Frente Amplio propone regular secretos de Estado y garantizar transparencia

En medio de la polémica que se ha generado por la declaratoria de secreto de Estado en varios asuntos de seguridad, Sigrid Segura, diputada del Frente Amplio, presentó un proyecto de ley para regular y garantizar la transparencia en este tipo de declaratorias.

Para establecer controles claros, la iniciativa define plazos máximos estrictos para la vigencia de la declaratoria, limitándola a cinco años, con posibilidad de una única prórroga por el mismo período, para un máximo de diez años en total. Además, exige que cualquier futura declaratoria deba consultarse obligatoriamente a la Procuraduría General de la República de previo a su emisión.

Paralelamente, en ningún caso podrá utilizarse esta declaratoria para ocultar acciones que constituyan o faciliten violaciones a los derechos humanos; asimismo, la iniciativa prohíbe categóricamente que los montos de las compras públicas y los expedientes administrativos de contratación pública que realice la Administración sean sujetos a secreto de Estado.

“El proyecto también habilita a las autoridades judiciales a ordenar la desclasificación inmediata de información si existen indicios de violaciones a garantías constitucionales y reforma el Código Penal para garantizar que no sea punible a quienes revelen o investiguen información clasificada si esta expone actos delictivos o violaciones a los derechos humanos”, de acuerdo con Segura.

A mediados de agosto, la presidenta Laura Fernández declaró como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.

El secreto de Estado impone un deber de silencio absoluto a todos los participantes en estas instancias, incluyendo jerarcas, miembros de fuerzas policiales, personal de apoyo y asesores. El decreto advierte que quienes incumplan con esta disposición se exponen a procedimientos administrativos, sanciones legales por quebrantamiento del secreto y la resolución contractual sin responsabilidad para la Administración.

La decisión generó mucha molestia entre los diputados de oposición.