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Actual ministro y antecesores serían llevados ante el Ministerio Público por diputados de comisión investigadora
Tres jerarcas del MOPT enfrentarían denuncia penal
Fiscalía secuestró ayer documentos de Consejo Nacional de Concesiones y de Autopistas del Sol
Tres jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en los últimos años, tendrían que rendir cuentas ante la justicia por sus actuaciones en la construcción, concesión y fiscalización de la carretera a Caldera.
Los diputados de la Comisión Investigadora de Concesiones recomendarán la presentación de denuncias penales contra Francisco Jiménez, actual jerarca de Obras Públicas y sus antecesores Karla González y Marco Vargas.
A la ex ministra González, los legisladores le cuestionan no haber ejercido los controles necesarios a la empresa Autopistas del Sol, concesionaria de la ruta; mientras que en el caso de Vargas, le achacan haber puesto en ejecución la obra a pesar de que no estaba lista. Vargas es el actual ministro de la Presidencia y en la administración anterior, fungió como jerarca del MOPT por un periodo no mayor a los cuatro meses.
En el caso de Jiménez, las críticas están relacionadas con el atraso en el cobro de multas a la concesionaria.
“Estamos valorando la presentación de una denuncia penal contra varios funcionarios y ex funcionarios públicos, al considerar que hay elementos graves que deben ser valorados por la Fiscalía”, reconoció Víctor Emilio Granados, presidente de la Comisión Investigadora de Concesiones.
Además de los tres jerarcas del MOPT, la denuncia penal incluiría a Hadda Muñoz, gerente del proyecto; Luis Diego Vargas, ex jerarca del Consejo Nacional de Concesiones (CNC); Guillermo Matamoros, ex secretario técnico del CNC, y eventualmente hasta Rocío Aguilar, contralora general de la República.
Los diputados también analizan la posibilidad de recomendar que se inhabilite de cargos públicos a otros funcionarios, así como la exhortación de impulsar una reforma a la ley de concesiones.
“No queremos que esto se repita. Para eso, valoramos la presentación de denuncias penales, multas administrativas y otras cosas”, indicó José María Villalta, diputado del Frente Amplio.
LA REPUBLICA trató de conversar con el Ministro de la Presidencia y con su homólogo del MOPT, pero al cierre de edición, no habían devuelto los mensajes.
Por su parte, la ex ministra González ya enfrenta una denuncia penal por este tema, presentado por la Defensoría de los Habitantes. Anteriormente, había negado cualquier responsabilidad por las fallas detectadas, ya que ella dejó la función pública antes de que se inaugurara la ruta.
El anuncio de los diputados se da en momentos en que el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, realizó ayer seis allanamientos, en el Consejo Nacional de Concesiones, Autopistas del Sol, y las empresas fiscalizadoras Euro estudios–Imnsa y Cacisa Cano, así como la oficina de la gerente del proyecto y la empresa constructora San José.
El objetivo era secuestrar una serie de documentos relacionados con la concesión, construcción y puesta en práctica de la carretera, sobre todo, aquellos relacionados con la sección II de la ruta. La investigación pretende determinar entre otras cosas, si hubo pagos indebidos a funcionarios públicos o privados involucrados en el proyecto vial San José - Caldera.
“Se investiga la eventual comisión de delitos contemplados en la ley de enriquecimiento ilícito en los artículos 50 y 51, los cuales tienen penas entre los dos y ocho años de cárcel”, expresó Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Desde la inauguración de la carretera en enero de 2010, la polémica ha transitado por la ruta constantemente, debido a las fallas detectadas.
Algunas de ellas son los problemas con los taludes que han generado varios desprendimientos de rocas, así como un hundimiento en el kilómetro 47, entre Orotina y Atenas.
Las falencias de la carretera han hecho que el Gobierno haya ordenado, de manera intermitente el cierre de la ruta en varias ocasiones y fue el caldo de cultivo necesario, para que la Asamblea Legislativa iniciara una investigación que está a punto de recomendar sanciones políticas y hasta penales.
Sobre los allanamientos, representantes de la empresa Autopistas del Sol indicaron ayer que están en la mayor disposición de colaborar con la investigación, aunque sí reconocieron cierta sorpresa, ya que no conocían los motivos de la presencia de la fiscalía.
“Tal y como se ha venido realizando durante todos estos años, la concesionaria se pone a las órdenes de los organismos judiciales, para brindar en todo momento información o aclaraciones ante cualquier investigación que se deba realizar. Somos una empresa responsable y transparente, apegada a todas las normas y solicitudes de las leyes costarricenses”, manifestó Claudio Pacheco, subgerente de Mantenimiento de Autopistas del Sol.

Esteban Arrieta
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