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Contratos poco transparentes del Estado con Racsa y Sinart deben evitarse, según empresarios

Christine Jenkins [email protected] | Lunes 29 julio, 2019 01:18 pm

Apretón de manos con un contrato
Existe un "evidente interés" de las instituciones estatales de evadir la Ley de Contratación Administrativa, según la denuncia de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Shutterstock/La República.


La contratación de servicios entre las propias entidades públicas con términos poco transparentes, o confidenciales, conlleva vicios y abusos en el manejo de los fondos públicos y debe ser frenada, según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

La Cámara denunció recientemente la contratación directa que hizo la Dirección General de Migración y Extranjería de un servicio de data center con Racsa por $8,9 millones.

También, critica el uso de la agencia de publicidad de una dependencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) por ¢3,1 mil millones por parte de las instituciones, con lo que se absorbe una factura significativa del mercado publicitario.

El problema es que se están obviando las licitaciones públicas al acogerse a las excepciones que establece la Ley de Contratación Administrativa, la cual permite que cierto tipo de procesos no vayan a concurso, considera Uccaep.

“Este tipo de contrataciones entre instituciones del Estado, son cerradas y poco transparentes; encima, de poca ayuda a la dinamización de la economía nacional”, según Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep, quién le envió una carta con las preocupaciones al presidente Carlos Alvarado la semana anterior.

Por eso, se deben empezar a respetar procesos que procuren la competencia en la contratación, como los criterios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), dijeron los empresarios.

Lea más: Contrataciones públicas deben acogerse a lineamientos de OCDE, dice AmCham

Otro ejemplo que señalan son las 60 adjudicaciones del Estado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que sumaron ¢1,4 billones o casi el 4 % del Producto Interno Bruto del país durante el año pasado.

“Esta situación es incongruente con la coyuntura que atraviesa Costa Rica, pues estamos en un momento donde se necesita dinamizar la economía y las contrataciones directas solo estancan ese proceso y privan a miles de costarricenses de obtener un empleo, pues ya sabemos que el sector público no contrata personal para los diferentes proyectos que tienen a cargo", agregó Delgado.

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La Cámara presentó hace dos años una denuncia contra el Estado por prácticas monopolísticas ante la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), señalando 46 contrataciones justificadas con las excepciones de la ley, por más de ¢32,4 mil millones para servicios de telecomunicaciones, tecnología y sistemas informáticos entre 2014 y 2016.


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