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Los 30 años de la Constitución política de Colombia se cumplen en un momento sensible: cuando un estallido social ha dejado en evidencia la profunda fractura que subsiste en la sociedad colombiana.
El 4 de julio de 1991 se promulgó una nueva Carta Magna para atender, sobre todo, dos crisis: la violencia criminal y política y la desigualdad socioeconómica y judicial.
Hoy, aunque el país ha logrado avances importantes en tres décadas, existe cierto consenso en que las grandes aspiraciones de la Constitución del 91 "no se cumplen".
La carta política colombiana es considerada por diversos especialistas como una de las más completas, avanzadas y pioneras de América Latina. Esto gracias a un robusto sistema de acceso a la justicia, hecho para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, el acceso a servicios básicos, la participación política y las libertades de culto, pensamiento y expresión.
La Constitución del 91 fue la primera en la región en exigir al Estado un respeto especial por el medio ambiente.
Además, se intentó atender uno de los problemas más recurrentes de la traumática historia de Colombia, el cual tiene expresiones similares en otros países: el centralismo. El enfrentamiento político y administrativo entre Bogotá y las diversas regiones del país se quiso solventar con mayor autonomía y recursos para cada municipio y departamento.
Hoy, sin embargo, la indignación de muchos colombianos encuentra sus causas en elementos similares a los que generaron la ola de protestas que inspiró la Constitución hace 30 años: la violencia criminal, política e incluso estatal y la desigualdad de oportunidades, de acceso a los derechos y de distribución de la riqueza.
¿Qué fue, entonces, lo que pasó?
Los expertos consultados para este reportaje coinciden en los elementos que sí se cumplen de la Constitución.
"Logró poner en contacto al ciudadano común con el Estado y fundamentó los derechos de la dignidad humana y del respeto al derecho internacional humanitario", dice José Gregorio Hernández Galindo, magistrado de la Corte Constitucional durante 9 años.
Catalina Botero, abogada y miembro del movimiento estudiantil que dio origen a la Constituyente, añade: "La cultura de derechos cambió; ser un ciudadano hoy es distinto. Si eres una mujer embarazada no te pueden echar el trabajo. Si eres un joven militante no por eso te pueden echar de la universidad. Una empresa no te puede cerrar un sindicato. Porque si lo hacen, puedes poner una tutela".
La acción de tutela es probablemente la innovación más trascendental de la Constitución. Un mecanismo legal que cualquier ciudadano puede impartir ante la justicia para que el Estado garantice su acceso a un derecho constitucional.
Cada año, cientos de miles de colombianos ponen tutelas que en su gran mayoría (en el 80% de los casos) les terminan permitiendo el acceso a derechos de reclamación, salud, debido proceso, ayuda humanitaria y seguridad social, entre otros.
"No hay duda de que la Constitución acercó al pueblo al sistema judicial a través de la tutela, pero además le dio mayor poder al Congreso y limitó el poder del presidente", asegura la politóloga Mónica Pachón.
Entre 1970 y 1991, la figura del Estado de sitio, que daba garantías al presidente para gobernar por decreto, estuvo vigente en un 82% del tiempo. Desde el 91, en cambio, el presidente ha tenido poderes extraordinarios solo en situaciones concretas, urgentes, y por cortos periodos de tiempo.
Colombia hoy tiene menos pobres y menos homicidios que hace 30 años, pero sigue siendo una de las sociedades más violentas y desiguales de América Latina.
Fernando Carrillo, impulsor de la Constituyente, exministro y exprocurador, dice: "Las constituciones no cambian las realidades como el toque del rey Midas; son como los huesos del Estado: necesitan la musculatura de las instituciones para comenzar a cambiar las realidades".
"El Estado social de derecho consagrado en la Constitución requería tanto de un andamiaje institucional robusto como de un cambio en la cultura política que excluyera los escenarios de violencia, desigualdad y corrupción".
Y esto último, según Carrillo, no se consiguió.
Catalina Botero coincide: "Las decisiones políticas no han estado a la altura de la Constitución, porque las leyes de descentralización y del gasto social no se han aplicado del todo y con el tiempo se fue degradando el nombramiento de las ternas para liderar instituciones como la Defensoría del Pueblo o la Contraloría, las cuales se fueron politizando y perdiendo legitimidad".
La abogada concluye: "El poder político no ha sabido frenar la captura de las instituciones por parte de las clientelas".
Según los exconstituyentes, la incapacidad de la clase política de superar el clientelismo ha sido el principal ingrediente, aunque no el único, para que la Constitución no logre cumplir sus grandes cometidos de paz e igualdad.
Mónica Pachón, sin embargo, dice que los constituyentes fueron demasiado idealistas: "La violencia, por un lado, es un shock externo, no es algo que el Estado pueda controlar, porque cuando el Estado aumenta su capacidad de investigación, el narcotráfico y los criminales se transforman y se adaptan".
La analista, además, dice que no se trata solamente de cumplir la ley, porque "esta Constitución no solo planteó reglas, sino también una política pública concreta, y si tú tienes la política pública predeterminada, pierdes flexibilidad y margen para adaptarte a nuevos escenarios".
En "Las consecuencias inesperadas de la Constitución de 1991", un libro de varios economistas en el que participa Pachón, se argumenta que la carta política le dio un poder extraordinario al poder judicial que, en su afán por garantizar derechos sociales y políticos, afectó el crecimiento económico e impidió una apertura democrática de la economía en favor de la competencia y la equidad.
Desde los años 90, la histórica estabilidad de la economía colombiana empezó a cuestionarse, dejó de crecer más que el promedio de la región y sus tasas de informalidad laboral y pobreza pasaron a liderar los índices latinoamericanos, según datos del Banco Mundial.
Además, se argumenta en el libro, al querer abrir un sistema político hasta entonces dominado por dos partidos, la Constitución fragmentó el sistema político y creó espacio para que el lobby empresarial y el cabildeo influyeran más en el Congreso.
"La fragmentación ocurrida en el sistema de partidos y la creciente injerencia del aparato judicial en los campos económico y social han tenido consecuencias desfavorables sobre la calidad y sostenibilidad de diversas políticas económicas", escribe Robert Steiner, hoy miembro de la Junta del Banco de la República.
Haya sido porque la clase política no estuvo a la altura de los principios constitucionales o porque la Constitución amarró la política pública a premisas irrealizables o cambiantes, en la práctica las aspiraciones de igualdad y pacífica convivencia planteadas en 1991 siguen sin traducirse en hechos tangibles y duraderos.
Y es por eso que la gente, 30 años después, sigue en las calles exigiendo un país distinto.
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