Secreto bancario se levantaría en diez días
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Viernes 13 julio, 2012
Para temas tributarios, tras previo consentimiento de un juez
Secreto bancario se levantaría en diez días
Transparencia fiscal logra consenso y proyecto de ley podría ser aprobado el próximo mes
El estado financiero de sus cuentas estaría al alcance de Tributación en diez días.
Cuando la intención sea verificar su situación con el fisco, un juez dispondrá de ese plazo para levantar su secreto bancario.
Ello, siempre y cuando el proyecto de transparencia fiscal sea avalado por el Congreso.
Tras estiras y encoges, el establecimiento de ese periodo máximo de respuesta sería la solución para que esa iniciativa sea aprobada.
Los diputados consensuaron modificar ese aspecto del texto original y, a la vez, incluir la figura de un juez tramitador o garante.
Hace más de dos años, esa iniciativa ingresó a la corriente legislativa y desde entonces el punto que divide posturas es cómo levantar el secreto bancario sin que se violente el derecho de privacidad de los usuarios.
En ese sentido, la solución que el oficialista Partido Liberación Nacional acordó con la oposición es que la autoridad tributaria presente una serie de requisitos a un juez —al cual debe designar el Poder Judicial—, para que este los valore en un plazo no mayor a diez días y decida si procede conocer las transacciones de esa persona.
Inicialmente, se contemplaba que la solicitud se realizara directamente con el banco o la entidad financiera, sin una autoridad judicial de por medio.
Sin embargo, esa opción se desechó, pues encontró la oposición del sector empresarial y bancario nacional.
“
Todos estamos de acuerdo con que exista un juez de trámite o garantía, pero genera temor que el juez durara mucho levantando el secreto bancario y complicara los trámites. Entonces con el gobierno llegamos a la conclusión de establecer un tiempo máximo de respuesta, como solución”, dijo Gustavo Arias, diputado de Acción Ciudadana.
En el Congreso el proyecto de ley ya fue dictaminado, se encuentra en el segundo lugar de la agenda, solo detrás de la iniciativa de eurobonos, por lo que podría ser aprobado en primer debate a principios de agosto, tras el receso de los diputados.
No obstante, para ello, la oposición debe suspender el freno que le impuso al accionar legislativo.
La aprobación de este proyecto es indispensable para que Costa Rica cumpla con los estándares tributarios que pide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Dicho órgano en su momento incluyó a Costa Rica en la lista de paraísos fiscales y lo sacó un año después bajo la promesa de que se iban a agudizar los controles para combatir el lavado de dinero, avalando esa iniciativa y gestionando varios tratados internacionales de intercambio de información.
Sobre el segundo aspecto sí se ha avanzado, ya se aceptaron o están en trámite 12 acuerdos, con naciones como Canadá y España.
Los obstáculos a nivel nacional no han sido una limitante para que se intensifiquen las gestiones en el campo internacional.
Todo lo contrario, la actual administración acelera las gestiones para ser miembro de esta organización.
Durante su más reciente gira por Europa, la mandataria Laura Chinchilla cabildeó el ingreso en cuanto foro y país visitó.
Las gestiones también fueron llevadas al Cono Sur, durante la cumbre de la Alianza del Pacífico —integrada por Colombia, Perú, Chile y México.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
Secreto bancario se levantaría en diez días
Transparencia fiscal logra consenso y proyecto de ley podría ser aprobado el próximo mes
El estado financiero de sus cuentas estaría al alcance de Tributación en diez días.
Cuando la intención sea verificar su situación con el fisco, un juez dispondrá de ese plazo para levantar su secreto bancario.
Ello, siempre y cuando el proyecto de transparencia fiscal sea avalado por el Congreso.
Tras estiras y encoges, el establecimiento de ese periodo máximo de respuesta sería la solución para que esa iniciativa sea aprobada.
Los diputados consensuaron modificar ese aspecto del texto original y, a la vez, incluir la figura de un juez tramitador o garante.
Hace más de dos años, esa iniciativa ingresó a la corriente legislativa y desde entonces el punto que divide posturas es cómo levantar el secreto bancario sin que se violente el derecho de privacidad de los usuarios.
En ese sentido, la solución que el oficialista Partido Liberación Nacional acordó con la oposición es que la autoridad tributaria presente una serie de requisitos a un juez —al cual debe designar el Poder Judicial—, para que este los valore en un plazo no mayor a diez días y decida si procede conocer las transacciones de esa persona.
Inicialmente, se contemplaba que la solicitud se realizara directamente con el banco o la entidad financiera, sin una autoridad judicial de por medio.
Sin embargo, esa opción se desechó, pues encontró la oposición del sector empresarial y bancario nacional.
“
Todos estamos de acuerdo con que exista un juez de trámite o garantía, pero genera temor que el juez durara mucho levantando el secreto bancario y complicara los trámites. Entonces con el gobierno llegamos a la conclusión de establecer un tiempo máximo de respuesta, como solución”, dijo Gustavo Arias, diputado de Acción Ciudadana.En el Congreso el proyecto de ley ya fue dictaminado, se encuentra en el segundo lugar de la agenda, solo detrás de la iniciativa de eurobonos, por lo que podría ser aprobado en primer debate a principios de agosto, tras el receso de los diputados.
No obstante, para ello, la oposición debe suspender el freno que le impuso al accionar legislativo.
La aprobación de este proyecto es indispensable para que Costa Rica cumpla con los estándares tributarios que pide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Dicho órgano en su momento incluyó a Costa Rica en la lista de paraísos fiscales y lo sacó un año después bajo la promesa de que se iban a agudizar los controles para combatir el lavado de dinero, avalando esa iniciativa y gestionando varios tratados internacionales de intercambio de información.
Sobre el segundo aspecto sí se ha avanzado, ya se aceptaron o están en trámite 12 acuerdos, con naciones como Canadá y España.
Los obstáculos a nivel nacional no han sido una limitante para que se intensifiquen las gestiones en el campo internacional.
Todo lo contrario, la actual administración acelera las gestiones para ser miembro de esta organización.
Durante su más reciente gira por Europa, la mandataria Laura Chinchilla cabildeó el ingreso en cuanto foro y país visitó.
Las gestiones también fueron llevadas al Cono Sur, durante la cumbre de la Alianza del Pacífico —integrada por Colombia, Perú, Chile y México.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net