Dinero para partidos se resolvería en un mes

TSE cuestiona bonos de deuda política

Contraloría y Procuraduría argumentaron a favor de mecanismo

El riesgo de rechazar la acción de inconstitucionalidad contra los bonos de deuda política es que se violenten algunos principios constitucionales de equidad y transparencia.

Así lo hizo saber Héctor Fernández, director de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, en una audiencia convocada ayer por la Sala IV.
Los demandantes reclaman que varios artículos del Código Electoral sobre los bonos de deuda política vulneran la Constitución.
Durante la exposición de los distintos puntos de vista, los tres entes que hablaron a favor de los bonos coincidieron en que resulta improcedente la acción contra todo el Código Electoral, ya que existen pruebas en el expediente de que el Tribunal sí fue consultado.
“El Tribunal cuando aprueba el Código no se opone a los certificados de cesión. Por sus efectos, pudiera estar vulnerando principios constitucionales de transparencia y equidad. Hay mucho riesgo de que se violenten estos principios, al no tener mucho acceso de algunos partidos a esta vía”, explicó Fernández.
A su vez, reconoció que de fallarse en contra de los demandantes se mantendría el riesgo, y criticó que algunas iniciativas del Tribunal para contrarrestar estos yerros no han sido atendidas.
Entre esas propuestas figuran el dar un monto mínimo a los partidos para propaganda, así como la obligación de brindar espacios por igual en los medios de comunicación para que los costarricenses conozcan a los candidatos.
“Si se desecha la acción nos toca ejercer los controles de fiscalización, para evitar estos peligros. En cuanto a la equidad sería difícil; un banco no tiene la misma obligación para darles el mismo dinero a todos”, reconoció.
Consultado al respecto, Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del PAC, concordó en que el mecanismo es imperfecto y se presta para anomalías.
“Los bonos no se van a poder usar, estamos pensando en mecanismos como los fideicomisos. Nosotros desearíamos que todo el financiamiento fuera público, es la mejor manera de garantizar independencia de los grupos de interés, que meten mano y luego tienen incidencia en el Gobierno”, comentó
La Sala IV emitirá una resolución definitiva en el plazo de un mes.

Luis Fernando Cascante
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