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Vacas flacas persiguen al agro en 2011

Carolina Acuña cacuna@larepublica.net | Lunes 03 enero, 2011




Falta de inversión “pasará la factura” a productores
Vacas flacas persiguen al agro en 2011
Mejorar infraestructura, tramitología y revisar política económica es principal deuda del Gobierno ante el sector

El sector agrícola fue durante muchos meses de 2010 el que mantuvo índices positivos de crecimiento en el país, por lo tanto también de generación de empleo y aportando a las estadísticas de exportaciones números en azul. Pero 2011 será época de vacas flacas, y difícil que se mantenga la bonanza.
Los datos alentadores del agro medidos por el Indice Mensual de Actividad Agrícola (Imagro) son producto de la inversión en tecnología, abono, terrenos y buenas prácticas que se consolidaron en las empresas costarricenses durante años. Pero tras la recesión económica de 2009 y 2010 esas inversiones privadas no se están haciendo.
A lo anterior se suma que la inversión pública en temas como infraestructura, carreteras, puerto y aeropuertos no solo se ha ralentizado, sino que ha presentado un franco deterioro luego de los eventos climáticos de 2009 encareciendo los costos de transporte.
El sector agrícola genera 245 mil empleos directos y se calcula que 680 mil indirectos, la mayoría de ellos ubicados en zonas rurales, donde las opciones laborales no son las más abundantes.
“Estamos preocupados porque nadie nos presta atención dado que hay otros sectores más golpeados por la crisis, pero nuestro llamado es para que se sepa lo que podría sucederle a una de las actividades más importantes de la economía nacional si no se interviene ya”, dijo Alvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
Esta agrupación elaboró un documento de análisis con los elementos para la elaboración de una Política de Estado para el Sector Agropecuario para los próximos diez años.
“Nuestra visión del Estado costarricense es la de un facilitador: que provea servicios públicos de calidad, acompañe en los procesos productivos y comerciales, cree normas razonables, impulse la transferencia de tecnología, no participe como intermediario comercial y no obstaculice la iniciativa privada”, se detalla en el documento.
Y es que si bien es cierto dentro de la empresa privada la eficiencia y buenas prácticas deben mejorarse día con día, el gobierno tiene control de aspectos clave que afectan la competitividad directamente.
La tramitología es uno de los primeros escollos. En Costa Rica abrir un negocio o cerrarlo tarda cerca del doble del tiempo de lo que se dura en otros países socios comerciales o competidores.
“Por ejemplo en el Ministerio del Ambiente se pueden pasar hasta dos años sacando permisos para que una finca bananera trabaje, y hay que pedir un permiso individual para la oficina, para la empacadora, para la plantación y otro para las casas de los trabajadores, en lugar de tramitarse uno en conjunto”, dijo Edgar Quirós, presidente de la Cámara Nacional de Productores Independientes de banano. Mientras los trámites encarecen la operativa, el tipo de cambio del colón respecto al dólar reduce los recursos con que cuentan las fincas agroexportadoras para honrar sus gastos en colones, una moneda cada día más cara.
“Los costos nuestros aumentan, los salarios mínimos suben pero los ingresos bajan porque el tipo de cambio hace que el dólar valga cada vez menos”, recalca Sáenz.
Por ello las actividades que tradicionalmente han tenido buen suceso en el país como el café, el banano y desde hace unos años la piña, están siendo cada vez más vulnerables a la economía internacional.
“Nos va bien si hay heladas en Ecuador o problemas de producción de piña en otros países. Pero los cafetales nuestros tienen 35 años en promedio y los pequeños productores siguen con problemas de crédito mientras los países competidores sí tienen infraestructura para sacar su producción y líneas de préstamos”, asegura Quirós.
Los representantes del sector esperan que 2011 sea un año en el que el Gobierno vuelva los ojos a la tierra y apoye la producción, si no aseguran que la factura se pagará con menos empleos en zonas donde el agro es muchas veces la única opción laboral para las familias.

Carolina Acuña
cacuna@larepublica.net






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