Reducir costo de parquímetros impactaría limpieza, seguridad y otros servicios en las comunidades

Los servicios municipales como la recolección de basura, la seguridad ciudadana, el embellecimiento de las ciudades y el mantenimiento de la obra pública, se verían impactados de manera negativa si se aprueba un proyecto de ley que pretende reducir el costo de los parquímetros.

La iniciativa, dada a conocer esta semana por el legislador Waldo Agüero del Partido Progreso Social Democrático, pretende que los municipios cobren un 40% del valor que cobran los estacionamientos privados por servicios similares.

Actualmente, pueden cobrar un monto que llega a un 75% de lo que exige su competencia. Dicho de otra manera, si un parqueo privado cobra ¢1 mil la hora, los municipios tienen un límite de ¢750 por ese mismo período. Con la propuesta, podrían cobrar solo ¢400.

De esta manera, los ingresos que hoy reciben los municipios por esta labor se recortarían a casi la mitad.

“Nuestra propuesta, lo que hace, es bajar de ese 75% a un 40%, ya que eso permitirá a las municipalidades establecer tarifas acordes a su operatividad, por lo que podrán seguir siendo competitivas en el servicio que brindan, mientras que el ciudadano tendrá mejores tarifas”, dijo Agüero.

Mala idea

Solo en el cantón central de San José se calcula que hay unos 3 mil parquímetros operativos, lo que representa una importante fuente de ingresos para el municipio que dirige Diego Miranda, por lo que el alcalde se opone al plan.

“Me parece que es una iniciativa que tiene poco asidero técnico sobre la función de los parquímetros como método de ordenamiento de la ciudad y mecanismo de recaudación para mejora de los servicios municipales. Necesitamos poner en el centro del debate, que las ciudades no van a mejorar si no existen métodos para poner en valor que las mejoras de la infraestructura y servicios públicos no se logran sin recursos y, en este caso, el sistema de parquímetros es una forma de recaudación de recursos para mejorar esa infraestructura y servicios que no se financia de la nada”, dijo Miranda.

El alcalde agregó que el legislador no está contemplando en su plan “las necesidades de inversión que tienen los cantones”, a la vez que explicó que los municipios obtienen un monto muy bajo por la recaudación total de impuestos.

“Sería bueno que el diputado visite los cantones y sus concejos municipales para que se entere un poco de la realidad con la que se enfrentan los gobiernos locales”, finalizó Miranda.

Inversión de miles de millones de colones

Mientras tanto, Juan José Echeverría, representante legal del consorcio Setex-Alpha, señaló que la propuesta evidencia “mucho desconocimiento de la realidad del servicio de prestación de estacionamientos en vías públicas”.

“Compararlo con parqueos privados no tiene ningún sentido. Para citarle un ejemplo, en San José hay alrededor de 3.000 estacionamientos autorizados, a la vez que ningún parqueo de este país se acerca siquiera al 10% de ese volumen. Con esto quiero decir que administrar todo el sistema de verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios que están en vías públicas, implica un costo alto y, por ello, se requiere de un pago sustantivo, ya que hay una inversión de miles de millones de colones en equipos”, dijo Echeverría.

En ese sentido, el vocero de la empresa recordó que en el caso de San José, la suspensión del servicio entre julio del año pasado y abril de este año, significó para el ayuntamiento de la capital una reducción de ingresos superior a los ¢1 mil millones, por lo que se trata de un monto considerable.

El consorcio Setex-Alpha da servicio en Goicoechea, Cartago, San José, La Unión, San Carlos y La Fortuna, entre otros sitios.