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En los últimos meses, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha avanzado hacia la divulgación de un nuevo reglamento para regular el funcionamiento de los centros educativos privados. Nos encontramos en una fase decisiva de ese proceso, una que exige especial cuidado, reflexión y apertura al diálogo, dado el impacto directo que esta normativa tendrá sobre miles de estudiantes, familias y comunidades educativas en todo el país.
En marzo pasado se realizó una reunión virtual con altos representantes del MEP en la que se anunció la creación de mesas conjuntas de trabajo con el sector privado. Aquella propuesta generó expectativas legítimas de construcción colaborativa y diálogo técnico. Sin embargo, dichas mesas no llegaron a concretarse y, con el paso de los meses, el proceso avanzó mayoritariamente mediante intercambios documentales, sin espacios efectivos de análisis y conversación directa sobre las propuestas de reglamento elaboradas y presentadas por los centros educativos privados, a partir de su experiencia cotidiana.
Entre los aportes técnicos presentados, destaca la propuesta entregada el 7 de octubre por un grupo de centros educativos privados ante el MEP, concebida para aportar insumos concretos y viables a la elaboración del reglamento. Dicho documento plantea una ruta clara y coherente, orientada no solo a facilitar la labor del Estado, sino también a consolidar el papel de las instituciones privadas como socias activas en la formación integral de las nuevas generaciones. Hasta ahora, no se ha contado con retroalimentación ni confirmación formal respecto a la consideración de esta propuesta en el proceso.
El proceso, entretanto, ha seguido avanzando y, a inicios de diciembre, el ministro de Educación anunció que el reglamento se encontraba en su fase final. Este avance refleja un esfuerzo institucional por ordenar y actualizar la normativa del sector, esfuerzo que podría ver ampliado su alcance mediante una revisión conjunta de los aportes presentados por el sector educativo privado
La regulación educativa se fortalece cuando el sector educativo público y el sector educativo privado actúan de manera comprometida, cada uno desde las responsabilidades propias de su naturaleza y con un objetivo común: asegurar una educación de calidad para niñas, niños y jóvenes. La articulación y el intercambio entre ambos sectores enriquecen la política pública y permiten incorporar información valiosa, experiencia acumulada y conocimiento.
Estamos a tiempo. Aún es posible enriquecer el reglamento mediante un trabajo técnico conjunto, con la convicción de que la colaboración entre ambos sectores no responde a una utopía, sino a una oportunidad real para fortalecer la educación de niñas, niños y jóvenes del país.
Catalina Arguedas Vargas
Colegio Europeo.
