¿Se deben aprobar nuevas reglas para el negocio de tarjetas de crédito?
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Miércoles 17 junio, 2009
¿Se deben aprobar nuevas reglas para el negocio de tarjetas de crédito?
Claro que sí
Ronald Solís
Diputado Partido Acción Ciudadana
Yo apoyo este proyecto de ley pues se han presentado de forma permanente quejas de los consumidores debido al acoso de que son objeto por parte de los emisores y los bancos. También hay molestia en el tema de tasas, pago de intereses sobre intereses e información solapada “letra pequeña”.
Esta iniciativa fue presentada por la Asociación de Consumidores de Costa Rica y valorada en la Comisión de Económicos. En el proceso de investigación y consulta en el Ministerio de Economía, bancos, emisores y consumidores encontramos una serie de aspectos que se pueden mejorar en el texto, razón por la cual yo apruebo la propuesta de un texto sustitutivo que permitiría que este se siga discutiendo y que se convoque a todos los interesados para determinar qué aspectos se deben regular.
La actual reglamentación fue un decreto que se hizo entre el MEIC y los emisores de tarjetas, en donde no participaron los usuarios, razón por la cual queremos hacer algo donde haya participación sin afectar la libre empresa, pero también que existan regulaciones, “mandamientos a seguir en esta actividad”, los cuales a su vez deben ser revisados y actualizados ya que este negocio está en constante evolución.
Principalmente lo que se busca es llenar esos vacíos legales y promover una transparencia hacia el usuario. Por ejemplo a la hora de cobrar, que el cliente cuente con un desglose y una comunicación en ambas vías.
En la actualidad hay más de $1.000 millones que deben los tarjetahabientes en Costa Rica y tasas de interés que sobrepasan el 50% anual.
En tiempos de crisis esta situación es peligrosa principalmente para las clases más humildes.
Estamos atravesando por una coyuntura internacional donde hay una mayor preocupación hacia el usuario.
El mejor regulador es el mercado
Jorge Bonilla
Director de Banca de Medios Electrónica Banco Nacional
Sobre este tema ya existe legislación desde 1996 y el reglamento, los emisores somos controlados y regulados. Se debe tomar en cuenta que Costa Rica tiene más de 20 emisores y más de 400 tipos de tarjetas, que somos un país con una alta competitividad del negocio, con emisores que tienen una oferta muy variada y tasas que van desde el 20% hasta el 50%, aproximadamente, y que por tanto, los clientes pueden escoger entre muchas opciones. En ambientes de mucha competencia como el nuestro, el mejor regulador es el mercado.
Una regulación como la que se está planteando en las propuestas de proyectos de ley, incluso en el tema de tasas de interés, podría provocar que entre 250 mil y 300 mil personas con ingresos bajos (menos de $500 y $300 al mes) se vean perjudicadas como sujetos de crédito. Esto provocaría que se recurra a “prestamistas” con el consecuente costo mayor para la sociedad.
Por otra parte este proyecto no contempla la base de todo el negocio mundial que son las marcas internacionales que establecen las normas de cómo opera el negocio mundial de tarjetas. No puede un país cambiar aspectos relevantes de la industria de tarjetas del mundo, porque sería renunciar a participar, dado que las marcas no van a cambiar sus normas porque un país cambie su legislación.
Llaman la atención puntos sobre los cuales podría haber falta de información sobre cómo funciona el negocio de las tarjetas de crédito aquí y a nivel internacional. No se toma en cuenta la existencia de una contraparte, es decir el emisor.
Al pretender la defensa de los consumidores cometería el pecado de presumir la existencia de una sola parte contractual. Por otro lado, es inviable la obligación del emisor de entregar al tarjetahabiente un nuevo contrato en el caso de modificaciones en este, por cambios en la tasa de interés y plazo.
Karen Retana
kretana@larepublica.net
Ronald SolísDiputado Partido Acción Ciudadana
Yo apoyo este proyecto de ley pues se han presentado de forma permanente quejas de los consumidores debido al acoso de que son objeto por parte de los emisores y los bancos. También hay molestia en el tema de tasas, pago de intereses sobre intereses e información solapada “letra pequeña”.
Esta iniciativa fue presentada por la Asociación de Consumidores de Costa Rica y valorada en la Comisión de Económicos. En el proceso de investigación y consulta en el Ministerio de Economía, bancos, emisores y consumidores encontramos una serie de aspectos que se pueden mejorar en el texto, razón por la cual yo apruebo la propuesta de un texto sustitutivo que permitiría que este se siga discutiendo y que se convoque a todos los interesados para determinar qué aspectos se deben regular.
La actual reglamentación fue un decreto que se hizo entre el MEIC y los emisores de tarjetas, en donde no participaron los usuarios, razón por la cual queremos hacer algo donde haya participación sin afectar la libre empresa, pero también que existan regulaciones, “mandamientos a seguir en esta actividad”, los cuales a su vez deben ser revisados y actualizados ya que este negocio está en constante evolución.
Principalmente lo que se busca es llenar esos vacíos legales y promover una transparencia hacia el usuario. Por ejemplo a la hora de cobrar, que el cliente cuente con un desglose y una comunicación en ambas vías.
En la actualidad hay más de $1.000 millones que deben los tarjetahabientes en Costa Rica y tasas de interés que sobrepasan el 50% anual.
En tiempos de crisis esta situación es peligrosa principalmente para las clases más humildes.
Estamos atravesando por una coyuntura internacional donde hay una mayor preocupación hacia el usuario.
El mejor regulador es el mercado
Jorge BonillaDirector de Banca de Medios Electrónica Banco Nacional
Sobre este tema ya existe legislación desde 1996 y el reglamento, los emisores somos controlados y regulados. Se debe tomar en cuenta que Costa Rica tiene más de 20 emisores y más de 400 tipos de tarjetas, que somos un país con una alta competitividad del negocio, con emisores que tienen una oferta muy variada y tasas que van desde el 20% hasta el 50%, aproximadamente, y que por tanto, los clientes pueden escoger entre muchas opciones. En ambientes de mucha competencia como el nuestro, el mejor regulador es el mercado.
Una regulación como la que se está planteando en las propuestas de proyectos de ley, incluso en el tema de tasas de interés, podría provocar que entre 250 mil y 300 mil personas con ingresos bajos (menos de $500 y $300 al mes) se vean perjudicadas como sujetos de crédito. Esto provocaría que se recurra a “prestamistas” con el consecuente costo mayor para la sociedad.
Por otra parte este proyecto no contempla la base de todo el negocio mundial que son las marcas internacionales que establecen las normas de cómo opera el negocio mundial de tarjetas. No puede un país cambiar aspectos relevantes de la industria de tarjetas del mundo, porque sería renunciar a participar, dado que las marcas no van a cambiar sus normas porque un país cambie su legislación.
Llaman la atención puntos sobre los cuales podría haber falta de información sobre cómo funciona el negocio de las tarjetas de crédito aquí y a nivel internacional. No se toma en cuenta la existencia de una contraparte, es decir el emisor.
Al pretender la defensa de los consumidores cometería el pecado de presumir la existencia de una sola parte contractual. Por otro lado, es inviable la obligación del emisor de entregar al tarjetahabiente un nuevo contrato en el caso de modificaciones en este, por cambios en la tasa de interés y plazo.
Karen Retana
kretana@larepublica.net