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Una vez más, las opciones para resolver la crisis venezolana parecen agotarse.
Por un lado, el poder de Nicolás Maduro luce inamovible: la coalición de fuerzas institucionales que lo mantienen en el poder, entre ellos las Fuerzas Armadas, sigue cohesionada.
Por el otro, la oposición se aferra a no perder la esperanza de un cambio y a presionar por todas las vías: en las calles, en los medios, en el mundo.
Luego está una comunidad internacional que intenta mediar entre las fuerzas, pero cuyas propuestas han sido rechazadas por ambas partes.
Mientras tanto, la vasta mayoría de los venezolanos ven que, como pasó en años anteriores, la crisis humanitaria se puede profundizar si no hay soluciones políticas.
El dictamen este jueves del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), próximo al oficialismo, convalidando la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio y siguiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) confirma la prolongación del statu quo, escenario deseado por Maduro y su cúpula.
Sin embargo, la oposición liderada por María Corina Machado va a mantener la presión para que se cumpla lo que consideran el mandato popular de aquel 28 de julio, cuando el 70% de los venezolanos, según las actas publicadas, manifestaron su deseo de cambio.
¿Qué viene ahora? Los escenarios que se plantean tienen muchas formas, están llenos de matices y pueden superponerse entre ellos. Es probable, incluso, que como ocurrió con la economía la transición política se dé de manera gradual, lenta e improvisada.
Por mucho que todo esto suene familiar, la política venezolana siempre sorprende: hay similitudes con experiencias anteriores, sí, pero también elementos nuevos: la respuesta del gobierno es cada vez más dura y radical; la oposición está fuerte y unida como nunca; el chavismo perdió apoyo popular y la consecuencia migratoria convierte la crisis en una de orden internacional.
Aunque la sentencia del TSJ, acusado de parcial, busca resolver el asunto, la crisis está intacta. Y los servicios, la pobreza, la salud, la educación y la violencia empeoran.
Veamos, entonces, tres escenarios generales de hacia dónde puede ir la situación.
El gobierno de Maduro parece interesado en prolongar el estado de cosas: que la oposición se refugie ante la presión política, judicial y policial, que la comunidad internacional pierda el interés y que la gente tenga que resignarse a resolver su día a día.
Para eso, el oficialismo necesita ganar tiempo.
“El tiempo hoy no es un vector en el cual pasan las cosas, sino un arma política en una contienda”, dice Jesús “Chúo” Torrealba, un activista y exdirectivo de la oposición.
En crisis anteriores, el chavismo logró ganar tiempo hasta que la crisis menguó.
Pero, según Torrealba, esta vez la tiene más difícil: “El gobierno ya no es este ente todopoderoso que pone los términos; ahora está a la defensiva, actuando sin mucha sofisticación, y la oposición está a la ofensiva”.
Una oposición empoderada no va a resignarse a que las cosas sigan igual.
Ahí surge la posibilidad de que las cosas se deterioren.
“El gobierno le está apostando a una especie de escenario intermedio entre el statu quo y la profundización”, dice Mariano de Alba, un abogado próximo a la oposición y experto en diplomacia.
“Está dispuesto a profundizar el autoritarismo si tiene que hacerlo para tratar de mantenerse en el poder, pero preferiría un statu quo para evitar las reacciones y decisiones que en la práctica anulan las perspectivas de una recuperación económica, lo que seguiría aumentando el descontento masivo”.
Se suele decir que los venezolanos ya no tienen nada que perder: que sus familias apartadas y sus salarios paupérrimos son como tocar fondo.
Pero hay otra cosa que se suele decir: siempre se puede estar peor.
En efecto, el gobierno puede optar por una crisis más aguda.
Eso significa aceptar que les apliquen más sanciones económicas que les impidan la venta de petróleo o los obligue a venderlo más barato, afectando su flujo de caja. Que sus familias en el extranjero sean perseguidas por autoridades internacionales. Que ya no solo los líderes sino también militares medios y funcionarios públicos vean sus propiedades y visas congelados.
También se podría traducir en más represión ya no solo en contra de la oposición y sus activistas, que terminarían asilados y anulados, sino de la población en general, que se vería incapaz de manifestar sus opiniones en público, acceder a redes sociales u organizarse en comunidad para resolver problemas cotidianos como, por ejemplo, la recolección de basuras y la distribución del agua.
Eso, necesariamente, significaría un aislamiento casi total de Venezuela en el mundo, con la incapacidad de tener vías de comunicación con gobiernos vecinos para atender la crisis migratoria.
Colombia sería particularmente afectado por esto, no solo porque es el mayor receptor de migrantes, sino porque puso sus apuestas de paz con el Ejército de Liberación Nacional en la mediación de Maduro con la guerrilla.
Muchos ven en los casos cubano y nicaragüense ejemplos de lo que podría ser una profundización del autoritarismo en Venezuela, con una oposición anulada y elecciones sin competencia.
Venezuela, sin embargo, es un país más grande y conectado al mundo.
Las consecuencias de una profundización de sus crisis serían de una envergadura mucho más compleja de lo que ha visto la región en su historia reciente.
Aunque parece lo menos probable, una transición en Venezuela no se puede descartar.
Si la crisis se deteriora, o si se produce un estallido social de la magnitud del Caracazo, el evento de 1989 que significó el origen social del movimiento político que se tradujo en la victoria de Hugo Chávez en 1999, la posibilidad de que se quiebre el apoyo a Maduro entre militares y funcionarios es mayor.
Sin dinero, además, las deserciones son más difíciles de evitar.
“La oposición está apostando a un quiebre dentro del gobierno que obligue a Maduro a negociar su salida”, dice De Alba.
“Todo indica que el cálculo de quienes sirven de soporte a Maduro sigue siendo que prefieren el status quo, y si la oposición también llega a esa conclusión, haría bien en abrirse a lo que plantean los negociadores”.
En este escenario es donde sí juega un rol la comunidad internacional, que bajo el liderazgo de Colombia y Brasil, países gobernados por los izquierdistas Gustavo Petro y Luiz Inacio Lula da Silva, que tienen vías de diálogo con el chavismo, ha propuesto destrabes como unas nuevas elecciones o un gobierno de cohabitación transitorio.
La oposición, en principio, ha rechazado estas iniciativas. Tambén el gobierno. Pero una versión de éstas puede entrar en la ecuación.
Torrealba se plantea el escenario: “La única manera de aceptar unas nuevas elecciones es que sean antecedidas por un gobierno de coalición, con un relevo de las autoridades militares y electorales y sin las condiciones desequilibradas y antidemocráticas en que se dieron las elecciones (del mes pasado)".
“La oposición puede llegar a aceptar algo así porque es un hecho que no tiene la fuerza para hacer valer el resultado de las elecciones del 28 y porque para la oposición es importante encontrar una solución a la crisis”, añade.
Se suele plantear el desenlace de la crisis en términos de blanco y negro: o elecciones, o gobierno de coalición, o salida de Maduro, o gobierno de Machado. No se suele hablar, sin embargo, de versiones abigarradas de la transición que les den opciones a todos.
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