Carretera a San Ramón volverá a manos del Estado

Divorcio con OAS finalizado

¿Y ahora qué? Las opciones

Con $35 millones compensará el Gobierno a la empresa OAS por la ruptura de la concesión dada, para ampliar la autopista entre la capital y San Ramón.
A cambio, la empresa, que inicialmente pidió una compensación de unos $50 millones, entregará los planos, en los cuales había invertido, lo que permitiría al Estado utilizarlos para hacer la obra.

El viernes anterior concluyó la negociación, después de tres meses de revisar propuestas de ambas partes para establecer el costo que tendría para el Gobierno, romper el contrato.
Con el acuerdo entre el Gobierno y OAS, el país evitará futuros problemas como arbitrajes.
Recuperar la potestad del proyecto conlleva la responsabilidad de proponer una alternativa para realizar los trabajos incluidos en la concesión.
Existe de momento, la propuesta de crear un fideicomiso con fondos del INS y operadoras de pensiones.
Ya la Asamblea tiene un proyecto de ley, que fue redactado por el Foro de Occidente.
“La ruta se necesita, el proyecto apenas será discutido en plenario con el objetivo de contribuir al desarrollo de una región a la que le urge una mejor vía, dijo Manuel Hernández, diputado del Movimiento Libertario.
Del otro lado, surge la idea de una licitación internacional con financiamiento, que permitiría el cobro de peajes más baratos, propuesta sugerida por Pedro Castro, ministro de Obras Públicas.
Finalizar el contrato con OAS supone un retroceso en todo el proyecto de modernización de la ruta a San Ramón, con la hoja en blanco solo queda analizar la opción del fideicomiso o la licitación internacional para desarrollar la urgente obra.
La salida de $35 millones se debe pagar antes del próximo 15 de marzo como parte del acuerdo entre el Gobierno y la empresa brasileña.
Este dinero reconoce $15,2 millones a la firma concesionaria por los planos y diseños de la ruta a San Ramón que ahora pasan a manos del Estado para proyectos futuros.
Además, se le reconocerán a OAS las 34 expropiaciones que se lograron concretar para el desarrollo de la obra en los terrenos a lo largo de la ruta.
Los gastos de preoperaciones y los impuestos son los otros rubros que se concretaron como parte del pago que se acreditará a la empresa.
La negociación arrancó luego de que la presidenta, Laura Chinchilla anunciara en abril pasado que el contrato se “suspendía por mutuo acuerdo” para frenar el convulso proyecto que enfrentó la oposición comunal por los altos peajes establecidos.
Aunque el Gobierno da este acuerdo como definitivo, el Foro de Occidente prepara un proceso contencioso para impedir al Gobierno el pago, porque el concesionario habría cometido incumplimientos que pudieron dejar el contrato sin efecto.
“Creemos que es un acuerdo que tiene muchos problemas de legalidad y muchas cláusulas de nulidad, es un contrato que se puede frenar”, explicó, Paul Brenes, dirigente del Foro de Occidente.

 

 

 

 

 

 

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net
@MavendanoLR