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Los costarricenses podrían estar más expuestos a estafas electrónicas en caso de aprobarse un proyecto de ley que impulsa el Partido Liberación Nacional (PLN) para establecer una mayor responsabilidad de las entidades financieras ante un delito electrónico.
La iniciativa, calificada por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) como simplista, irresponsable y riesgosa, haría mucho más lucrativa la actividad de los estafadores y provocaría un repunte en la cantidad de fraudes en el país.
Y es que, en Chile se aprobó en el pasado una legislación similar, lo cual disparó los casos de estafas porque sería más fácil para los infractores salirse con la suya.
La ABC advierte que una situación similar se vivió en Chile, tras una reforma de ley semejante a la que propone el diputado liberacionista Óscar Izquierdo.
El proyecto en cuestión pretende que los bancos asuman automáticamente los costos de los fraudes electrónicos, una medida que, a criterio de la ABC, no ataca el problema de fondo, que son las redes delictivas organizadas que perfeccionan constantemente sus métodos para estafar a los usuarios.
“El proyecto de ley adopta una visión muy simplista del problema, pues parte del supuesto de que los responsables de las estafas son los bancos (…) En realidad, las estafas bancarias son un fenómeno de crimen organizado que afecta tanto a los clientes como a las entidades financieras. Lo planteado en el proyecto, al exigir que el banco pague, abre la posibilidad de que surjan nuevas modalidades delictivas”, dijo Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.
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Una de las preocupaciones señaladas por Cubero es el surgimiento de esquemas en los que personas simulen ser víctimas de estafa para obtener reembolsos ilícitos, en complicidad con grupos criminales.
“Lo importante es evitar que el dinero de las estafas llegue a los delincuentes. Solo así se resolverá la causa raíz del problema”, puntualizó.
Además, la Asociación advierte que trasladar automáticamente el costo de las estafas a las instituciones financieras generaría un impacto económico negativo con tasas de interés más bajas para los ahorrantes, e intereses más altos para los deudores.
Cubero también cuestionó el proyecto en términos legales, al considerar que violenta principios de razonabilidad y justicia consagrados en la Constitución. Señaló que la responsabilidad de los bancos debe aplicarse cuando existe dolo o negligencia grave, pero no cuando se han tomado medidas razonables para prevenir fraudes.
La ABC citó como ejemplo el caso de Chile, donde en 2020 se aprobó una ley que asignaba automáticamente la responsabilidad del fraude digital a las entidades bancarias. Según el Banco Central de Chile, las pérdidas por fraudes digitales se duplicaron en 2023 respecto al año anterior, alcanzando su punto más alto. La situación obligó a las autoridades chilenas a reformar nuevamente la ley en 2024 para limitar el principio de responsabilidad automática.
Las entidades bancarias costarricenses aseguran que han venido reforzando sus sistemas de ciberseguridad e invirtiendo en campañas educativas para que los usuarios reconozcan los métodos utilizados por los estafadores. Asimismo, destacan que ya existe normativa vigente que regula la responsabilidad en casos de fraude, la cual ha permitido que múltiples casos sean resueltos a favor de los clientes en los tribunales.
Costa Rica vio duplicarse los delitos informáticos en 2024, pasando de un promedio de 14 casos diarios en 2023 a 27 en el último año.
Este alarmante crecimiento, calificado como una “explosión” por Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), marca un cambio en el panorama delictivo del país, donde los ciberdelitos están desplazando los crímenes tradicionales contra la propiedad.
De acuerdo con las cifras del OIJ, en 2024 se registraron 10.040 denuncias por delitos informáticos, un salto de más del 90% en comparación con las 5.259 denuncias de 2023.
Aplicar varias medidas de seguridad le ayudaría a evitar una estafa:
