabilitación que le impide participar en la carrera a la presidencia.
Washington advirtió que las sanciones podrían reestablecerse si Maduro no sigue dando pasos como la liberación de “presos políticos” y el fin de las trabas a los dirigentes opositores.
Pero, con todas las cautelas, la relajación de las sanciones supone un cambio significativo en la estrategia de “máxima presión” que Estados Unidos ha seguido hacia Caracas desde 2019 y abre un escenario diferente al de los últimos años.
Una serie de licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizaron a Venezuela a producir y exportar petróleo sin limitaciones durante seis meses.
El Departamento del Tesoro también levantó restricciones a la exportación de gas y otras que pesaban sobre la minera estatal venezolana Minerven, que exporta oro y otros minerales.
Esto facilitará las actividades comerciales en el exterior del Estado venezolano.
Venezuela ha sufrido durante la presidencia de Nicolás Maduro una de las peores crisis económicas de la historia reciente, que ha consumido cerca de tres cuartas partes de su Producto Interno Bruto y empujado a emigrar más de 7 millones de venezolanos, cerca de una cuarta parte de la población.
En esas circunstancias, aumentar los ingresos por la venta de petróleo que, según las estimaciones de los expertos representa dos tercios de los ingresos del Estado venezolano, se vuelve especialmente urgente.
Sobre todo, para Nicolás Maduro que, si bien ha resistido en el poder estos años de crisis, ha visto como las encuestas recogían una caída en picado de su popularidad.
Conseguir un aumento de los recursos disponibles para el gobierno precisamente en un año electoral como el que parece que será el próximo, es crítico para el gobierno, ya que podría destinarlos a los subsidios y programas asistenciales que cimentaron la imagen del fallecido expresidente Hugo Chávez y que se han resentido por las penurias en la era de Maduro.
El líder venezolano necesita dinero, más después de que su última gira por China terminara con palabras de amistad y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, pero sin compromisos económicos significativos de Pekín.
Francisco Monaldi, director del Programa de Energía en América Latina del Instituto Baker de Estados Unidos, le dijo a BBC Mundo que “la primera consecuencia será que parte del petróleo que Venezuela tiene que vender en el mercado negro a compradores chinos ofreciendo descuentos superiores al 20% para sortear las sanciones se desviará ahora hacia las refinerías estadounidenses del Golfo de México, donde podrá obtener precios significativamente superiores”.
Los expertos esperan también un moderado aumento de la producción petrolera venezolana.
”Podemos esperar un aumento de la producción petrolera venezolana, pero no inmediatamente. Habrá que esperar por lo menos hasta 2024 porque la industria petrolera necesita una inversión importante y muchos cambios. El escenario más factible es que estemos en 1.050.000 barriles para 2024”, señaló en conversación con BBC Mundo Luis Oliveros, profesor de Economía Petrolera en la Universidad Central de Venezuela.
Esa cifra superaría los 800.000 barriles diarios en torno a los que parece haberse estabilizado la producción de crudo venezolano en los últimos años, pero seguiría estando muy lejos de los cerca de tres millones y medio que llegó a generar el país en la década de 1990.
De llegar, el aumento de la producción no lo hará de la noche a la mañana.
La dirección de la estatal PDVSA fue renovada en marzo de este año en medio de un inusual escándalo de corrupción que le costó el cargo al entonces vicepresidente y ministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami.
La compañía arrastra años de mala gestión e ineficiencia y los esfuerzos del gobierno por devolverle la capacidad productiva perdida chocan con los fallos en el suministro eléctrico frecuentes en Venezuela y las dificultades para encontrar materias primas con las que mezclar el pesado crudo venezolano.
Los expertos pronostican que el aumento inminente es el que llegará de la estadounidense Chevron, que participa en proyectos con PDVSA y ya se había beneficiado de una exención anterior de las sanciones.
La energética estadounidense aumentó gracias a ella su actividad en el país e incrementó en unos 100.000 barriles diarios su producción.
“Otras empresas extranjeras presentes, como las europeas Repsol, ENI y Maurel & Prom podrían tener un aliciente para reiniciar sus actividades ante la posibilidad de cobrar parte de la deuda que PDVSA tiene con ellas y el alto precio actual del petróleo”, explica Oliveros.
