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Por una justicia pronta

El ser humano por derecho universal debe gozar de una justicia pronta, eficiente, cumplida y libre de cualquier atadura o injerencia política.
No por ser ciega, la justicia tiene que ser lenta. Lamentablemente en algunos casos esto no ocurre y la velocidad con la que se tramitan muchas investigaciones es sencillamente deplorable, atentando contra los derechos de las personas.
El sistema jurídico costarricense lamentablemente ha caído en esta fosa. La excesiva burocracia, la ausencia de procesos más automatizados y las largas investigaciones que en muchos casos no llegan a nada, han venido manchando la labor de personas destacadas y honorables que forman parte de este Poder de la República.
El problema ha venido creciendo al punto de que en el pasado la eventual intervención del Poder Judicial formó parte de la agenda de algunos políticos.
Quizás la necesidad de que el sistema posea un contrapeso y que haya un adecuado proceso de fiscalización sea de verdad urgente. La solución podría provenir incluso desde adentro mismo.
En ese sentido, el plan de un destacado grupo de juristas para crear un sistema de calidad en el Poder Judicial representa una buena oportunidad que no se debe dejar pasar.
La idea, primera en el mundo de esta índole —propiciada por el magistrado Rolando Vega, de la Sala II— establece la creación de un sistema de acreditación que buscaría reducir trámites que actualmente tardan hasta ocho años, a por lo menos diez meses.
El proyecto, novedoso, pondría el sistema judicial costarricense a la vanguardia y lo convertiría en un verdadero ejemplo para otras naciones.
Debemos hacer votos por que el proyecto sea exitoso. Incluso podría ser la punta de lanza para que los otros poderes de la República empiecen a preocuparse de verdad por la calidad de los servicios que prestan y, entonces sí, comenzar a pensar en realidad como un país que quiere el desarrollo y que da a sus ciudadanos los derechos y las oportunidades de una nación desarrollada.
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