Responsabilizar a bancos por estafas bancarias no se traducirá en más delitos cibernéticos, según diputado del PLN
Asociación Bancaria Costarricense (ABC) califica plan de simplista, irresponsable y riesgosa
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En medio de un contexto alarmante de aumento en los delitos informáticos en el país, el diputado liberacionista Óscar Izquierdo defiende el proyecto que responsabilizaría a los bancos por una eventual estafa electrónica.
La propuesta, que ya está lista para discutirse en primer debate, ha generado preocupación en la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), quien advierte de autoestafas y un incremento en este tipo de delitos.
No obstante, izquierdo niega esta posibilidad y asevera que continuará con la iniciativa.
“El proyecto no incentivará la proliferación de estafas, ya que los bancos no están obligados a devolver automáticamente el dinero. Antes, deben realizar una investigación y constatar que existen elementos de prueba suficientes. Solo entonces procederán con la devolución de los fondos”, dijo el legislador.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2024 se reportaron más de 10 mil denuncias por delitos informáticos, casi el doble que en 2023.
Uno de los elementos clave del proyecto es la inversión de la carga de la prueba en procesos judiciales y administrativos relacionados con fraudes bancarios, lo que, en palabras de Izquierdo, busca evitar una segunda victimización de las personas afectadas.
“Hoy las víctimas se enfrentan a una tramitología tortuosa, y eso no es justo. Este proyecto da un giro hacia una defensa más firme de sus derechos”, indicó.
La normativa también establece la responsabilidad objetiva de las entidades financieras como custodios del dinero de sus clientes.
Esto implica que los bancos deberán implementar mecanismos ágiles para la devolución de montos retenidos por fraudes, siempre que exista evidencia razonable. No obstante, en casos de simulación o fraude deliberado, las personas usuarias enfrentarán penas de prisión de uno a tres años.
Las críticas de la banca
Desde la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), se ha cuestionado la iniciativa por considerarla “simplista, irresponsable y riesgosa”.
Según Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, “el proyecto parte del supuesto de que los bancos son los responsables de las estafas, lo cual no es cierto.
Este enfoque puede incentivar nuevas modalidades delictivas, como personas simulando ser víctimas en colusión con grupos criminales”.
La ABC ha citado el caso de Chile como ejemplo de los riesgos de una legislación similar. Tras una reforma legal en 2020 que asignaba automáticamente la responsabilidad por fraudes digitales a los bancos, las estafas se duplicaron en ese país. Esto llevó al gobierno chileno a reformar nuevamente la normativa en 2024, limitando esa responsabilidad automática.
Además, la Asociación advierte sobre posibles impactos económicos si se traslada el costo de las estafas a los bancos: menores tasas de interés para ahorrantes y mayores tasas para quienes tienen préstamos, lo que afectaría a la ciudadanía en general.
A pesar de las objeciones, el proyecto ya finalizó la etapa de conocimiento de mociones 137 y regresará al Plenario Legislativo para su discusión en primer debate.
Izquierdo reiteró su compromiso con las víctima.
“Este proyecto no busca castigar a la banca, sino establecer un equilibrio de responsabilidades. Las personas no deben quedar indefensas frente a un fenómeno que crece cada día. Es hora de modernizar nuestra legislación para enfrentar con eficacia el crimen cibernético”, finalizó el diputado.
