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La situación del crimen organizado en Latinoamérica, sus avances y los desafíos para los gobiernos fueron analizados durante el Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística, realizado el pasado 5 de noviembre en el Centro de Convenciones.
El tema fue expuesto por Jim Kuykendall, exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA), quien explicó algunos patrones de movimiento de las organizaciones criminales y el panorama de algunos de los gobiernos de la región.
Uno de los puntos abordados fue que las estrategias de represión militarizada asociadas al denominado “modelo Bukele” se están extendiendo desde El Salvador hacia Ecuador, Honduras y otros países.
A pesar de ello, se advirtió que los modelos de mano dura redujeron la violencia visible a corto plazo, pero dejaron intactas, en la mayoría de los casos, las finanzas, la corrupción y las estructuras de gobernanza criminal.
Además, se destacó que países que tradicionalmente se consideraban periféricos, como Costa Rica, Ecuador, Panamá y Chile, se han convertido en escenarios centrales de organizaciones criminales a medida que las rutas de tráfico cambian y los cárteles buscan nuevos territorios.
Este cambio de panorama coincide con la situación que vive Costa Rica en materia de seguridad, un aspecto que el exagente de la DEA también enfatizó.
Según explicó, el país, considerado durante mucho tiempo una de las democracias más seguras y estables de la región, se ha convertido en un importante centro de transbordo y almacenamiento de cocaína entre Sudamérica, Estados Unidos y Europa.
Esta situación también se refleja en las estadísticas de seguridad, según las cuales siete de cada diez homicidios están vinculados al narcotráfico, de acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de Costa Rica, de la Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana.
Kuykendall también señaló que los grupos criminales están diversificando sus actividades más allá del narcotráfico y participan en ámbitos como la minería ilegal de oro, la trata de personas, el contrabando de madera y el cibercrimen.
Ante este escenario, se destacó que el crimen organizado ha intensificado su efecto corrosivo sobre las instituciones electorales y judiciales, mientras que Washington ha endurecido su postura mediante designaciones terroristas, ataques militares y apoyo logístico.
Como respuesta, el experto hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto y crear fuerzas especializadas.
“Toda mi carrera he sido un promotor de lo que denominamos fuerzas de tarea. Las diferentes instituciones operan en distintas jurisdicciones, cuentan con sus propias bases de datos y tienen diferentes formas de trabajar. Cuando se unen, los esfuerzos se multiplican. Las oficinas de la DEA trabajan principalmente de esa manera, en coordinación con nuestros aliados de la policía estatal, la policía local y otras agencias federales”.
En referencia al contexto de Costa Rica, donde los poderes ejecutivo y judicial mantienen un enfrentamiento constante, el exagente enfatizó que las instituciones deben priorizar el beneficio común para obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado.
“Considero que es esencial que las instituciones compartan información y bases de datos, y que trabajen por el país, no para sus propios intereses, sino por el bien común de la sociedad”, concluyó Kuykendall.
