Solís tendrá un año para aprobar impuestos

Si el presidente Luis Guillermo Solís desea aprobar nuevos impuestos, debe ponerse como meta hacerlo durante 2016, de lo contrario, su Gobierno correría el riesgo de terminar su gestión sin lograr los recursos frescos que solicita, para reducir el déficit fiscal.
Partidos de oposición advierten al Mandatario de que al finalizar el otro año, la campaña política rumbo al 2018 empezará a calentar y con ello, se esfumaría la oportunidad de aprobar nuevos tributos, a través del IVA y los cambios a la renta.
Esto, porque las agrupaciones políticas ya se empiezan a cuidar de no tomar decisiones impopulares, que después impliquen un castigo en las urnas.
“El 2016 se proyecta como la ventana para aprobar impuestos, después de ese año, está claro que el debate se complica. El PLN está dispuesto a colaborar en este tema, pero antes queremos ver pruebas de reducción de gasto”, dijo Rolando González, diputado del PLN.
La ventana de oportunidad para el Gobierno se abrirá solo durante un año, ya que Liberación Nacional se ha negado a discutir cualquier tributo hasta 2016, sin importar que los proyectos que generan nuevos tributos ya están en la corriente legislativa.
Los verdiblancos obligan de esta forma al Presidente a cumplir su palabra, pues en campaña negó que el Gobierno necesitara más impuestos y prometió activar esa discusión hasta el segundo año de gestión.
Sin el respaldo de la bancada de Liberación, el Gobierno no tendría oportunidad real de alcanzar los 38 votos que se requieren en Plenario para validar nuevas cargas tributarias.
“Estamos obligados a conocer de manera simultánea los proyectos para contener el gasto y aquellos que aprueban nuevos impuestos, ya que de no hacerlo así, no habrá oportunidad de aprobarlos antes de 2017, cuando es un año preelectoral y por tanto, se afecta la discusión”, dijo Marco Redondo, jefe de fracción del PAC.
Por otra parte, los partidos como el Movimiento Libertario y el PUSC, también exigen recortar el gasto y piden una ley contra el fraude fiscal, la revisión de las exoneraciones y una ley de empleo público y de pensiones.