Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
La violencia con la que el ejército de Guatemala disolvió este lunes la primera gran caravana de migrantes de 2021 puso el foco internacional sobre el país centroamericano.
Un día antes, miles de soldados y policías ya habían impedido el paso con palos y gas lacrimógeno al multitudinario grupo, en su mayoría hondureños, que trataban de llegar a Estados Unidos con la esperanza de que el próximo gobierno de Joe Biden flexibilice su política migratoria
Huyendo de la violencia y la pobreza en su país aún más acentuada tras los últimos huracanes, miles de migrantes ingresaron en Guatemala de manera irregular desde el viernes y sin mostrar la prueba negativa de covid-19 que se les exige.
La fuerte represión policial, que hizo que estos migrantes retrocedieran o incluso regresaran a su país de origen, fue criticada por organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, un organismo estatal pero autónomo del gobierno.
BBC Mundo habló con su titular, Jordán Rodas, quien tilda la actuación de los agentes frente al grupo de migrantes -en el que se encontraban familias enteras, mujeres y niños- de "deplorable e injustificable".
Destacó que sienta un "funesto precedente" en la política migratoria de la región y avanzó que lo ocurrido podría acarrear sanciones internacionales al gobierno guatemalteco (la entrevista ha sido editada por motivos de longitud y claridad).
¿Cómo califica la actuación del ejército y policía frente a esta caravana de personas?
Es deplorable el brutal uso de la fuerza por parte del ejército de Guatemala en contra de personas migrantes. Fue realmente indignante ver que los hermanos y hermanas hondureños fueron recibidos a garrotazos, a palos y con gases lacrimógenos.
Estuvo lejos de ser una reacción, como centroamericanos y como seres humanos, de empatía y solidaridad hacia estas personas. Porque a nadie le gusta dejar su comunidad y su familia, sino que lo hace porque realmente las condiciones de su país le obligan a ello.
A ninguna persona se le puede mancillar su dignidad, porque la dignidad es la esencia de los derechos humanos. Y migrar es un derecho humano.
¿Cree entonces que fue una respuesta desproporcionada?
Fue desproporcionada, irracional y no se justifica. Ojalá que el ejército combatiera al crimen organizado en Guatemala con esa vehemencia, con esa fuerza y con esa cantidad de contingentes que vimos frente a los migrantes. Sería otra la historia.
Pero ensañarse así con personas civiles que salen por la precariedad que hay en su país es muy lamentable. Nada justifica el recibimiento que se les dio en Guatemala, y sienta un funesto precedente.
El ejército dio un ultimátum a los migrantes para que se retiraran de la carretera que mantenían bloqueada antes de desalojarlos por la fuerza este lunes. ¿Cómo debería haber actuado el ejército en esa situación?
El no uso de la fuerza de esa forma desproporcionada y brutal como hicieron.
El gobierno les exige a los migrantes documentación en regla y una prueba negativa de covid-19. ¿Es viable que personas que huyen de la pobreza puedan pagar este tipo de tests?
No se le puede pedir que pague por una prueba de covid-19 a gente que no tiene qué comer. Es el hambre lo que puede hacer a la gente tomar medidas desesperadas como viajar con sus niños y realizar un viaje así.
Deberían instalarse en la frontera laboratorios móviles para dar este servicio de forma gratuita. Hay que dar las facilidades administrativas para que se cumpla lo que pedimos en nuestro territorio.
Es una ley que tiene su justificación razonable, pero ese requisito de la prueba no puede ser una limitante, ni mucho menos una justificación para reprimir de la forma que lo hicieron.
Respecto a la documentación, hay que recordar que el tratado del CA-4 permite la libre movilización a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses por sus países con solo su documento de identidad, sin necesidad de pasaporte. Este es un tratado vigente.
¿Qué ha hecho al respecto la Procuraduría que usted dirige?
Hemos hecho las recomendaciones a las entidades correspondientes, porque no fueron dignas las condiciones con las que se trató a estas personas que están en nuestro territorio. Abrimos un expediente y pedimos los informes (a las autoridades) que nos tienen que entregar en cinco días hábiles para cruzar los datos y ver cuál es la situación.
