Vínculo con el crimen organizado sería suficiente para que jueces validen la prisión preventiva

En medio de la batalla que libra el país contra el narcotráfico, los magistrados de la Sala III proponen que se pueda dictar prisión preventiva contra las personas investigadas que tengan vínculos con el crimen organizado.

De esta manera, cualquier sospechoso de narcotráfico y lavado de dinero, así como de corrupción, estaría irremediablemente en la cárcel y no libre con medidas cautelares.

La propuesta la hacen los magistrados a la Corte Plena para que se redacte un proyecto de ley que modifique el Código Procesal Penal.

De esta manera, la prisión preventiva no sería exclusiva de las personas investigadas con peligro de fuga y peligro de obstaculización de la justicia.

“Las transformaciones experimentadas por la criminalidad en los últimos años plantean nuevos desafíos para el sistema de justicia penal. La actuación mediante estructuras organizadas, la disponibilidad de mayores recursos económicos y logísticos, la capacidad de influencia sobre terceros y, en determinados casos, la extensión territorial de esas estructuras puede incidir de manera relevante en los riesgos que el proceso penal procura cautelar”, señala el proyecto.

El objetivo de la reforma es dotar a la justicia de herramientas acordes con las características actuales de la criminalidad.

Asimismo, el plan introduce precisiones sobre el plazo para trasladar las apelaciones al tribunal de alzada y la suspensión temporal en el ejercicio de un cargo.

Al final del día, la propuesta tendría que ser discutida y avalada por los diputados.

Precisamente, esta es una propuesta que el gobierno anterior y el actual han estado impulsando.

Por otra parte, la Sala Primera y la Sala Segunda también impulsan cambios en la legislación contencioso-administrativa y laboral para evitar la reinstalación en sus puestos de funcionarios investigados por actos de corrupción.