Municipalidades advierten de desorden por uso obligado de Sistema Centralizado de Compras Públicas

Los gobiernos locales, las juntas de educación, las asociaciones de desarrollo y los comités cantonales de deportes, se verían afectados por la entrada en vigencia del Sistema Centralizado de Compras Públicas.

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Y es que, a pocos días de que la nueva normativa entre en vigencia el 1 de diciembre, las instituciones no están capacitadas, a la vez que no existe un reglamento que aclare una serie de dudas de la ley en cuestión.

Los alcaldes, alcaldesas e intendentes aclaran que no están en contra del espíritu de la nueva ley que pretende regular la contratación pública y dotarla de mayores aspectos de transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios; no obstante, alzan la voz ante “la incertidumbre, el desorden y la improvisación”.

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La ley tiene el potencial de ahorrarle a las instituciones del Estado más de ¢500 mil millones.

“Nos preocupa la inseguridad jurídica en la que estamos por el desorden, la falta de comunicación y el incumplimiento de fechas en el marco de la entrada en vigencia de la ley. El más claro ejemplo es que el reglamento a la ley, que define procedimientos indispensables para la gestión de las contrataciones públicas, no ha sido publicado a la fecha y esto podría desencadenar una serie de contratiempos que entorpecerían la prestación de los servicios municipales a las comunidades a partir de diciembre del presente año”, destacó Maikol Porras Morales, alcalde de Sarchí y directivo de ANAI. 

Cabe indicar que 41 puntos de la ley hacen referencia a dicho reglamento, el cual aún no ha sido publicado.