Actas y contratos claves en caso de Refinería

Aclarar responsabilidades, definir presuntos pagos en beneficios y salarios a siete funcionarios costarricenses que fueron designados para trabajar en Soresco, son hechos que forman parte de las investigaciones judiciales.

Las actas de la junta directiva de Recope, los contratos y demás documentos  rmados que hagan mención al convenio y la creación de la empresa conjunta entre Costa Rica y China fueron secuestrados por la Fiscalía y el OIJ.

Entre las o cinas que fueron objeto de la búsqueda de pruebas destaca la del gerente general de Recope, Jorge Rojas, en el piso nueve de la sede central de la institución.

Las diligencias judiciales también tuvieron lugar en el piso 12 del edificio en Barrio Tournón, se trata de la estancia del presidente ejecutivo, o cina que permanece vacía desde el pasado 20 de junio tras la renuncia de Jorge Villalobos luego de que la Contraloría frenara el proyecto de la nueva refinería.

Entre las líneas que se siguen en este caso, se investiga en primera instancia la comisión de al menos cuatro delitos.

Primero, la influencia en contra de la hacienda pública, por este caso las sanciones van desde los dos hasta los ocho años de prisión para cualquier funcionario que en ejercicio de su cargo intervenga para lograr resultados favorables.

Además, se buscan pruebas por prevaricato, es decir, casos en los cuales funcionarios dictan resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos.

Aunque todavía no se imputa a ninguna persona en este caso, la Fiscalía también centra su atención en los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.

El expediente de esta investigación fue abierto en 2008.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net