Ante la posibilidad de una vinculación de un sospechoso con el crimen organizado, los jueces deberían tener la posibilidad de aprobar la prisión preventiva, de acuerdo con Claudia Dobles, diputada de Agenda Ciudadana.

La legisladora, respaldó la propuesta de los magistrados de la Sala III para que los jueces puedan valorar los vínculos con el crimen organizado al decidir si dictan prisión preventiva contra personas investigadas por delitos.

Y es que, el país necesita fortalecer las herramientas judiciales para enfrentar a las organizaciones criminales, sin menoscabar las garantías del debido proceso, según ella.

“El crimen organizado tiene recursos, redes y capacidad para hacer que sus integrantes evadan la justicia o vuelvan a delinquir. Nuestros jueces necesitan herramientas claras para enfrentarlo, siempre con respeto al debido proceso. El proyecto ya está en la corriente legislativa. No hay que empezar de cero: la propuesta existe y está lista para discutirse”, manifestó Dobles.

La diputada también destacó que la iniciativa que presentó ante la Asamblea Legislativa coincide con el planteamiento de los magistrados de la Sala III.

“Celebro que los magistrados de la Sala Tercera planteen incluir el vínculo con el crimen organizado como criterio para que los jueces valoren la prisión preventiva. Es una coincidencia que nos da la razón: desde el 1.° de mayo presenté en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley expediente N.° 25.587, que propone precisamente esta reforma”, afirmó.

El pronunciamiento de la legisladora se produce en medio de la discusión sobre las herramientas legales que necesita el país para enfrentar el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado.

Los magistrados de la Sala III plantearon ante la Corte Plena la posibilidad de impulsar una reforma al Código Procesal Penal para incorporar los vínculos con organizaciones criminales entre los criterios que pueden valorar los jueces al ordenar prisión preventiva.

Actualmente, esta medida cautelar se analiza a partir de factores como el peligro de fuga y el riesgo de obstaculización de la justicia, entre otros presupuestos legales. La propuesta busca ampliar los elementos que pueden tomarse en cuenta en los casos relacionados con estructuras criminales.

El objetivo, según el planteamiento de los magistrados, es dotar al sistema judicial de herramientas que respondan a las características actuales de la criminalidad.