Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

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Miércoles 18 Marzo, 2015

Parece absurdo (e inevitable) que cada administración empeñe inútiles esfuerzos contra corriente con desgastantes medidas contra la facilitación de información pública


Hablando Claro

Varapalos constitucionales

La Sala IV le enderezó la plana al Ejecutivo y al Legislativo, recordándoles a sus jerarcas los extremos (paradójicamente claros para todos menos para los recurridos) que garantizan la defensa del acceso a la información de interés público que, dichosamente están bien resguardados en nuestra democracia.
Parece absurdo (e inevitable) que cada administración empeñe inútiles esfuerzos contra corriente con desgastantes medidas contra la facilitación de información pública. Pero como el hombre —dícese— es el único animal que tropieza dos veces en las mismas piedras, ahora el Ministerio de Justicia se tuvo que llevar, a cuenta del empecinamiento de su titular, una clarísima sentencia unánime que por recurrida, debió de reiterarse, para que se hiciera de conocimiento público la gravísima situación del hacinamiento penitenciario.
El procesamiento de los datos desagregados por ámbito carcelario —tal y como los tuvo que urgir vía recurso de amparo el colega David Delgado— no ha dejado lugar a dudas acerca del incuestionable interés público de la información que pretendió ser negada, con la argumentación de que constituía secreto de seguridad nacional.
Con idéntico razonamiento rechazado, Zapote pretendió sustentar la negativa a proporcionar sus listas de ingresos de visitantes.
Es incomprensible que la casa de gobierno permita que asuntos de poca monta se le conviertan en temas de gestión, toda vez que al elevar a categoría de secreto de Estado algo que pareciera tan baladí como las bitácoras de visitas a la por demás autodenominada casa de cristal, no hace sino levantar sombras de duda, en una sociedad en la que hemos hecho de la sospecha la primera herramienta de interacción.
Por supuesto, la lista de los visitantes a la Casa Presidencial es tan de interés público como la de visitantes al Poder Judicial o al Congreso de la República; tanto que, gracias a algunas de estas bitácoras, un colega de Telenoticias logró establecer en el gobierno anterior, como un ínclito padre de la Patria tenía montado su bufete en sede legislativa y en horario de debate.
Ergo, las listas siempre pueden servir para algo; aunque es bien sabido que quienes se quieren reunir en secreto para proponer un negocio turbio o lograr un favor inadecuado, no se reúnen en la Casa Presidencial, la Corte Plena o la oficina de un diputado.
El último varapalo constitucional se lo ganó el Directorio Legislativo, que tardíamente echo atrás en su acuerdo para controlar la entrega de información de sus distintas dependencias.
Estos fallos son siempre aleccionadores para políticos que ya sea por novatada o sabrá Dios por qué propósito, intentan erigirse en depositarios y controladores de derechos que exceden por mucho las competencias para las cuales fueron designados.
Lo sustantivo, en todo caso, es que tenemos una garantía efectiva de protección constitucional de acceso a la información pública que se revalida cada vez que un funcionario público, por la razón que sea, intenta vulnerarla.
No en balde somos el primer país latinoamericano y uno de los primeros del mundo, en garantizar el acceso a la información, según el último índice de Reporteros sin Fronteras. Enhorabuena.

Vilma Ibarra