Gobierno incapaz de suplir requisitos para desarrollo de redes

Suavizarán contratos a Claro y Movistar

Problemas por lotes con municipios y medición de señal

El Gobierno suavizará varios requerimientos de cobertura y tiempos de entrega establecidos en los contratos con Claro y Movistar.
Esto porque el cartel de licitación establecía que el despliegue de torres y centrales debía realizarse en tres fases, durante cinco años.

La primera parte debía ser entregada un año después de adjudicada la concesión.
Ambas empresas han experimentado problemas por falta de lotes donde instalar sus equipos, así como por la forma en que se les evalúa la cobertura de señal.
Esto generó una prórroga durante un año —contemplada en el cartel de licitación— la cual venció y quedó en el limbo durante un año más.
Ante la imposibilidad de otorgar una segunda prórroga, el Ministerio de Ciencia y Tecnología junto a la Presidencia, firmaron en diciembre una suspensión temporal por un año, para dar aire y permitir cambios a los contratos.
“Hay condiciones que han variado y esperamos los estudios técnicos para sustentarlas, pienso que esto sucedería a más tardar en octubre”, aseguró Rowland Espinoza, viceministro de Telecomunicaciones.
El principal escollo enfrentado es la autonomía de las 81 municipalidades del país.
Su argumento es el peligro que representa para la salud de las personas la radiación generada por las antenas.
Esto ha sido descartado por el Ministerio de Salud, la Sutel y organismos internacionales.
Muchos casos han terminado en los juzgados donde proveedores de telecomunicaciones y los pobladores han ido a medir fuerzas.
El pulso lo van ganando las empresas, mediante resoluciones que califican el servicio de telefonía celular como bien común.
Las mediciones de señal para determinar el avance de las obras ha sido otro de los escollos enfrentados por Claro y Movistar.
Estos análisis se basan en la intensidad de señal y no en que las llamadas se completen, no se caigan o que el acceso a Internet sea estable.
Superada la carencia de equipos y de personal, la Sutel trabaja en cambiar el esquema de evaluación.
Al reconocer el Gobierno que no suministró los recursos necesarios para cumplir el contrato, estaría aceptando su responsabilidad e incumplimiento.
Esto podría traducirse en un litigio internacional, donde las empresas demanden al país y reclamen el lucro cesante por 15 años de concesión.
Representantes de Movistar y Claro se muestran complacidos con los cambios y aseguran la necesidad de estos.
“Desde que iniciamos operaciones dijimos que el Estado debe garantizar y propiciar condiciones idóneas para cumplir los compromisos que exige, así como evaluarlos considerando los obstáculos para el despliegue de la infraestructura”, dijo Matías Señorán, gerente de Comunicación de Movistar Costa Rica.
Cualquier iniciativa que permita solventar una situación de seguridad jurídica es mejor que un litigio internacional. Venimos a invertir y a hacer negocios, señaló Víctor García, gerente de Asuntos Regulatorios de Claro Costa Rica.

Johnny Castro
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