Pero los expertos descartan una recuperación súbita y pronunciada del sector petrolero venezolano.
Monaldi señala que “se requerirá una gran inversión para reflotar la industria petrolera y probablemente las compañías extranjeras no estén dispuestas a realizarla hasta que no haya mayor claridad sobre el futuro político y económico del país”.
La presión migratoria en la frontera sur de EE.UU., donde se registran un número casi récord de indocumentados detenidos, se ha convertido en uno de los principales problemas domésticos del presidente Joe Biden.
La posibilidad de deportar a los venezolanos que migran clandestinamente es una manera de aliviarla y de contrarrestar las críticas de sus rivales republicanos que, con Donald Trump a la cabeza, le acusan de no actuar frente al “caos fronterizo”.
Biden da muestras de estar endureciendo la política migratoria de los primeros años de su mandato después de que incluso desde estados demócratas como Nueva York, Illinois o Massachusetts, las autoridades denunciaran que la llegada masiva de migrantes amenazaba con saturar sus servicios asistenciales.
El creciente malestar de gobernadores y alcaldes demócratas puede haber sido una de las claves de la decisión de la Administración Biden de buscar la colaboración del gobierno de Maduro en el programa de deportaciones.
La suerte de los ciudadanos estadounidenses que continúan presos en cárceles venezolanas es otra de las prioridades de Washington.
Aunque no hay un compromiso específico sobre ellos en el acuerdo, lo dejó claro en el comunicado de su Departamento de Estado en el que se aseguraba que se espera que Maduro dé pasos hacia la liberación de todos ellos y del resto de “presos políticos” antes de que termine noviembre.
Washington también dijo esperar avances en la situación de los opositores inhabilitados.
Por otra parte, las sanciones llevaban años en vigor y había quedado clara su ineficacia a la hora de conseguir su objetivo de forzar a Maduro a hacer concesiones a la oposición y participar en un nuevo proceso electoral con garantías después del de 2018, que ganó en medio de acusaciones de irregularidades y el rechazo de la oposición a participar.
En el campo energético, según explica, José Toro Hardy, “Venezuela siempre había actuado como un proveedor alternativo fiable para Estados Unidos en momentos de inestabilidad en Medio Oriente”.
Y la guerra ahora en curso en Gaza hace temer por una posible escalada que implique a otros grandes productores de la región, como Irán o Arabia Saudí. A lo que se suman los recientes recortes de producción decididos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que han contribuido a un encarecimiento del crudo en los últimos meses.
Todo ello hace interesante reactivar el flujo petrolero venezolano. Como dice Oliveros, “Venezuela es el gigante dormido del mercado petrolero mundial y América Latina siempre ha sido visto por Estados Unidos como su patio trasero”.
Biden busca la reelección en las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2024 y la historia enseña que pocas cosas dañan más la imagen de un presidente en Estados Unidos que unos precios de la gasolina altos.
Sin embargo, los expertos coinciden en que la aportación venezolana al suministro mundial de crudo será “residual” y esperan que, al menos inicialmente, solo tendría un impacto leve en el precio de la gasolina en las gasolineras estadounidenses.
Monaldi subraya que “en las previsiones más optimistas estamos hablando de que Venezuela podría inyectar 300.000 barriles en el mercado y la producción mundial de petróleo actualmente está en más de 100 millones de barriles, por lo que esa aportación venezolana no supondría más que un 0,2 o un 0,3% del total”.
Lo que podría sumar Venezuela es mucho menos de lo que han recortado su producción países como Arabia Saudita o Rusia.
El experto indica que “una Venezuela saneada y con un marco institucional renovado podría acercarse a los 3 millones de barriles, pero eso requiere inversiones improbables en el contexto actual”.
La evolución de los acontecimientos y su impacto económico dependerán de que se consoliden los avances.
La recuperación del petróleo venezolano llevará tiempo y la continuidad del alivio temporal de las sanciones está supeditado a que se resuelvan asuntos como la viabilidad de la candidatura de María Corina Machado, en el que un acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolana parece aún lejano.
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