Reglamento de 5G no discrimina ‘adrede’ a ningún país: ministra de Ciencia y Tecnología

Ante los cuestionamientos sobre el reglamento decretado por el Poder Ejecutivo referente al fortalecimiento de la ciberseguridad en la red móvil de quinta generación y superiores, Paula Bogantes, jerarca de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones, sostuvo que dichas normas no fueron diseñadas para excluir a nadie, a no ser que haya una justificación de peso.

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Esto en referencia al impedimento de participar en procesos concursales para desarrollo de estas tecnologías a países como China que no formen parte del Convenio de Budapest, firmado por Costa Rica en el 2017 y que incluye compromisos de ciberseguridad, en general, por parte de las naciones signatarias.

En este sentido, el Gobierno descarta que limitar a empresas como Huawei a participar directamente o como proveedor de tecnología de compañías participantes se deba a otras razones fuera de lo argumentado anteriormente.

Lo anterior tampoco debería afectar las relaciones comerciales con ese país, según la funcionaria, quien adelantó en conferencia de prensa ayer martes que se tiene prevista una reunión con la delegación diplomática china en nuestro país, aunque no detalló cuál sería el eje transversal de la conversación.

“No tenemos la intención dejar a ningún competidor por fuera; más bien buscamos desde las normas internacionales vigentes ofrecer a la ciudadanía la garantía de los principios de protección y seguridad frente a los delitos informáticos”, destacó Bogantes.

En torno a la reinversión por parte de operadores que ya cuenten con equipos de fabricantes orientales no adscritos a dicho acuerdo internacional sobre ciberseguridad, afirma que para la prestación de servicios en tecnología 4G e inferiores no aplicaría tal circunstancia, aunque sí detalló que, a partir de un transitorio al reglamento, se emitirá un documento de “buenas prácticas”.

No obstante, a la luz del mencionado reglamento, será mandatorio que los oferentes para 5G garanticen que solo utilizarán infraestructura provista por compañías de países autorizados, por lo que incluso exhortó a las firmas interesadas “validar” si sus proveedores cumplen con ese requisito.

Recomendaciones de la Unión Europea emitidas en el 2019 en torno a redes 5G para la mitigación de riesgos, así como un marco de acción establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y estándares ISO forman parte de la materia prima del documento, que no pretende ser derogado por las autoridades.

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Respecto al marco de legalidad que cubre este decreto, la ministra lo defendió basado en el artículo 42 de la Ley General de Telecomunicaciones, así como lo establecido en la Ley de Administración Pública, por cuanto fue consultado con entidades como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Sutel.