Abogado de Rodrigo Chaves acusa al fiscal Carlo Díaz de “inventarse un caso”
Solicita a los diputados que soliciten el informe completo de Christian Bulgarelli para analizar los hechos
Luego de una larga exposición, José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, acusó a Carlo Díaz de cometer un “error de bulto” en la acusación y de “inventarse un caso”.
Detalló que en el expediente establece que la causa contra Christian Bulgarelli se abrió el 4 de abril de 2025, pero antes de esa fecha no existía proceso alguno contra el empresario Federico Cruz.
La imputación fue por favorecimiento real, una figura penal que castiga a quienes ayudan a otros a ocultar un delito.
Villalobos sostuvo que el supuesto enganche de la vivienda para Federico Cruz fue pagado directamente por Bulgarelli a la dueña del condominio, por lo que Díaz necesitaba “inventarse un caso contra Bulgarelli” para luego ofrecerle un criterio de oportunidad.
“¿Cómo puede ser el empresario víctima de un delito y, al mismo tiempo, acusado de favorecimiento real?”, cuestionó el abogado, calificando la acusación de “perversa”.
El abogado dijo que deben solicitarse más documentos al Poder Judicial porque este caso tiene una serie de incongruencias.
El mandatario describió este caso como un montaje descarado liderado por la red de cuido del Poder Judicial.
Aseguró que el acto fue una venganza en su contra para silenciarlo debido a que ha denunciado casos que ningún presidente ha denunciado.
“Este es el país de la impunidad, donde no hay justicia y mucho menos cumplida. Casos como Diamante, Cochinilla y Aldesa nunca se resuelven, mientras narcos y sicarios entran y salen de los tribunales como si nada”, afirmó Chaves.
El presidente está siendo denunciado por el posible delito de concusión, al igual que Jorge Rodríguez, el ministro de Cultura, quienes habrían exigido $32.000 al asesor presidencial Federico “Choreco” Cruz.
Ese dinero, según la denuncia, se habría destinado como enganche para la compra de una casa en el residencial Barlovento, en La Unión, y provenía de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para servicios de comunicación de Casa Presidencial.