11 empresas o consorcios están interesados en desarrollar Marina y Terminal de Cruceros para Limón

Al menos 11 empresas internacionales o consorcios están interesados en desarrollar una nueva Marina y Terminal de Cruceros para Limón.

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Se trata de una obra de $854 millones, la cual tiene el potencial de generar unos 23 mil puestos de trabajo.

Entre las empresas interesadas se encuentran gigantes de la infraestructura como China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), la cual actualmente está ampliando 107 kilómetros de la ruta 32 a cuatro carriles entre San José y Limón y es considerada como la segunda empresa de dragado más grande del mundo, realizando proyectos en Asia, África y Europa.

Asimismo, Global Ports Holding Plc. ha mostrado interés. Se trata de uno de los mayores operadores de puertos de cruceros del mundo, con una presencia establecida en el Caribe, el Mediterráneo y Asia-Pacífico. La empresa opera actualmente 32 puertos de cruceros en 19 países.

En la lista también se encuentra Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME), el cual es un grupo internacional de empresas especializadas en el campo del dragado de capital y mantenimiento, así como la recuperación de tierras y desarrollo de infraestructura portuaria. El grupo tiene su sede en Bélgica y actualmente opera en los cinco continentes.

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A estos tres grandes jugadores se le agregan otras empresas y consorcios, algunos con participación costarricense como Platinum World CR Sociedad Anónima y Consorcio Maritime Policy Bureau Corp Y Constructora Meco S.A.

“Estamos hablando de una gran obra que implicaría una inversión millonaria y en la cual, Costa Rica aportaría el terreno por medio de Japdeva y la inversión sería privada. Todo eso se traduce en empleos y encadenamientos productivos”, dijo Susy Wing Ching, presidenta ejecutiva de Japdeva.

El megaproyecto es considerado estratégico por el gobierno de Rodrigo Chaves no solo para llevar desarrollo y oportunidades al Caribe, sino también en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.

En ese sentido, empresarios de la provincia, autoridades gubernamentales y otros expertos destacan la importancia de generar puestos de trabajo en el Caribe, lo cual ayudaría a controlar el problema.

El año pasado, el cantón central de Limón cerró el 2023 con una tasa de homicidios de 91 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional fue de 17.

“Estamos hasta las orejas de narcotráfico, con las tasas de homicidios más altas del país y sin fuentes de empleo, y a pesar de ello, hay gente que se para en la escoba. Pienso que la ley de Japdeva ya faculta a la institución para hacer alianzas estratégicas como esta”, dijo Rubén Acón, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón.

La molestia del empresario está relacionada con la advertencia que hizo la Contraloría General a Japdeva en torno a la figura legal escogida para desarrollar el proyecto.

El órgano fiscalizador del Estado advirtió al gobierno de Chaves que no puede impulsar el proyecto por medio de una alianza estratégica con una empresa privada, sino que está obligado a realizar un cartel de licitación pública.

La diferencia entre los dos procedimientos implicaría años de trámites burocráticos y la incertidumbre del proyecto, ya que la vía que propone la Contraloría implicaría retrasar el plan hasta el 2026 o 2027, mientras que la ruta que propone el gobierno de Chaves tiene como calendario a finales año para arrancar.

Para resolver el diferendo, la diputada María Marta Carballo del PUSC presentó un proyecto a la Asamblea que permitiría una interpretación auténtica de la ley de Japdeva y, con ello, el gobierno podría avanzar con el plan por medio de una alianza estratégica con el sector privado.

La otra vía es que el tema se incluya en un referéndum, como anunció el presidente en días pasados, de manera que los ciudadanos votarían directamente sobre este tema.

La preocupación de algunos actores políticos en torno al plan es que la vía propuesta por el gobierno pueda abrir un portillo para la corrupción, sin embargo, esto es descartado por Carballo.

“Durante años, hemos conocido proyectos que fueron licitados de forma ordinaria y fueron avalados por la Contraloría, y a pesar de ello, fueron foco de corrupción. Este es el caso de Cochinilla y Diamante, solo para mencionar ejemplos recientes. Entonces, decir que mediante la ley de contratación pública se evitarán casos de corrupción es una afirmación que no puedo respaldar. La ley de Japdeva ya permite este tipo de alianzas sin necesidad de una licitación pública”, comentó Carballo.