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Salida será un mutuo acuerdo, o arbitraje en el país

Sería menos cara la cancelación de la carretera

Imagen del país en el mundo, estaría afectada

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El alivio parece llegar, tras la cesión del contrato de concesión de la carretera de San José a San Ramón, pues existen altas posibilidades de finalizar la historia, evitando un arbitraje internacional potencialmente caro.
Una opción es que las partes lleguen a un acuerdo sobre el monto de una indemnización para OAS, la empresa que tenía la concesión.
Aunque eso no sucediera, el remedio de OAS sería un arbitraje en Costa Rica, aplicando las leyes nacionales, el cual le da mejores posibilidades al Estado, de tener un resultado relativamente favorable.
Pero, pese a que haya un acuerdo, o una resolución legal satisfactoria al Estado, lo más probable es que la imagen de Costa Rica quede dañada ante el mundo, como un lugar inestable para hacer negocios.
Para que OAS no acuda a tribunales, el Gobierno ofrecería compensarla por los gastos incurridos.
Este monto incluiría los $30 millones, que la empresa está obligada a pagar a Autopistas del Valle, la ganadora inicial de la concesión, que luego vendió sus derechos a OAS.
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Si las partes no se ponen de acuerdo, sobre el monto pagadero, la alternativa sería la de buscar la nulidad del contrato, de modo que los costarricenses no tendrían ninguna obligación financiera con OAS.
Por su parte, la empresa aun así podría demandar por el monto que considere justo.
Sin embargo, el proceso involucrado en este caso, sería el de un arbitraje local, aplicando las leyes nacionales, que podrían favorecer al Estado.
Los contratos de los grandes proyectos, asignados a las empresas multinacionales, a menudo establecen que cualquier discrepancia sea resuelta en un arbitraje internacional; sin embargo, este no ha sido el caso en la concesión de la carretera.
El Gobierno insiste en que la rescisión del contrato fue la mejor salida posible, ya que economiza tiempo, y permite que a futuro se puedan hacer trabajos en la carretera sin que exista una disputa jurídica con OAS.
Para establecer el monto que se debe, el Consejo de Concesiones hará el cálculo junto con la empresa.
El estudio incluirá los dineros utilizados desde 2004, cuando inició el proyecto, incluso los montos desembolsados por la concesionaria anterior —Autopistas del Valle— que cedió el contrato a OAS.
Después de que se tenga una cifra establecida a pagar, una empresa auditora externa verificará el monto.
Si concuerda, la Contraloría aprueba el pago y entregará un informe a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, justificando el monto a desembolsar.
Si este camino no satisface a OAS, puede acudir a un arbitraje, en el cual todos los miembros serán costarricenses, uno escogido por el Estado, el segundo por la empresa y el último por ambos.
Sea cual sea el resultado final de este asunto, la cancelación de la concesión de la carretera repercutiría de forma negativa en el país, que quedaría como un lugar complicado para hacer negocios, de modo que incrementen los costos de obras futuras.
Se trata de la quinta anulación de los contratos, entre el Estado, y varias empresas internacionales, relacionados con los proyectos petroleros y mineros, entre otros.
Ya Costa Rica se ve como un país poco atractivo para los inversionistas en los proyectos grandes, en el caso de la terminal de contenedores de Moín, por ejemplo, hubo un solo oferente, lo cual implica poca competencia para rebajar los costos.

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Luis Fernando Cascante
[email protected]

Fabio Parreaguirre
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