Ticos escépticos con plan de Hacienda
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 17 enero, 2011
Alcanzar los objetivos requeriría mucho más que voluntad del fisco
Ticos escépticos con plan de Hacienda
Aunque el plan de reforma fiscal no se ha enviado a la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda inició las negociaciones con los sectores, lanzando una política para el control del gasto y la reducción de la evasión que pretende ser una “letra de cambio” para obtener el beneplácito de muchos de los detractores del plan.
Y es que la reforma que Fernando Herrero, ministro de Hacienda, planea llevar al Congreso incluye alzas de las tasas impositivas actuales, la creación de nuevos impuestos y gravar más actividades económicas, lo que generó descontento entre empresarios que aducen, entre otros que el Estado puede financiarse con los recursos actuales si hace uso más austero y recauda de manera más efectiva.
Por ello, el Gobierno lanzó la semana anterior una serie de medidas que pretenden una reforma legal para mejorar la recaudación con el personal actual, agilizar procesos de auditoría y gastar menos congelando plazas estatales, entre otras. Pero esta iniciativa es vista con cierta desconfianza de parte de algunos expertos y empresarios consultados por LA REPUBLICA.
“Es una tarea muy difícil con la estructura actual. Aunque hay oportunidades de hacer más eficiente el personal, lograr las metas propuestas involucraría una reestructuración interna y sobre todo la capacitación de auditores”, dijo Juan Carlos Chavarría, socio de impuestos de Ernst & Young.
En el pasado ya se han presentado múltiples planes de este tipo sin que se comunicara su eficacia, por lo que la iniciativa actual definitivamente tiene un tono político más que operativo, más para “salir del paso a las críticas”.
“El punto está en que es un plan. Son palabras, no hechos. Lo que sí es cierto es que la discusión de la reforma fiscal durará meses en la asamblea; lo que le da a Hacienda la oportunidad para que la gente vea los ahorros reales del plan y esos efectos pesarán a la hora de la votación” dijo Rafael Luna, socio de la firma AFC.
Para el sector empresarial existe probabilidad de éxito en la nueva política porque implica una reducción mínima de los gastos (del 0,87%), pero afirman que no es suficiente ya que urge una verdadera y profunda reforma al Estado, haciéndolo más eficiente.
“Estas medidas son muy livianas, dado el creciente déficit del Estado. No vemos un verdadero compromiso por parte del gobierno pues no contempla una meta cuantificable para medir la evasión, por ejemplo, el 34% del impuesto de renta se evade y el 97% de esta recaudación, recae sobre 523 empresas”, afirmó Arnoldo André Tinoco, presidente de la Cámara de Comercio.
La nueva política es vista por el sector comercial no como un canje para lograr mayor apoyo para el plan fiscal, sino como una medida para alivianar el impacto del paquete de impuestos.
“Lo vemos también como una promesa tardía e insuficiente para controlar y disminuir el gasto público. Esta no la primera vez que se presentan este tipo de medidas, pero nunca han logrado su objetivo”, dijo André.
Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado expresó su respaldo a las acciones anunciadas, dijo Shirley Saborío, directora ejecutiva del ente.
El sector empresarial propone además fortalecer los programas de gestión y fiscalización; consolidar el proyecto de tributación digital, más claridad sobre las responsabilidades tributarias y facilidad para realizar el pago y fortalecer las sanciones.
Tributación digital es uno de los aspectos por los que más claman los sectores. Este proyecto arrancó en 2007 y le ha generado problemas a la administración tributaria ya que enfrenta una demanda legal por $12,1 millones de la empresa que inició el contrato (BearingPoint México) y en diciembre anterior la Contraloría le rechazó una contratación directa con la empresa SAP México por $34 millones, según ha venido informando LA REPUBLICA.
“Creo que si se pretende recaudar más con los mismos recursos humanos, es indispensable retomar el proyecto de Tributación digital que le dará mayor viabilidad práctica al listado de medidas”, dijo Carlos Camacho, presidente de Grupo Camacho.
La política de control del gasto y la reducción de la evasión contempla varias medidas, entre ellas están: incremento de un 20% en las actuaciones de control intensivo que daría como resultado ¢17 mil millones en un año, el fortalecimiento de la resolución de casos o lo que es lo mismo el cobro de administrativo de tributos generaría ¢25 mil millones.
“La disminución en la recaudación fiscal nos obliga a ser más eficientes en el gasto público, el cual debe orientarse principalmente a inversiones que generen mejores condiciones para el desarrollo económico”, indicó Saborío.
De igual forma, deben mejorarse los filtros en las transferencias para que la ayuda del Estado llegue a quien verdaderamente la necesite.
El porcentaje de evasión fiscal del impuesto sobre las utilidades en Costa Rica alcanzó en 2007 un nivel de 64,3% según la Contraloría. Eso representa cerca del 3,6% del Producto Interno Bruto de este año.
Aunque se pidió una cita la semana anterior con los jerarcas de Hacienda para conocer más en detalle la política, se nos indicó que no sería posible sino hasta esta semana.
