Reforma Fiscal: Cambios al Impuesto sobre la Renta
| Viernes 11 febrero, 2011
Reforma Fiscal: Cambios al Impuesto sobre la Renta
La Asamblea Legislativa iniciará la discusión de un nuevo proyecto de reforma fiscal el cual enfrenta desde ya anticuerpos. Lejos de preverse un tránsito fácil, se espera una discusión ardua y de pronóstico reservado.
En relación con el impuesto sobre la renta, el proyecto contiene tanto disposiciones que proponen modernizarlo como otras que en general buscan incrementar la recaudación.
Si buscamos opositores al primer tipo de reformas no encontraremos muchos y, de haberlos, sus argumentos estarían basados en conceptos sobre lo que debería ser el impuesto, en fin, se generaría una discusión de ideas y no de posiciones.
Propuestas como la subcapitalización (límite al endeudamiento y gastos financieros deducibles), precios de transferencia (valor de mercado para transacciones entre partes relacionadas), revaluación de activos, deducción de pérdidas de ejercicios anteriores y la uniformidad en la tarifa de las remesas al exterior no deberían tener gran oposición.
Incluso la imposición de un gravamen sobre las ganancias de capital derivadas de activos vinculados, y no vinculados, a la actividad lucrativa (tarifas del 30% y 15% respectivamente) parecen coherentes si se revisan otras legislaciones.
A favor de la reforma debemos señalar que en esta ocasión se respetó el concepto de renta de fuente costarricense y el correlativo principio de territorialidad. Recordamos que la migración a un modelo de renta mundial fue uno de los mayores obstáculos del anterior intento de reforma.
Sin embargo, en este proyecto se incluyen normas que suscitarán amplias discusiones. Entre estas la eliminación de la exención a las cooperativas (estarían sujetas al impuesto general), la modificación de la tarifa para los fondos de inversión (sujetos a un 15%), la eliminación de la exención en el pago de intereses a bancos del exterior y la eliminación de la exención en la distribución de dividendos y pagos al exterior desde el régimen de zona franca (estarían sujetos estos últimos a una tarifa del 15%). Y finalmente un controvertido (sino inconstitucional) impuesto mínimo sobre los ingresos (1,5% sobre los ingresos brutos calculado y pagado de forma trimestral).
Entendemos la urgencia de recursos adicionales, sin embargo, el Gobierno debe considerar la posibilidad de que este proyecto quede en el camino. Esto por el carácter abrasivo de las normas que buscan aumentar la recaudación.
De ser así, nuevamente nuestro país perdería la oportunidad de contar con un impuesto sobre la renta moderno.
En ese sentido, separar las iniciativas y buscar consensos parece ser una opción más viable que enviar un "paquete" que sea aprobado o rechazado en bloque.
Igualmente, el camino a la aprobación de la reforma debería cimentarse con acciones que busquen reducir el gasto corriente del Estado. Solo así se entenderá que los impuestos que eventualmente se recauden se aplicarán correctamente y no servirán para mantener el gasto desproporcionado.
Randall Madriz Jiménez
Derecho Tributario
La Asamblea Legislativa iniciará la discusión de un nuevo proyecto de reforma fiscal el cual enfrenta desde ya anticuerpos. Lejos de preverse un tránsito fácil, se espera una discusión ardua y de pronóstico reservado.
En relación con el impuesto sobre la renta, el proyecto contiene tanto disposiciones que proponen modernizarlo como otras que en general buscan incrementar la recaudación.
Si buscamos opositores al primer tipo de reformas no encontraremos muchos y, de haberlos, sus argumentos estarían basados en conceptos sobre lo que debería ser el impuesto, en fin, se generaría una discusión de ideas y no de posiciones.
Propuestas como la subcapitalización (límite al endeudamiento y gastos financieros deducibles), precios de transferencia (valor de mercado para transacciones entre partes relacionadas), revaluación de activos, deducción de pérdidas de ejercicios anteriores y la uniformidad en la tarifa de las remesas al exterior no deberían tener gran oposición.
Incluso la imposición de un gravamen sobre las ganancias de capital derivadas de activos vinculados, y no vinculados, a la actividad lucrativa (tarifas del 30% y 15% respectivamente) parecen coherentes si se revisan otras legislaciones.
A favor de la reforma debemos señalar que en esta ocasión se respetó el concepto de renta de fuente costarricense y el correlativo principio de territorialidad. Recordamos que la migración a un modelo de renta mundial fue uno de los mayores obstáculos del anterior intento de reforma.
Sin embargo, en este proyecto se incluyen normas que suscitarán amplias discusiones. Entre estas la eliminación de la exención a las cooperativas (estarían sujetas al impuesto general), la modificación de la tarifa para los fondos de inversión (sujetos a un 15%), la eliminación de la exención en el pago de intereses a bancos del exterior y la eliminación de la exención en la distribución de dividendos y pagos al exterior desde el régimen de zona franca (estarían sujetos estos últimos a una tarifa del 15%). Y finalmente un controvertido (sino inconstitucional) impuesto mínimo sobre los ingresos (1,5% sobre los ingresos brutos calculado y pagado de forma trimestral).
Entendemos la urgencia de recursos adicionales, sin embargo, el Gobierno debe considerar la posibilidad de que este proyecto quede en el camino. Esto por el carácter abrasivo de las normas que buscan aumentar la recaudación.
De ser así, nuevamente nuestro país perdería la oportunidad de contar con un impuesto sobre la renta moderno.
En ese sentido, separar las iniciativas y buscar consensos parece ser una opción más viable que enviar un "paquete" que sea aprobado o rechazado en bloque.
Igualmente, el camino a la aprobación de la reforma debería cimentarse con acciones que busquen reducir el gasto corriente del Estado. Solo así se entenderá que los impuestos que eventualmente se recauden se aplicarán correctamente y no servirán para mantener el gasto desproporcionado.
Randall Madriz Jiménez
Derecho Tributario