Millonaria indemnización podría ser parte de la solución

Surgen vías para dar fin a contrato con OAS

Buscar que el acuerdo no sea muy costoso y terminar la relación con la empresa son las consignas del Gobierno

Para finalizar el contrato por la fallida carretera San José – San Ramón, el Gobierno y las empresas que obtuvieron el contrato deben conciliar, en esta negociación el país tratará de evitar millonarias indemnizaciones y que no se den consecuencias a futuro como parte de la solución.

El problema se encuentra en la cesión del contrato, la empresas que obtuvieron esta concesión en 2004 entre ellas Autopistas del Valle traspasaron el contrato a otras dos firmas —entre ellas OAS— para que desarrollaran las obras este año.
El alto costo de los proyectos, el precio de los peajes que se impondría y otros factores detonaron en una serie de manifestaciones de grupos como el Foro de Occidente que finalmente acabaron con la suspensión temporal de los contratos y el anuncio de que la carretera no se construiría.
Para solucionar el problema que ocasionó la paralización de las obras antes de que dieran inicio, el Gobierno tendrá que conciliar y sobre todo buscar que la indemnización para las empresas no sea muy costosa para el país.
La estrategia es clara, se centra en tres puntos, primero evitar el pago oneroso a las empresas, segundo terminar el contrato legalmente cuanto antes y tercero, que no se den consecuencias futuras para el país, explicó Roberto Gallardo, ministro de Planificación.
Nombrar al abogado que acompañará a los funcionarios al proceso de negociación con las empresas es el paso que sigue y que estará listo a más tardar el lunes próximo.
Las opciones del Gobierno no son muchas, máxime si se entiende que en la conciliación nadie va a regalar nada, las empresas afectadas buscarán cobrar el dinero que presuntamente invirtieron en el país.
Aquí surgen varios problemas, por un lado el país otorgó hace más de nueve años una concesión a empresas que no hicieron ningún trabajo en este tramo entre la capital y el occidente de Alajuela.
Como las firmas no pudieron avanzar, cedieron el contrato a otras empresas, entre ellas OAS, que en marzo del año pasado recibieron el aval de la Contraloría para iniciar la construcción de la carretera.
Los planes de ampliaciones, la construcción de puentes y sobre todo el cobro excesivo de peajes en la ruta levantaron el malestar general en el país, pero sobre todo en la población de los cantones afectados.
El tenso ambiente provocó que el Gobierno anunciara que “por mutuo” acuerdo con OAS se suspendían las obras.
Surgieron algunas medidas alternativas para evitar que se construyera la carretera y que se diera un proceso de conciliación en el que el país tuviera que pagar millonarias indemnizaciones a las firmas contratistas.
Declarar el traspaso del contrato de Autopistas del Valle a OAS ilegal, fue la primera; sin embargo la Sala Constitucional determinó que el trámite se hizo siguiendo todos los procedimientos.
Imponer una medida cautelar y evitar que se diera el proceso de conciliación fue la segunda medida; sin embargo, la denuncia está actualmente en el Tribunal Contenciosos Administrativo a la espera de un fallo.
La legalidad del contrato le abre la puerta a OAS para que busque una millonaria indemnización en la conciliación con el Estado costarricense.
En junio de este año trascendió que la firma de origen brasileño pretendía solicitar cerca de $900 millones por la cesión del contrato, $34 millones por las inversiones pagadas al concesionario y $11 millones más por dinero invertido por OAS en el país.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net