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En 1982, 13 jóvenes colombianos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por fuerzas policiales.
Este 8 y 9 de abril, 42 años después de estos hechos, la Universidad Nacional de Colombia les entregó simbólicamente el título universitario a 4 de ellos.
“Hemos buscado en cada rincón, tocado cada puerta y agotado todos los recursos en nuestra búsqueda desesperada por encontrar a Humberto”, expresó Teresa Sanjuán al recibir el título de su hermano menor, Samuel Humberto.
En total, la universidad graduará simbólicamente a ocho estudiantes que fueron desaparecidos en 1982 por una alianza entre el F2, una temida estructura de inteligencia de la policía colombiana que se disolvió en 1995, y el grupo narcoparamilitar asociado a Pablo Escobar Muerte A Secuestradores (MAS).
Samuel Humberto fue detenido en Bogotá cuando tenía 22 años. Estudiaba Antropología. Desde el 8 de marzo de 1982 su familia no volvió a saber de él ni tampoco de su hermano, Alfredo Rafael, estudiante de Arquitectura e Ingeniería Catastral.
Alfredo y Humberto eran líderes estudiantiles. Según una de muchas versiones, fueron quienes pintaron la emblemática imagen del Che Guevara (que ha sido borrada y se ha vuelto a pintar decenas de veces) en uno de los costados de la plaza principal de la Universidad Nacional.
Son dos de las 13 víctimas de desaparición forzada cuyas familias se agrupan en el Caso Colectivo 82.
Sin conocerse previamente, las familias de los 13 jóvenes se unieron hace décadas para crear la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dedicada a reclamar que se busque a los desaparecidos en Colombia.
En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por las desapariciones. Y en 2022 fueron declaradas crímenes de lesa humanidad.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, son más de 100.000 los desaparecidos en el marco del conflicto armado colombiano.
La Comisión de la Verdad, la institución creada por el Acuerdo de Paz con las FARC para reconstruir el largo conflicto colombiano, describió el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay (de 1978 a 1982) como un momento de intensa estigmatización de los universitarios de izquierda por parte del Estado y la fuerza pública.
Fue en ese contexto que los ocho estudiantes universitarios, tres campesinos, un mecánico y un sastre fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el F2 en Bogotá y Cundinamarca entre marzo y septiembre de 1982.
Se los acusaba sin ninguna prueba de estar implicados en el secuestro y asesinato de los tres hijos del narcotraficante José Jader Álvarez, de 5, 6 y 7 años.
A cuatro de ellos se los vinculó en la investigación penal.
A dos, se los terminó condenando después de que hubieran desaparecido y, según sus abogados, “sin haberse llevado a cabo un juicio justo en el que pudieran defenderse con el pleno de garantías”.
Desde entonces, las familias de las víctimas acusaron a José Jader Álvarez y agentes de la fuerza pública de colaborar para hacer desaparecer a los jóvenes.
El caso fue inicialmente investigado por la justicia militar. Al menos 20 agentes fueron vinculados, pero en 1987 un inspector de policía decidió cerrarlo.
En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado fue responsable de las desapariciones y decretó, además, que no podía ser la justicia militar quien investigara el caso por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos.
Pero no fue hasta 2008 que la Fiscalía colombiana pidió una revisión del caso, al reconocer que hubo una “omisión protuberante en el deber del Estado de investigar”. En junio de 2011, el caso se reabrió, pero desde entonces no se ha avanzado ni en sanciones para los responsables ni en la búsqueda de los jóvenes.
Al cumplirse 40 años de las desapariciones, Cajar, el colectivo de abogados que acompaña a las víctimas del Colectivo 82, pidió declarar el caso como un crimen de lesa humanidad.
La Fiscalía lo hizo tras reconocer que la investigación ha estado rodeada por un “halo de impunidad y desidia”.
Solo dos de las 13 personas desaparecidas del Colectivo 82 han sido encontradas.
Teresa y Yolanda siguen buscando a sus hermanos, Alfredo Rafael y Samuel Humberto, y reclamando justicia.
“Quisiera decirles que llevo su sangre en mis venas, sus ideales en mi cabeza, sus canciones en mis oídos y su amor en mi vida”, les escribió en una carta pública Hilda Maritza, hija de Teresa, a sus tíos que desaparecieron cuando era apenas una niña.
Martha Ospina, hija de otra de las víctimas del Colectivo 82, les escribió a quienes desaparecieron a su padre: “Deseo que la conciencia los toque y los moleste y los conmueva a contar la verdad”.
El título que les otorga la Universidad Nacional a los ocho desaparecidos es para sus familias una medida de reparación y un homenaje.
“Es una lucha para que la memoria no desaparezca. Son homenajes que hay que rendirle solamente por su memoria, porque no tenemos más”, expresó Teresa en la graduación simbólica de su hermano Samuel Alberto.
Los 13 desaparecidos del Colectivo 82 son Orlando García Villamizar, Pedro Pablo Silva Bejarano, Alfredo Rafael Sanjuán, Samuel Humberto Sanjuán, Rodolfo Espitia Rodríguez, Edgar Helmut García Villamizar, Gustavo Campos Guevara, Hernando Ospina Rincón, Rafael Guillermo Prado, Edilbrando Joya Gómez, Francisco Antonio Medina, Bernardo Acosta Rojas y Manuel Darío Acosta Rojas.
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