Lo que sí doy es una voz de alerta como procurador de Derechos Humanos porque se están abriendo las puertas a una crisis humanitaria de naturaleza regional. Deberíamos ser capaces de proponer fórmulas de desarrollo equitativo en Mesoamérica, y no solamente reaccionar cuando se producen estos fenómenos de éxodos masivos.
¿Cuáles serían esas fórmulas?
Lo ideal sería que cada persona pudiera desarrollarse en su propio país, pero evidentemente ahí es donde uno se cuestiona nuestros gobiernos.
Se tiene que apostar por resolver los problemas estructurales que provocan estos movimientos migratorios, estos éxodos: la desigualdad, la corrupción que resta oportunidades de vida digna en todo el mundo, pero que en Centroamérica es muy recurrente.
Y también repensar el modelo político y económico con el que atajar las grandes desigualdades y la falta de oportunidades de trabajo digno por las que la gente sale de su país por pura sobrevivencia, pensando en el sueño americano que muchas veces acaba en pesadilla.
También está el compromiso de la comunidad internacional de revisar el modelo de cooperación que no siempre ha sido el mejor. Yo estoy esperanzado con la política migratoria de Joe Biden en EE.UU., que por lo anunciado parece que será distinta a la de Trump, que se caracterizó por no tener ningún elemento de derechos humanos.
¿Esta actuación del ejército frente a los migrantes le podría suponer algún tipo de consecuencia o sanción internacional al gobierno de Guatemala?
Sin duda alguna. La Federación Iberoamericana del Ombudsman que yo presido ya puso en funcionamiento el protocolo que tenemos para estos casos de migrantes.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación y no se descarta que incluso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos hablando de un trato que no es digno y que no es coherente con los derechos humanos universales.
Guatemala culpó a Honduras de incumplir los compromisos asumidos para disuadir a los migrantes. ¿Qué responsabilidad tiene su país de origenen esta situación, y qué responsabilidad recae sobre los gobiernos extranjeros que dificultan su migración hacia un tercer país en busca de una vida mejor?
No podemos echar culpas fuera cuando son nuestras propias autoridades las responsables.
Este gobierno de Honduras, el de Guatemala… todos tienen su cuota de responsabilidad, pero históricamente, el sistema político siempre ha fracaso por no haber podido hacer lo que dicen nuestras Constituciones: buscar el bien común. Eso se refleja en esa precariedad de vidas.
Atendiendo a la dramática situación que viven muchos de estos migrantes en sus países, ¿debemos hablar de una caravana de migrantes, o de refugiados?
Hay de todo en este grupo: hay quienes huyen de la pobreza extrema, otros huyen por temas políticos, y también los fenómenos naturales como las tormentas Eta e Iota, o la propia pandemia de covid-19, han causado un daño severo en Centroamérica.
Pero más allá del estatus que sea, la respuesta a estos migrantes tendría que ser de carácter humanitario, y no con esa fuerza brutal por parte de las fuerzas de seguridad.
¿Cuál es el llamado que hace la PDH de Guatemala al gobierno para afrontar esta situación con la caravana de migrantes?
Abstenerse de un uso irracional de la fuerza. Que no se lesione a las personas migrantes, que suficiente daño moral y físico han tenido en su país como para aquí agarrarles a puro palazo.
No, eso no es de humanos, no tiene nada que ver con la dignidad y los derechos humanos.
¿Y cuál es el llamado a los migrantes que conforman este grupo?
Que denuncien cualquier abuso, que no por ser extranjeros en nuestro territorio dejan de tener derechos.
Recordemos que en estos casos existe el riesgo de la trata de personas, que es el tercer delito más lucrativo del mundo después del tráfico de drogas y de armas.
Migrar es un derecho, pero tienen que tener cuidado de que sus necesidades no sean aprovechadas económicamente por terceros.
Pero hoy, lamentablemente, nuestra esperanza no está en nuestros gobiernos por ineficientes, por opacos y por corruptos, sino en una política distinta de Biden y los demócratas en EE.UU.
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