Carolina Acuña
Angélica Zamora
cacuna@larepublica.net
azamora@larepublica.net
Ticos escépticos con plan de Hacienda
Aunque el plan de reforma fiscal no se ha enviado a la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda inició las negociaciones con los sectores, lanzando una política para el control del gasto y la reducción de la evasión que pretende ser una “letra de cambio” para obtener el beneplácito de muchos de los detractores del plan.Y es que la reforma que Fernando Herrero, ministro de Hacienda, planea llevar al Congreso incluye alzas de las tasas impositivas actuales, la creación de nuevos impuestos y gravar más actividades económicas, lo que generó descontento entre empresarios que aducen, entre otros que el Estado puede financiarse con los recursos actuales si hace uso más austero y recauda de manera más efectiva.
Por ello, el Gobierno lanzó la semana anterior una serie de medidas que pretenden una reforma legal para mejorar la recaudación con el personal actual, agilizar procesos de auditoría y gastar menos congelando plazas estatales, entre otras. Pero esta iniciativa es vista con cierta desconfianza de parte de algunos expertos y empresarios consultados por LA REPUBLICA.
“Es una tarea muy difícil con la estructura actual. Aunque hay oportunidades de hacer más eficiente el personal, lograr las metas propuestas involucraría una reestructuración interna y sobre todo la capacitación de auditores”, dijo Juan Carlos Chavarría, socio de impuestos de Ernst & Young.
En el pasado ya se han presentado múltiples planes de este tipo sin que se comunicara su eficacia, por lo que la iniciativa actual definitivamente tiene un tono político más que operativo, más para “salir del paso a las críticas”.
“El punto está en que es un plan. Son palabras, no hechos. Lo que sí es cierto es que la discusión de la reforma fiscal durará meses en la asamblea; lo que le da a Hacienda la oportunidad para que la gente vea los ahorros reales del plan y esos efectos pesarán a la hora de la votación” dijo Rafael Luna, socio de la firma AFC.
Para el sector empresarial existe probabilidad de éxito en la nueva política porque implica una reducción mínima de los gastos (del 0,87%), pero afirman que no es suficiente ya que urge una verdadera y profunda reforma al Estado, haciéndolo más eficiente.
“Estas medidas son muy livianas, dado el creciente déficit del Estado. No vemos un verdadero compromiso por parte del gobierno pues no contempla una meta cuantificable para medir la evasión, por ejemplo, el 34% del impuesto de renta se evade y el 97% de esta recaudación, recae sobre 523 empresas”, afirmó Arnoldo André Tinoco, presidente de la Cámara de Comercio.
La nueva política es vista por el sector comercial no como un canje para lograr mayor apoyo para el plan fiscal, sino como una medida para alivianar el impacto del paquete de impuestos.
“Lo vemos también como una promesa tardía e insuficiente para controlar y disminuir el gasto público. Esta no la primera vez que se presentan este tipo de medidas, pero nunca han logrado su objetivo”, dijo André.Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado expresó su respaldo a las acciones anunciadas, dijo Shirley Saborío, directora ejecutiva del ente.
El sector empresarial propone además fortalecer los programas de gestión y fiscalización; consolidar el proyecto de tributación digital, más claridad sobre las responsabilidades tributarias y facilidad para realizar el pago y fortalecer las sanciones.
Tributación digital es uno de los aspectos por los que más claman los sectores. Este proyecto arrancó en 2007 y le ha generado problemas a la administración tributaria ya que enfrenta una demanda legal por $12,1 millones de la empresa que inició el contrato (BearingPoint México) y en diciembre anterior la Contraloría le rechazó una contratación directa con la empresa SAP México por $34 millones, según ha venido informando LA REPUBLICA.
“Creo que si se pretende recaudar más con los mismos recursos humanos, es indispensable retomar el proyecto de Tributación digital que le dará mayor viabilidad práctica al listado de medidas”, dijo Carlos Camacho, presidente de Grupo Camacho.
La política de control del gasto y la reducción de la evasión contempla varias medidas, entre ellas están: incremento de un 20% en las actuaciones de control intensivo que daría como resultado ¢17 mil millones en un año, el fortalecimiento de la resolución de casos o lo que es lo mismo el cobro de administrativo de tributos generaría ¢25 mil millones.
“La disminución en la recaudación fiscal nos obliga a ser más eficientes en el gasto público, el cual debe orientarse principalmente a inversiones que generen mejores condiciones para el desarrollo económico”, indicó Saborío.
De igual forma, deben mejorarse los filtros en las transferencias para que la ayuda del Estado llegue a quien verdaderamente la necesite.
El porcentaje de evasión fiscal del impuesto sobre las utilidades en Costa Rica alcanzó en 2007 un nivel de 64,3% según la Contraloría. Eso representa cerca del 3,6% del Producto Interno Bruto de este año.
Aunque se pidió una cita la semana anterior con los jerarcas de Hacienda para conocer más en detalle la política, se nos indicó que no sería posible sino hasta esta semana.
Carolina Acuña
Angélica Zamora
cacuna@larepublica.net
azamora@larepublica.net