Bancos piden cambios equilibrados a proyecto de ley contra estafas financieras

Imponer a los bancos la responsabilidad automática en todos los casos de estafas financieras tendría consecuencias negativas para el país, advirtió la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Y es que esta medida podría abrir la puerta al “auto fraude”, en el que personas simulan ser víctimas para obtener un beneficio indebido, y a la vez encarecer los servicios para los clientes, según el sector.

El crimen organizado ha convertido las estafas en un fenómeno en expansión, con técnicas cada vez más sofisticadas, desde la manipulación psicológica hasta el uso de nuevas tecnologías.

En este escenario, representantes de la banca insisten en que cualquier cambio que se introduzca al proyecto de ley, que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, logre un balance de responsabilidades entre entidades financieras, clientes y autoridades.

“Las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común. Los responsables son los criminales, no los bancos ni mucho menos las víctimas. Por eso es fundamental avanzar en un marco legal que equilibre derechos y deberes de todos los actores”, dijo Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.

Asimismo, las normas deben contemplar excepciones claras en casos donde exista dolo —fraude simulado por el propio usuario— o negligencia grave, como el descuido en la protección de claves.

Si estas situaciones no se distinguen, se genera un incentivo para que algunos aprovechen la ley en perjuicio del sistema y en última instancia, de los mismos consumidores, de acuerdo con la organización.

Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC, explicó que en la mayoría de los fraudes los sistemas bancarios no son vulnerados, sino que el engaño se produce porque las personas son manipuladas por delincuentes para entregar sus datos.

“Esto evidencia la importancia de reforzar la educación financiera y digital, y de contar con una normativa equilibrada que distribuya de forma justa la responsabilidad, sin revictimizar a quienes han perdido sus ahorros”, agregó.

Otro de los puntos señalados por la ABC es la necesidad de que la legislación establezca plazos definidos para investigar los casos de estafa y ofrecer a las víctimas respuestas en tiempos razonables.

Esto permitiría determinar con rapidez si el cliente tuvo alguna responsabilidad o si el delito fue cometido exclusivamente por terceros.

La ABC subraya que los bancos realizan inversiones constantes en seguridad digital, monitoreo de transacciones y campañas de prevención, sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes si la ley no evoluciona al mismo ritmo que el crimen organizado.