Servicios se afectarían por falta de preparación del Estado con sistema único de compras

Antes de mejorar por la nueva ley de compras públicas, los servicios que brindan las instituciones podrían desmejorar.

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Y es que el uso obligatorio de un sistema centralizado conocido como Sicop, genera alarma e incertidumbre entre diversas instituciones, quienes advierten de falta de preparación para cumplir con la nueva ley que entra en vigencia hoy.

Se trata de un sistema informático que será transversal a todas las instituciones del Estado, con el objetivo de fomentar la transparencia en la compra de bienes y contratación de servicios, a la vez, que generaría un ahorro superior a los ¢500 mil millones al año.

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Los gobiernos locales, las juntas de educación, las asociaciones de desarrollo y los comités cantonales de deportes, así como las instituciones descentralizadas y el gobierno central, incluyendo Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, se verían afectados por la entrada en vigencia de la ley.

“Es una lástima que no hayamos podido avanzar con una ley que retrasaría por seis meses la ley de contratación pública, con el objetivo de que las instituciones se actualizaran en una normativa que no conocen (…) Esto podría implicar un caos en estos procesos, además de confusión y complicaciones para llenar las expectativas”, dijo Carolina Delgado, diputada del PLN.

La ley en cuestión se aprobó en mayo del 2021, por lo que las instituciones tuvieron un año y medio para capacitarse.

Sin embargo, en abril de este año, la Contraloría alertó de falta de capacitación por parte de las dependencias estatales.

Esto, porque un estudio reveló que 49 de 59 instituciones públicas, no tenía preparación para gestionar el riesgo, carecía de un código de ética para los proveedores y no había efectuado una revisión de sus procesos antes de implementar la ley.

De esta forma y a pesar de la criticidad y magnitud del cambio que representa el nuevo modelo, el 83% de las instituciones se encontraba en los niveles iniciales, además de básico e intermedio de implementación de la ley.

"Más allá de modificaciones de procedimiento, la nueva ley introduce un nuevo modelo de gestión de compras públicas que pone el énfasis en la planificación, control y transparencia, así como la promoción de la competencia y la orientación a resultados y la ética”, dijo Jéssica Víquez, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría en abril de este año.

En ese sentido, los alcaldes, alcaldesas e intendentes aclaran que no están en contra del espíritu de la nueva ley que pretende regular la contratación pública y dotarla de mayores aspectos de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios; no obstante, alzan la voz ante lo que consideran “incertidumbre, desorden e improvisación”.

“Nos preocupa la inseguridad jurídica en la que estamos por el desorden, la falta de comunicación y el incumplimiento de fechas en el marco de la entrada en vigencia de la ley. El más claro ejemplo es que el reglamento a la ley, que define procedimientos indispensables para la gestión de las contrataciones públicas, no ha sido publicado a la fecha y esto podría desencadenar una serie de contratiempos que entorpecerían la prestación de los servicios municipales a las comunidades a partir de diciembre del presente año”, destacó Maikol Porras Morales, alcalde de Sarchí y directivo de Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI).

Cabe indicar que 41 puntos de la ley hacen referencia a un reglamento, el cual aún no ha sido publicado.

Igual criterio externo Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales, quien aseveró que la falta de reglamento generará un caos en las compras públicas.